La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido un escrito al titular del Juzgado de Instrucción número 31 en el que
se opone a que se retransmita en directo el juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero del PP Luis Bárcenas aunque insta a que se graben las sesiones y que se permita acceso a los medios de comunicación, es decir, que se celebre
audiencia pública.
En un escrito de dos párrafos remitido la semana pasada al juzgado y difundido este martes, el Ministerio Público se opone a la retransmisión
"en aras a garantizar el derecho de defensa", para evitar "que los testigos que hayan de declarar en el juicio oral puedan tener conocimiento de lo que hubiesen declarado otros testigos o, incluso, los propios acusados" y proteger "
la identidad e intimidad de aquellos testigos anónimos que han sido llamados a declarar".
La Fiscalía añade, no obstante, que su postura "en ningún caso supone que, dado el interés relevante y público de la causa, se adopten las medidas oportunas para permitir la
grabación o puesta a disposición de los medios necesarios para que los medios de comunicación acreditados puedan tener acceso a la citada Vista Oral y de lo que allí suceda".
El escrito se produce tras la
petición del Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había solicitado permiso al juzgado para proporcionar señal en directo de las sesiones a la prensa en "
aras de la transparencia judicial" y dado "
el interés social" del procedimiento en el que el PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán se sientan en el banquillo por la destrucción "a conciencia" de los ordenadores que Bárcenas usaba en la sede del partido.
Las defensas de los procesados,
incluido el Partido Popular, han remitido escritos al juzgado oponiéndose a la emisión al entender que no existe ese interés social, puesto que las personas que comparecerán como acusadas, especialmente la que representa a la formación política y que ha sido designada para tal fin, son anónimas y quieren seguir siéndolo. Creen que el objetivo es un
juicio paralelo y que perjudicaría, además del honor,
el derecho de defensa.
Pero como no va a tener interés social una causa que se juzga y por la que un partido que gobernaba se dedicó a destruir pruebas con salvaje afán a martillazos, en el más puro estilo de Al Capone, unos discos que dejaban clara constancia de la estructura mafiosa y delictiva con que dicho partido se manejaba para robar y blanquear el dinero robado y aportado por empresarios del mismo cariz. Un partido que gobernaba el país y que se dedicó a hurtar a los ciudadanos aquello que por derecho es suyo. Un partido que ante todo el mundo y con un descaro infinito remodeló su sede con dinero negro.
Es una auténtica vergüenza de fiscal, de fiscalía, de judicatura y de país. Sigámonos absteniendonos de votar.
Sigamos navajeandonos entre nosotros.
Sigamos con los hocicos metidos en el ombligo. sigamos.
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