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El juicio del 'procés'

La Abogacía del Estado defiende que la violencia no formó parte del plan de los acusados, por lo que les acusa de sedición y no de rebelión

  • Rosa María Seoane ha expuesto que los presos soberanistas no emplearon la violencia como un elemento estructural de su plan para llevar a cabo el proceso independentista, tal como esgrime la Fiscalía
  • Señala que la resistencia a la ley se produjo el 1 de octubre bajo el tipo de sedición del artículo 544 del código Penal que comprende un "alzamiento público tumultuario"
  • Ha citado la Hoja de Ruta firmada por partidos independentistas y organizaciones sociales en marzo de 2015 como el germen de su programa político

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Publicada el 04/06/2019 a las 18:11 Actualizada el 04/06/2019 a las 19:20
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Vista general de la sala en la que la Fiscalía ha acusado a los 12 líderes independentistas.

Vista general de la sala en la que la Fiscalía acusa a los 12 líderes independentistas, en una imagen de archivo.

EFE
La abogada del Estado Rosa María Seoane ha defendido este martes en la exposición de conclusiones definitivas del juicio del procés en el Tribunal Supremo una condena por sedición al entender, al contrario de lo sostenido por la Fiscalía, que la utilización de la violencia "como un medio de mayor intensidad que el uso de la fuerza" no fue uno de los elementos estructurales del plan llevado a cabo por parte de los encausados, informa Europa Press.

Para la representante de los Servicios Jurídicos del Estado, la resistencia activa o pasiva al cumplimiento de la Ley que se escenificó de forma especial en la jornada del 1 de octubre de 2017 puede incardinarse perfectamente en el tipo de sedición del artículo 544 del Código Penal, que comprende la existencia de un "alzamiento público tumultuario" que incluye el uso de la fuerza. Para la rebelión que defiende la Fiscalía se precisa un alzamiento "violento" que según esta acusación no se puede aplicar a los hechos que hoy se juzgan en el alto tribunal.

En un alegato muy técnico, Seoane ha sostenido que "queda fuera de toda que los hoy procesados en prisión, cada uno dentro de su rol, hicieron su parte" y fueron coautores de la sedición, pero no se dan los requisitos del tipo que exige el artículo 472, relativo a la rebelión.

Igualmente ha acreditado la comisión por los exmiembros del Govern sentados en el banquillo de un delito de malversación de fondos públicos que acredita el modo de actuar de todos ellos en aquellos días, que no fue sino "la adscripción de todos los elementos materiales y humanos de la Generalitat" al objetivo secesionista. Esta postura supone, en síntesis, una rebaja casi a la mitad de las penas solicitadas por los Servicios Jurídicos del Estado respecto a las instadas por la Fiscalía, ya que se quedarían entere los 8 y 12 años de cárcel.

Las del Ministerio Público, sin embargo, van desde los 25 años solicitados para Oriol Junqueras a los 17 para algunos acusados de rebelión, rebajándose a 7 años en el caso de los tres acusados únicamente de desobediencia y malversación.

La alusión a la inexistencia de la violencia que exige la rebelión no se produjo hasta el final del alegato de la Abogada del Estado, que consumió la mayor marte de la hora y media de su discurso en destacar los hechos que esta parte considera probados tras casi cuatro meses de juicio y que se articulan en tres pilares –curiosamente los mismos apuntados por el fiscal Javier Zaragoza–: la aprobación de resoluciones y leyes ilegales por el Parlament –que ha citado exhaustivamente–; el despliegue administrativo del Govern de Carles Puigdemont para impulsar el referéndum, y la movilización social.

La aportación de Sànchez y Cuixart 

Respecto de este último punto, la abogada del Estado se ha detenido especialmente en el papel jugado en la jornada del 20 de septiembre de 2017 por los líderes sociales Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural). Según esta parte se dotó a ANC de un poder de movilización excepcional que tuvo su hito en la jornada del 20-N con ocasión de los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona. Ha dicho que incluso la pericial sociológica presentada por las defensas reconocieron el liderazgo de Sánchez y a Cuixart, a lo que se suma el hecho que todas las instrucciones que daban fueran ejecutadas por voluntarios y por las personas que acudían a las concentraciones.

Todo ello lo acreditan los vídeos vistos en la fase documental, que evidencian dicho liderazgo, según la abogada del Estado. Como ejemplos, que tuvieran el poder de desconvocar la manifestación multitudinaria del 20-S frente a la Consejería de Economía o que decidieran como necesario "exhibirse" subiéndose a los coches destrozados de la Guardia Civil para dirigirse a la multitud, pese a contar con medios técnicos para hacerse oír que no lo hubieran hecho necesario.

Documento clave 

Entre las principales pruebas documentales, las de la Abogacía también han coincidido con las destacadas en la sesión de la mañana por los representantes del Ministerio Público, y en este sentido ha citado la Hoja de Ruta firmada por partidos independentistas y organizaciones sociales en marzo de 2015, que acabó convirtiéndose en programa político; o la elaborada por la ANC en mayo de dicho año, "que refleja el concierto de voluntades para hacer un referéndum que contara con un marco legal".

Destacan entre todos los documentos encontrados a Josep María Llové, mano derecha de Junqueras, y que son el denominado Enfocats y especialmente la agenda Moleskine en la que el asesor reflejó la existencia de reuniones y apuntó contenidos que finalmente se reflejaron en la realidad de lo ocurrido en dichos días. Uno de estos apuntes señalaba que "todos los departamentos juegan, Economía coordina", tal y como finalmente ocurrió con la Consejería del exvicepresident.

También se ha referido a la puesta en marcha del dispositivo policial Ágora, que daba respuesta según la Abogacía del Estado "al clima de tensión creciente por la deriva de los acontecimientos". Ha destacado en este punto la reunión que Puigdemont mantuvo con el secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto y el delegado del Gobierno en Cataluña Enric Nieto en la que éstos instaron la desconvocatoria del rererémdum sin resultado alguno.
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5 Comentarios
  • jorgeplaza jorgeplaza 04/06/19 18:46

    Personalmente nunca he visto claro que, tal como está redactado el artículo del CP actual, se pueda calificar de rebelión el delito principal de los separatistas encausados y probablemente sea más defendible el de sedición. Pero de lo que no me cabe duda es que la diferente calificación debilita considerablemente las posiciones de ambos, Fiscalía y Abogacía del Estado, porque induce a pensar que las pruebas aportadas no son concluyentes o, peor, que la calificación se puede estirar como el chicle en el sentido que a cada uno más convenga. Los legos en derecho tenemos buenas razones para pensar que es así, que eso que los profesionales llaman con mucho empaque "razonamiento jurídico" tiene poco de razonamiento y mucho de arbitrariedad y sofistería, pero este juicio es una ocasión especialmente delicada para confirmarnos en nuestra opinión.

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    • phentium phentium 04/06/19 18:48

      ¡¡¡ Caramba ¡¡¡

      Me sorprende usted. Gratamente por cierto ¡¡¡

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      • jorgeplaza jorgeplaza 04/06/19 20:49

        Creo que siempre he sostenido en mis comentarios algo parecido. No veo nada clara la acusación de rebelión y, de las opiniones de profesionales que he leído en distintos medios, siempre me han parecido más convincentes las de quienes dudaban o directamente negaban que se les pudiera atribuir rebelión con la actual redacción del CP. Creo que me acabó de convencer un artículo en "República de las ideas" de José Luis Manzanares, un antiguo juez conservador pero, creo yo, técnicamente muy solvente, que era de ese mismo parecer.

        Eso no significa que sienta la menor simpatía ni por la causa ni por las personas de los enjuiciados, que me merecen una y otros la peor de las consideraciones. Pero eso no autoriza a jugar sucio o a retorcer las leyes como calcetines. Tampoco a pasar por alto que los delitos hay que probarlos: el ejemplo más evidente es la malversación, que se ha tenido que producir necesariamente porque todo el "procés" ha costado necesariamente mucho dinero y estoy seguro de que no lo han puesto los acusados de su bolsillo, pero me parece que no se ha acabado de acreditar fehacientemente en el juicio (por desgracia, tengo que añadir). Se puede y, creo yo, se debe ser severo con esta gente (que ha demostrado despreciar totalmente al menos a la mitad de los ciudadanos de Cataluña y tener de todo menos escrúpulos), pero siempre respetando las reglas y no inventándose los delitos ni retorciendo el procedimiento.

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        1

  • Aserejé Aserejé 04/06/19 18:40

    !Desde luego lo q propone la Fiscalua en su Informe es demencial!

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  • Aserejé Aserejé 04/06/19 18:40

    !Desde luego lo q propone la Fiscalua en su Informe es demencial!

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