PP y Ciudadanos aceptan ideas radicales de Vox para salvar el presupuesto andaluz

En el último segundo del último minuto, una vez evidenciado que es imprescindible para una mayoría, Vox levantó el pulgar. Habrá presupuesto en Andalucía, convertida en una casilla más del tablero negociador nacional, con epicentro en Madrid. Esta vez la contrapartida a pagar será mayor que a cambio de la investidura. El grupo ultraderechista, tras cerrar el acuerdo con el PP en Madrid, retiró su enmienda a la totalidad de los presupuestos de 2019 de la comunidad autónoma de Andalucía, la más poblada de España, que hasta ahora viene caminando con los presupuestos de 2018, salidos de un gobierno del PSOE. Vox no ha sometido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), a la humillante derrota de la devolución de los presupuestos. Ahora bien, hay un precio. Un precio político que PP y Cs –sobre todo, que aspira al voto de centro– tienen ahora que pagar en la negociación de las enmiendas parciales antes del debate de totalidad del 17 y 18 de julio. Queda un mes por delante para pasar el presupuesto, de 36.495,5 millones, por el filtro de Vox, que ha metido su cuña en temas sensibles como la memoria histórica, la violencia contra las mujeres, la inmigración y el problema territorial. El pacto, que se extiende a las cuentas de 2020, encarrila la legislatura, a la que es razonable augurar ahora un largo tiempo de placidez, al menos mientras no suenen tambores electorales.

El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, afirmó este miércoles durante el debate de las tres enmiendas a la totalidad del presupuesto –la de Vox, la del PSOE y la de Adelante Andalucía– que la retirada de la suya se producía después de dar por aceptadas por parte el Gobierno de PP y Cs exigencias como estas: la “eliminación de la nomenclatura de transversalidad de género en las políticas presupuestarias”; un órgano ad hoc para coordinar a la Junta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de “inmigración irregular”, un término que –se ufanó Hernández– estará recogido en la ley de presupuestos por primera vez; medidas y líneas económicas de apoyo para paliar los “problemas con la inmersión lingüística” de las familias en Cataluña de origen andaluz, para el caso de que los alumnos tengan dificultades "para aprender castellano”; un “teléfono de atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar”, otro término que –dijo el portavoz de Vox– se recogerá en los presupuestos, aunque de 2020; restricciones a las subvenciones a las “mal llamadas asociaciones memorialistas”, que no podrán dedicar más de un 20% del dinero a los gastos de funcionamiento, lo cual viene a sembrar la sospecha sobre cómo lo hacen ahora; mayor control sobre los fondos de lo que antes era el PER, las ayudas a los jornaleros, que también quedan así puestos bajo sospecha; un programa de reivindicación del descubrimiento de América, en línea con el nacionalismo de Vox. Hernández se congratuló de que sus “ideas tabú” hayan entrado finalmente por la puerta oficial de la política andaluza. 

Hernández aludió a un acuerdo alcanzado “ayer”, por el martes, con el Gobierno de PP y Cs, en realidad un pacto cocinado en Madrid con el consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP) como principal desatascador y el concurso del dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros. Ciudadanos no se implicó directamente en la negociación en Madrid, pero sí lo ha tenido que hacer en la firma. Y ha dejado fotos, las tan temidas fotos. En el PSOE se relamían con el material gráfico brindado por la sesión parlamentaria: la ovación de los diputados de PP y Cs a Hernández, el apretón de manos de este con el presidente Juanma Moreno (PP) y el vicepresidente Juan Marín (Cs). Las sonrisas, felicitaciones y parabienes. El PSOE puede afirmar ahora con más razón que el trío de Colón va unido en Andalucía. Pero no hay elecciones a la vista.

Desde Vox, donde todo eran empeños por subrayar su victoria, recalcaban que el acuerdo no era con el PP, sino con el Gobierno, que es “de los dos”. La reacción tras la intervención de Sergio Romero, portavoz de Cs, ya había disipado dudas. “Bienvenido a la responsabilidad”, le dijo a Hernández Sergio Romero. El consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP), tampoco hizo la menor alusión crítica a las medidas expresadas por Hernández, que dijo desde la tribuna que su objetivo a medio-largo plazo es “suprimir” el Parlamento andaluz. Eso sí, añadió, por los "cauces legales".

Acuerdo firmado

El acuerdo fue firmado este jueves en el Parlamento. Los firmantes fueron Juan Bravo, consejero de Hacienda (PP), Rogelio Velasco, consejero de Economía (Ciudadanos), y el portavoz de Vox, Alejandro Hernández. El acuerdo no afecta sólo al presupuesto de 2019, sino al de 2020, en el que ya trabaja la Consejería de Hacienda. Su firma apunta a un largo periodo de estabilidad en el Gobierno andaluz, aunque nadie se confía, dada su permeabilidad ante las tensiones de la política nacional.

Vox también forzó medidas, aunque de menor calado político que las de sus temas simbólicos, en cuanto a “regeneración” democrática, recorte de “administración paralela” –término que sigue apareciendo en todos los acuerdos sin que nadie se moleste en concretar su alcance–, ayudas a municipios turísticos, apoyo al medio rural... Pero no es ahí donde PP y Cs pagarán su precio, sino en cesiones en materia de género, inmigración y memoria. Eso sí, desde el Gobierno se apresuraban tras el debate a recalcar que las ayudas contra la violencia de género no se recortan, ni se suprime el término “violencia de género”, que ahora convivirá con “violencia intrafamiliar”. Es una victoria terminológica de Vox, por lo tanto también una victoria política. Pero el Gobierno insiste en que no se suprimen políticas ni recursos.

Cesiones y exigencias

Vox, que irrumpió en las instituciones españolas a través del Parlamento andaluz con 12 diputados tras las elecciones del 2 de diciembre, quiso utilizar esta plataforma como base para coger impulso durante las campañas del 28A y el 26M. Su comportamiento no dejaba lugar a dudas: muchas iniciativas propagandísticas para marcar perfil radical en temas de fuerte carga política y elevada capacidad de generar titulares –la patria, el género, la memoria, la inmigración, los toros– y acuerdo en lo sustancial con el PP y Ciudadanos en los temas fiscales, económicos, educativos y sanitarios. Los cargos públicos andaluces rechazaban invitaciones a programas de debate y hacían lo posible para seguir un guión dictado en Madrid.

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El problema fue que tanto en las elecciones generales primero como en las autonómicas, municipales y europeas después Vox se quedó por debajo de sus expectativas. Es más, en ninguna de las elecciones autonómicas celebradas, ni las valencianas el 28A ni las de otras 12 comunidades el 26M, alcanzó el partido ultraderechista, ni aun siendo ya un fenómeno político omnipresente, el porcentaje de voto que se anotó en Andalucía cuando todavía era una inmensa incógnita sin prueba de fuego electoral. El 10,97% andaluz resultó no ser su suelo, sino su techo.

Con estos números sobre la mesa y en medio de un enorme proceso negociador que abarca las esferas municipal y autonómica, Vox cambió el paso en Andalucía y se situó en contra del Gobierno andaluz. Tras el acuerdo de la mesa del Parlamento, tras votar sí a la investidura y sí a su bajada de impuestos, tras sumarse al acuerdo para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria que antes de las elecciones quería suprimir, Vox abandonó su perfil de socio revoltoso pero, a la hora de la verdad, disciplinado. Su puñetazo en la mesa se produjo con el anuncio y posterior presentación de una enmienda a la totalidad del primer presupuesto del Gobierno de PP y Cs, por considerar que no suponía un “cambio” con respecto a los que hubieran podido hacer “los socialistas”. El órdago, lanzado el 4 de junio y mantenido hasta este miércoles, ha mantenido la incertidumbre y el protagonismo en Vox durante ocho días.

Finalmente, este jueves Vox ha retirado su órdago. Eso sí, tras incrustar sus “ideas tabú” en el espinazo presupuestario. Tras un largo prólogo marcado por la cautela electoralista, echa a andar, ahora sí, el llamado "Gobierno del cambio".