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Negligencias médicas

65 asociaciones de la salud mental exigen que no se cierre el caso de la joven que murió atada en la cama de un hospital

  • Andreas murió en 2017, a los 26 años, a causa de una meningitis y una miocarditis, después de que los médicos la ingresasen en la unidad de Psquiatría al achacar sus síntomas a una problemática de salud mental debido a antecedentes familiares
  • La joven permaneció atada a una cama del Hospital Universitario Central de Asturias durante 75 horas, hasta que falleció sin que los sanitarios le hubiesen realizado ninguna prueba a pesar de que tenía un diagnóstico previo de amigdalitis aguda
  • Los forenses del juzgado encargado del caso aseguraron que no hubo negligencia médica pero 50 profesionales sanitarios, entre ellos 16 psiquiatras, desmontan esta versión

Publicada el 10/06/2019 a las 10:16 Actualizada el 10/06/2019 a las 12:02
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Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

EUROPA PRESS
Andreas Fernández González tenía 26 años cuando falleció el pasado 24 de abril de 2017. Su muerte se debió a una meningitis y una miocarditis que no fueron detectadas a tiempo porque los médicos que la atendieron no le realizaron las pruebas necesarias y directamente achacaron sus síntomas a una problemática de salud mental ya que su madre padecía esquizofrenia. Andreas permaneció atada a una cama del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) durante 75 horas y ante la posibilidad de que su caso se archive, 65 asociaciones del campo de la salud mental y de los movimientos sociales han firmado el Manifiesto de repudio por la muerte de Andreas en el que exigen que la justicia actúe y se asuman responsabilidades. 

Las organizaciones firmantes aseguran que los médicos derivaron a la joven a la unidad de Psiquiatría porque existe "una mirada extremadamente reduccionista" de la salud mental, en referencia a que los sanitarios actuaron de tal forma porque se limitaron a mirar los antecedentes de la madre de la fallecida. Y es que los médicos que atendieron a Andreas no le realizaron las pruebas necesarias para comprobar si los síntomas que tenía (escuchaba ruidos) se debían a una patología orgánica, a pesar de que tenía un diagnóstico previo de amigdalitis aguda.

Las asociaciones afirman en el manifiesto que la causa de la muerte de Andreas fue una negligencia médica y que por tanto, los profesionales involucrados deberán reconocer y afrontar su responsabilidad. Asimismo, consideran que es una "vulneración grave" de los derechos de las personas psiquiatrizadas al estimar que "con problemas de salud mental o sin ellos" nadie debe ser atado a una cama y cuestionan la reticencia de los sanitarios a compartir información sobre el estado de Andreas ya que creen que si hubiesen hablado con los familiares de manera "fluida y abierta" se hubiese aclarado la situación a tiempo. También hacen un llamamiento al conjunto de la sociedad para que se cuestione la gestión que realizan los profesionales médicos sobre nuestra salud física y mental.

50 profesionales en contra del informe que señala que no hubo negligencia médica

Tras la muerte de Andreas, su hermana Aitana presentó un denuncia por vía administrativa. En un primer momento su abogado no aportó el historial clínico de la fallecida y la respuesta de la jueza fue que se trató de una muerte natural. Dio el caso por sentenciado. Sin embargo, Aitana quiso ir por la vía penal y contrató a una nueva abogada, Alejandra Gutiérrez, que logró que se reabriese en caso en febrero de 2018. En esa ocasión sí presentaron el historial completo de su hermana y exigieron que declarasen los siete médicos involucrados en la muerte de Andreas.

A pesar de que los forenses del juzgado encargado del caso señalan que no hubo negligencia médica, un grupo de 50 profesionales sanitarios, entre ellos 16 psiquiatras, elaboraron de forma voluntaria un documento alternativo que desmonta esta versión. La familia de Andreas espera que sirva para que la jueza no archive la causa. Además, asociaciones como Activament, Federación Andaluza En Primera Persona y Hierbabuena han redactado un informe en el que se pone en contexto este caso con el marco legal establecido en 2006 por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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