La clase de historia que se perdieron cinco magistrados del Supremo: Franco fue jefe de Estado desde febrero de 1939

El auto del Tribunal Supremo de este martes, en el que dicta la paralización de la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco que pretende el Gobierno en funciones de Sánchez, contiene un detalle que no ha pasado desapercibido y que ha generado polémica. En la exposición de motivos para justificar dicha decisión, tomada por unanimidad por los magistrados Jorge Rodríguez Zapata, Celsa Pico, José Luis Requero, Pablo Lucas y Antonio Jesús Fonseca Herrero, aseguran que "don Francisco Franco Bahamonde" fue jefe de Estado "desde el 1 de octubre de 1936". En aquella fecha, y tras un largo tira y afloja entre Franco y el general Mola, el militar sublevado fue nombrado, efectivamente, jefe de Estado… por la Junta Nacional de Defensa, un órgano creado por los golpistas para ostentar el poder Ejecutivo en las zonas controladas por el frente nacional.

El Supremo afirma que su posición como jefe de Estado "atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar", y asume que da comienzo cuando dictaminaron los franquistas. Es decir, asume lo que la propaganda franquista propagó durante las cuatro décadas de dictadura. Pero no lo que piensan los principales historiadores expertos en dicho periodo, que señalan la pérdida de reconocimiento internacional del gabinete de Azaña acontecida en febrero de 1939 como definitoria del cambio de manos de la autoridad suprema del Estado español.

Los historiadores consultados por infoLibre prefieren no acudir a argumentos políticos, de discusión de la legitimidad del golpe de Estado del bando de Franco, y sí a argumentos historiográficos. El catedrático Enrique Moradiellos apunta que el Supremo se equivoca estableciendo en el auto que Franco "era el único jefe de Estado existente. Es cierto que queda proclamado jefe de Estado, pero no de todo el territorio", solo en una zona de España, por entonces bastante reducida. Había dos jefes de Estado, "igual que había dos bancos de España, por ejemplo", agrega. Toda Guerra Civil, explica Moradiellos, es una disputa por la soberanía nacional, por lo que más allá de legitimidades, el general del bando sublevado no podía ser el 1 de octubre jefe de Estado de todo el país.

El concepto se conoce como "soberanía múltiple" e implica que, siempre en términos de ciencia histórica, la Constitución de 1931 no se aplicaba en los territorios controlados por el frente nacional, aunque siguiera siendo legítima en términos democráticos. Para hablar de Francisco Franco como único jefe del Estado del país no hay que esperar al final oficial de la guerra, apunta Moradiellos, sino a una fecha ligeramente anterior: el 27 de febrero de 1939, cuando países como Reino Unido o Alemania dejan de reconocer al presidente de la República Española, Manuel Azaña, en dicho puesto. "Tras su dimisión, la jefatura de Estado republicana queda descabezada" y, de facto, es sustituida por la nueva legalidad franquista, argumenta el experto.

El reconocimiento internacional, así, es definitivo para hablar en historia de una única soberanía nacional cuando se encuentra en disputa. Hay ejemplos relevantes en la actualidad, como el caso de Venezuela tras la autoproclamación de Juan Guaidó. El historiador Julián Casanova coincide con Moradiellos en dicha circunstancia como comienzo de la jefatura de Estado de Franco, y apunta: "No hay ningún historiador que pueda asumir esa fecha", salvo, señala, estudiosos admiradores del franquismo como Pío Moa, que niegan la legitimidad a la democracia republicana apuntalada por la Constitución de 1931.

Ángel Viñas, historiador y autor del libro ¿Quién quiso la Guerra Civil? (Crítica) va más allá. "Estos caballeros de la Sala Tercera del Supremo no tienen mucha idea de historia. Creo que se puede decir con total rotundidad y sin faltarles el respeto en lo más mínimo", sentencia. "Cuando dicen que Franco fue el jefe de Estado desde el primero de octubre... eso es una estupidez rayana en el delirio". Por dos razones: una de índole "interna" y otra de índole "externa", apunta.

La interna: "El derecho español que existía ese día no era la perversión del derecho que habían hecho unos generales rebeldes", explica, asumiendo que en aquel momento el único orden que se debía seguir era el constitucional y republicano. Incluso asumiendo la lógica franquista que parece seguir el Supremo, Viñas puntualiza que Franco se proclamó aquel 1 de octubre "jefe del Gobierno del Estado", como así dispuso la Junta Nacional de Defensa, y solo unos días después se arrogó la Jefatura del Estado con la publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE), engañando a los propios militares golpistas.

¿Es imposible corregir al Supremo por el auto en el que reconoce a Franco como jefe de Estado desde 1936?

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Viñas discrepa con Moradiellos en la interpretación de que en aquel momento coexistían dos jefes de Estado disputándose la soberanía nacional. Explica que en aquel momento, la proclamación franquista no fue respaldada por ningún país extranjero, por lo que ni siquiera tendría validez en el ámbito del derecho internacional, importante, como hemos explicado, para discernir quién representa la autoridad suprema del país. Al igual que sus colegas, cita febrero del 39, con la dimisión de Azaña, como la fecha más aceptada del cambio de manos, aunque matiza: las potencias fascistas (Alemania e Italia) lo aceptaron antes, en mayo de 1937, y Estados Unidos algo después.

Casanova también es duro con la mención del 1 de octubre de 1936 como comienzo de la jefatura de Estado del dictador por parte de los magistrados. Solo se entiende, asegura, si el Alto Tribunal asume la propaganda franquista: "Es que eso no aparece así en ningún libro de historia. Y, además, no tiene ninguna necesidad de nombrar esa fecha. Es un reflejo propagandístico franquista del Supremo", critica.

Los expertos consultados en infoLibre señalan, por tanto, que la Sala ha preferido utilizar una fecha solo asumida como oficial por el régimen franquista, antes que la fecha asumida por la inmensa mayoría de los historiadores.