La indefensión, la culpa y el estigma pesan sobre las víctimas de acoso escolar

El acoso escolar se nutre de su invisibilidad y aunque los avances en su prevención son importantes, el camino por recorrer es aún largo. Son las conclusiones de Amnistía Internacional en su informe Hacer la vista…¡gorda! [disponible en este enlace], una investigación sobre el fenómeno, sus causas y sus consecuencias, presentada este miércoles. El acoso en el ámbito educativo es una forma de "agresión o de hostigamiento de carácter físico, verbal o relacional, que es deliberado y se repite en el tiempo", define la organización. Un problema de derechos humanos que pese a su dimensión no resulta una prioridad para los poderes públicos. Eso es precisamente lo que reclama Amnistía Internacional: que el acoso escolar entre en la agenda del nuevo Gobierno, en palabras de su director, Esteban Beltrán.

Los esfuerzos por terminar con el acoso que sufren los menores no son pocos, aunque no siempre resultan suficientes para atajar el problema. Ni siquiera el número de teléfono habilitado por el Ministerio de Educación para alertar sobre el acoso entre los más jóvenes consigue resultados. Durante su primer año de funcionamiento, el servicio recibió 25.366 llamadas, de las que 7.508 fueron identificadas como posibles casos de acoso escolar. Sin embargo, sólo se informó a la inspección educativa de 278, el 3,7% del total. Un hecho que Amnistía Internacional considera negligente, pues el protocolo del servicio telefónico "dice claramente que se debe informar a la inspección de todos los casos". Los datos de 2018 podrían ser similares a los de 2017, dice la organización. A finales del pasado año el servicio fue externalizado y desde entonces lo gestiona la Fundación Anar.

Sobre el papel, la convivencia entre los jóvenes está blindada: así lo señala la propia Constitución y así lo reitera la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, modificada posteriormente por la Lomce, al hablar de "desarrollo personal" o "no discriminación" entre sus valores fundamentales.

De forma específica, la Instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil, subraya "la necesidad de abordar el acoso escolar en el entorno educativo" y recuerda la responsabilidad primaria del profesorado a la hora de proteger al alumnado y garantizar su seguridad.

¿Es este marco legal suficiente para blindar la seguridad de los estudiantes? La negativa de Amnistía Internacional es rotunda. Pero también lo son los escasos datos al respecto. Según el Estudio Conducta sobre Salud de los Jóvenes en Edad Escolar, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 7,5% de los niños y el 4,3% de las niñas fueron víctimas de acoso escolar en el año 2014, último ejercicio con datos disponibles.

Pero a la ecuación se ha sumado un elemento más en los últimos años: el ciberacoso. Tal y como recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 45,2% de los menores de once años, el 75% de los de doce años y el 92% de los de catorce, tienen teléfono móvil. Un instrumento que no siempre se presenta como ventajoso para los niños. "Es inquietante que varias de las personas que no se consideraban víctimas normalizaban los insultos y la exclusión social en línea como algo cotidiano y no parecían estar abiertamente preocupadas por proteger su privacidad", advierte Amnistía.

La investigación sobre los efectos del acoso en los menores revela síntomas comunes entre ellos: "Las víctimas de acoso escolar suelen sentirse indefensas y creer que nadie está de su parte", indica el informe, "tienen la sensación de que no tienen apoyo". A su vez, el sentimiento de culpa "es profundo y común entre padres y madres", quienes creen que "no prestaron suficiente atención a los avisos y quejas de sus hijos". 

"No comportarse como un niño o una niña"

El análisis de Amnistía Internacional demuestra la existencia de una clara dimensión de género en el acoso escolar, lo que "refuerza los papeles asignados a cada género y perpetúa las desigualdades". En ese contexto, "la presión del grupo para comportarse 'como un niño o como una niña' fue la razón identificada con más frecuencia" en el acoso a adolescentes. El aspecto físico es, a su vez, "un desencadenante clave" que incluye la ropa y las marcas, "ligadas al nivel socioeconómico". 

La "expectativa de comportamiento de acuerdo con los cánones de género es una carga" para los jóvenes, afirma Amnistía. Una conclusión que ya fue señalada por la ONU en su informe sobre la violencia contra los niños, publicado en 2006. En él, el organismo internacional ya "mostraba que el acoso escolar afecta especialmente a las personas que aparentemente no se ajustan a las normas predominantes de sexo y género". La Unesco reforzó en 2016 dicho argumento, al señalar que estudiantes de diferentes partes del mundo "consideraban que la no conformidad de género desembocaba en niveles significativamente superiores de violencia y acoso escolar". 

En España, un estudio del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, elaborado en el año 2015, concluyó que tres de cada cuatro estudiantes habían presenciado agresiones homófobas en forma de insultos o burlas, mientras que el 6,4% había sido testigo de palizas a personas LGTBI.

Responsabilidad pública

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  En tal escenario, "es importante aceptar que hoy por hoy en todos los centros escolares hay acoso escolar", afirma Koldo Casla, autor de la investigación. Y a partir de ahí, tomar medidas, porque "el acoso escolar no debería dependen de la voluntad de los profesores", sino que es "responsabilidad de los poderes públicos". Para Amnistía, el margen de actuación es amplio. El Ministerio de Educación debe revisar e implementar el Plan Estratégico de Convivencia Escolar en su integridad, lo que incluye convocar al Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar y reunir datos sobre la dimensión del problema. Es, asimismo, responsabilidad del ministerio dirigido por Isabel Celaá informar de todos los posibles casos de acoso escolar identificados por el servicio de atención telefónica a la inspección educativa de cada comunidad autónoma y explorar "medios alternativos de denuncia". 

Igualmente importante es, para la organización, trabajar sobre la formación. Para ello, propone revisar los contenidos mínimos de los grados de máster para enseñar en educación secundaria, a fin de "asegurar que los y las estudiantes de todas las universidades adquieren una sólida base sobre prevención".

En cuanto a las consejerías de cada comunidad, los activistas exigen un abordaje urgente de todos los casos de acoso escolar detectados, además de auditar la forma en que los centros abordan las formas de acoso en las aulas y recabar datos para hacer un seguimiento adecuado. Finalmente, cree fundamental "hacer obligatoria la formación permanente del profesorado" y de todos los miembros de la comunidad educativa.