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El futuro de Cataluña

España se queja por escrito a la ONU por el grupo de trabajo que ha apoyado a Junqueras, Sànchez y Cuixart

  • En concreto, el Gobierno señala a dos de los autores del informe, Seong-Phil Hong y José Antonio Guevara, como personas próximas al abogado de Puigdemont
  • Borrell sospecha que el informe se filtró para ocultar la sentencia del TEDH: "Una sentencia del tribunal frente a una opinión de un grupo"
  • El Ejecutivo pide transparencia sobre la financiación de estos estudios de la ONU y recuerda al grupo de trabajo que los procesados están en manos del Poder Judicial

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Publicada el 31/05/2019 a las 17:09 Actualizada el 31/05/2019 a las 19:12
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El ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell, durante la ceremonia de entrega del Premio Carlomagno en el ayuntamiento de Aquisgrán.

El ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell, durante la ceremonia de entrega del Premio Carlomagno en el ayuntamiento de Aquisgrán.

EFE
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha escrito una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para expresar varias "quejas y solicitudes" en relación con el informe realizado por un grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias que ha emitido un informe favorable a los encausados por el procés Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras. Según recoge Europa Press, los argumentos del Gobierno se refieren a "posibles circunstancias producidas en el trabajo de ese grupo que inducen a pensar que algunos de sus miembros no deberían seguir participando en sus actividades", ha dicho Borrell durante una rueda de prensa con motivo de una reunión con su homólogo libanés, Gebran Basil.

Las quejas españolas se han comunicado por teléfono, por notas verbales -el instrumento habitual de comunicación entre diplomáticos- y ahora también en una carta del ministro a Bachelet. De hecho, Borrell ha dicho que, por cortesía, no quería detallar esas quejas hasta tener la seguridad de que la destinataria ha recibido la carta, pero ha dejado claro que "hay circunstancias que deben ser corregidas". Eso sí, Borrell ha avanzado que una de ellas se refiere a la forma en la que se ha producido la "filtración" del informe: a su modo de ver, "no debería haber trascendido sino canalizado por los medios adecuados" y eso indica "cierta connivencia o correlación entre quien emite la opinión y quien la comunica a la opinión pública".

Previamente el embajador de España en Ginebra había protestado ante la ONU este viernes por los "errores" y "distorsiones" que contiene elsobre detenciones arbitrarias de esa organización, en el que se tilda de "arbitraria" la prisión de tres políticos presos del procés, y pide su "inmediata liberación". También ha presentado otra nota verbal en la que protesta porque no se respetó el embargo de 48 horas que se impone a estos trabajos para que los conozcan los gobiernos receptores. El Ejecutivo español tendría que haber recibido el pasado miércoles a las 17.30 horas la documentación, que sería pública 24 horas después, pero se filtró antes.

Así lo ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, preguntada por la cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El embajador ha presentado una comunicación oficial o nota verbal, una para solicitar la revisión de esa "opinión" porque incluye "errores y distorsiones", y otra en la que alega que ha habido conflicto de intereses.

Con respecto a la primera, Celaá ha asegurado que los redactores del trabajo "parecen desconocer el delito" por el que los políticos catalanes están siendo procesados, "desconocen aparentemente la separación de poderes" y que su situación está en manos del Poder Judicial. Entiende también el Gobierno que el documento supone además una "interferencia clara" en el trabajo judicial, porque llega "justo antes" de que el Supremo cierre el juicio oral y deje el asunto visto para sentencia.

Para ocultar la sentencia del TEDH

Borrell cree que, "probablemente", esta opinión del grupo de trabajo se ha dado a conocer "para ocultar la importancia y tender una cortina de humo" sobre otra decisión que, según ha destacado, sí tiene "una importancia extraordinaria". Se trata de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechoe Humanos (TEDH) que avaló la decisión del Tribunal Constitucional español de suspender el pleno del Parlament del 7 de octubre de 2017, en el que entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, iba a valorar las consecuencias del referéndum declarado ilegal del 1-O.

Sobre esta sentencia, ha destacado que estaba "extraordinariamente bien argumentada" y que "justificaba plenamente" la actuación del Constitucional. "Distingan por favor, una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos y una opinión de un grupo de trabajo de Derechos Humanos de la ONU", ha remachado.

Por su parte, la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, sí ha sido algo más precisa sobre las quejas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Celaá ha alegado que los redactores del trabajo "parecen desconocer el delito" por el que los políticos catalanes están siendo procesados, "desconocen aparentemente la separación de poderes" y que su situación está en manos del Poder Judicial.

Entiende también el Gobierno que el documento supone además una "interferencia clara" en el trabajo judicial, porque llega "justo antes" de que el Supremo cierre el juicio oral y deje el asunto visto para sentencia. Además, en una de las notas verbales presentados por el embajador español ante los organismos de la ONU en Ginebra, protesta porque no se respetó el embargo de 48 horas que se impone a estos trabajos para que los conozcan los gobiernos receptores. El Ejecutivo español tendría que haber recibido el pasado miércoles a las 17.30 horas la documentación, que sería pública 24 horas después, pero se filtró antes.

En cuanto a los miembros que han despertado las sospechas del Gobierno, ha detallado que dos de los cinco miembros del grupo de trabajo han tenido "estrechas relaciones" con Ben Emmerson, el abogado que ha presentado la queja y que fue relator especial de la ONU. El Ejecutivo señala a José Antonio Guevara Bermúdez (México) y a Seong-Phil Hong (Corea del Sur), cuyo contacto con Emmerson "hubiera exigido su abstención", según el Gobierno. Los relatores son uno de los llamados "procedimientos especiales" de la ONU para derechos humanos, como también lo son los grupos de trabajo.

En su comparecencia, Borrell ha querido subrayar que el Gobierno español apoya estos procedimientos especial de la ONU "de forma totalmente leal" y ha añadido que, por eso mismo, considera especialmente importante "que se doten de mecanismos de financiación transparentes y claros, que incluyan un sistema de rendición de cuentas y control" que garantice que no pueden ser objeto de manipulación. Para ello, ha dicho, España está dispuesta a contribuir. El titular de Exteriores ha dejado claro que no estaba hablando de la financiación de este grupo en concreto, sino del funcionamiento, con carácter general, de todos estos procedimientos especiales. De hecho, España también quiere transparencia y control de calidad en los casos en que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publica informes u opiniones que hacen ONG que colaboran con ella.

Una ONG de Sri Lanka

Según ha dicho, en su lista hay más de 4.000 ONG y éstas emiten informes que "sin más control de calidad ni más trámites ni más advertencias se publican en la página web". Eso, ha proseguido, hizo que hace unos días "los medios independentistas anunciaron a bombo y platillo" que la ONU había emitido una condena a España por este asunto, cuando en realidad era "una ONG de Ceilán" (Sri Lanka) que había publicado una opinión en la web de la Oficina del Alto Comisionado". "Eso no se puede presentar a la opinión publica como que las Naciones Unidas han condenado a España", ha dicho, sino que es la opinión de una ONG de un país lejano, con un "gran e inusitado interés por lo que pasa en España" que no sabe a qué se debe.

Con todo, preguntado si el Gobierno va a pedir a Bachelet que dé el informe por no emitido o a tomar alguna otra medida, ha respondido que el Ejecutivo tampoco quiere darle al informe más trasdencencia de la que tiene, porque es "cocerles el fuego a los que quieren una cortina de humo para que no se hable del Tribunal de Estrasburgo".

Por su parte, la ministra Celaá, cuando se le ha preguntado por qué el Gobierno no sé movilizó antes para contrarrestar al grupo de expertos, ha respondido que "el Gobierno trabaja, se activa ante hechos, no ante posibilidades". Y que la opinión de este grupo el Gobierno la ha recibido ahora, no antes.

En todo caso, cuando el Gobierno conoció la denuncia de los tres encausados ante este organismo de la ONU, sí presentó alegaciones, 55 páginas elaboradas por la Abogacía del Estado. De hecho, una de las quejas del Ejecutivo es que esas alegaciones han quedado reducidas a dos páginas -e ignoradas por el grupo de trabajo- en el informe final.
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7 Comentarios
  • Juanjo Seoane Juanjo Seoane 01/06/19 14:11

    Borrell y el PSOE, como siempre, poniendo el ventilador de mierda.

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  • pep48 pep48 01/06/19 12:46

    La ONU no representa intereses de ningún país en concreto, sus criterios son más ecuánimes y menos partidistas, de ahí que sus declaraciones son verdades como templos, como se dice, tiene mas razón que un santo, de ahí corregir es de sabios.

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  • andresb andresb 01/06/19 07:23

    cuando los informes son contra el gobierno de Venezuela todo vale, ahora son parciales, bueno no es nuevo eso ya lo decia el franquismo, el mundo estaba en contra de España

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    • Txorigorri Txorigorri 01/06/19 09:07

      Renace el contubernio judeo-masónico-comunista contra España.

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      • RFripp RFripp 01/06/19 13:02

        En donde ?

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  • Txorigorri Txorigorri 01/06/19 00:29

    No sé, si como dice el Gobierno, dos de los cinco miembros del grupo de la ONU tienen o han tenido estrecha relación con los abogados de Puigdemont, pero aun en el caso de que fuera así, su imparcialidad no ofrecería menor garantía que la que tienen los miembros del Tribunal Supremo que juzgan a los políticos catalanes, cuya relación con los partidos políticos del 155 es mucho más cercana.

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    • RFripp RFripp 01/06/19 10:01

      Poner al mismo nivel legal, el informe de un grupo de trabajo y las Instituciones de un Estado de Derecho y su TS que juzga a unos presuntos delincuentes es una gran ocurrencia. El 155 es un articulo de La Constitución y es el Senado el encargado de aplicarlo, no los partidos.

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