Las acusaciones ven "omisión criminal" del PP al destruir los ordenadores de Bárcenas y la Fiscalía pide la absolución

El juicio por la destrucción de los discos duros del extesorero del PP Luis Bárcenas toca su fin. Después de cuatro sesiones y más de una veintena de testificales, el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha acogido este viernes la fase de conclusiones de las partes. Y ni las defensas, ni las acusaciones, ni tampoco la Fiscalía se han movido un ápice de lo expuesto al comienzo de la vista oral. Así, Izquierda Unida, el Observatori de Drets Humans y la Asociación de Abogados Demócratas, que ejercen todos ellos la acción popular, han mantenido durante su exposición que la “conducta criminal” de los acusados ha quedado “acreditada”, insistiendo que los discos duros destruidos contenían “información sensible”, pruebas que “hubieran podido servir para llevar a buen puerto otros procedimientos”. Además, se han mostrado sorprendidos por el papel “contradictorio” de la Fiscalía, que en algunos procedimientos actúa en base a la información de Bárcenas y en este caso ataca su “validez y fiabilidad”. Un Ministerio Público que ha mantenido la absolución de los acusados.

La vista oral arrancó hace dos semanas con las cuestiones previas. Una vez fijadas las posiciones de partida, comenzó la declaración de los acusados por los delitos de daños informáticos y encubrimiento: la extesorera Carmen Navarro; el director de Sistemas de la Información, José Manuel Moreno; el responsable de los servicios jurídicos del PP, Alberto Durán; y la propia formación conservadora, acusada como persona jurídica. Luego, se dio el pistoletazo de salida al desfile de testigos. Frente al juez se sentó Bárcenas, que aseguró que los dos ordenadores inutilizados contenían información que permitía acreditar “al cien por ciento” la contabilidad B del PP. También la exsecretaria general de la formación conservadora María Dolores de Cospedal, que señaló que no ordenó el borrado de los discos duros del extesorero, que se hizo de manera “ordinaria y corriente”. O el periodista Pedro J. Ramírez, que llegó a conectar la destrucción de los ordenadores con la denominada Operación Kitchen, investigada por la Audiencia Nacional en una de las piezas separadas del caso Villarejo.

Los peritos de las partes fueron los encargados de poner punto y final a las testificales. En la sesión del jueves, intervinieron, entre otros, dos agentes de la Policía Nacional que se encargaron de analizar el único disco duro que llegó a la Audiencia Nacional y que aseguraron que no hacía falta sobreescribir la unidad de almacenamiento 35 veces, según recoge el auto de procesamiento, para eliminar todos los archivos. Y la de este viernes ha arrancado con la testifical de un funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado que se encargó de elaborar un informe a petición de Anticorrupción analizando la documentación entregada por Bárcenas a la Audiencia Nacional poco antes de que se destruyeran los discos duros. En este sentido, ha señalado que la información aportada por el extesorero le pareció “muy poco creíble” porque había “movimientos reflejados” que le resultaron “muy extraños” y con “incoherencias”. “Entiendo que si es una contabilidad B… Pero por lo menos que haya una coherencia entre los datos”, ha sentenciado.

“Juicio importante para la sociedad”

Las primeras en presentar sus informes fueron las tres acusaciones, que han definido el procedimiento como un “juicio importante para la sociedad” y “absolutamente necesario” desde el punto de vista democrático. Y sus primeras palabras han ido destinadas a defender la “legitimidad” de las acusaciones populares, algo que las defensas han puesto en duda en todo momento con el objetivo de tumbar el procedimiento, ya que el Ministerio Público no acusa. En este sentido, el abogado de IU ha criticado el “desdén hacia las acusaciones populares”, intentando “restarles capacidad de obrar como si fuesen menores que deberían seguir al Ministerio Fiscal”. “Es evidente que el PP siempre ha sido reacio al papel de las acusaciones populares”, ha apuntado el letrado, recordando a renglón seguido que los documentos que se encontraban en esos ordenadores destruidos eran de interés “público, judicial, periodístico y político”.

Las acusaciones han aprovechado sus intervenciones para asegurar que ha quedado “absolutamente acreditada” la “conducta criminal” de los acusados y la “omisión criminal del PP” por no adoptar medidas “para evitar que sus dirigentes realicen acciones tendentes a destruir pruebas”. En este sentido, han sostenido que el relato del extesorero “ha sido coherente y corroborado por diferentes testigos”, recordando además que otros tribunales ya han acreditado “el flujo contable que había dentro del PP”. Así, las acusaciones han señalado que “todo lo que tenía que ver” con Bárcenas era “de interés para la justicia” y se han mostrado convencidas de que los equipos informáticos contenían “información sensible” porque no sólo se llevó a cabo un procedimiento de “borrado seguro” sino que también se dañaron físicamente y arrojaron a la basura. “Se eliminaron pruebas seguras que hubieran podido servir para llevar a buen puerto otros procedimientos”, han apuntado.

Izquierda Unida, Adade y el Observatori de Drets Humans, que ha endurecido las peticiones de penas añadiendo un segundo delito informático, han aprovechado también sus turnos de palabra para intentar desmontar las versiones de los acusados e insistir en el interés que tenía la formación conservadora en “apoderarse” de los ordenadores para que no llegaran a manos de los tribunales: “El PP tenía perfectísimo conocimiento de los movimientos de Bárcenas y sabía que si iba a presión había documentos que iban a aflorar”, ha afirmado el abogado de IU, que solicita que el partido que dirige Pablo Casado tenga que pagar una multa de 11 millones de euros. Además, han cargado contra el papel jugado por el Ministerio Público en el caso ordenadores. Para la abogada del Observatori de Drets, Isabel Elbal, es “contradictorio” que la Fiscalía esté en algunos procedimientos “acusando en base a los datos” del extesorero de la formación conservadora y en este intente “atacar la validez y fiabilidad de los datos y la credibilidad de un testigo como el señor Bárcenas”.

La contabilidad B “no era ajena”

El Ministerio Público, por su parte, ha decidido mantener la absolución al considerar que no hay quedado probadas las “conductas” criminales que ponen sobre la mesa las acusaciones. La fiscal Carmen Luciáñez ha comenzado su intervención respondiendo a las palabras de la abogada Isabel Elbal: “Considerar que esta fiscal ha ido un poco libremente en este escrito absolutorio muestra un desconocimiento absoluto de las normas internas de la Fiscalía”. Tras esto, la representante del Ministerio Público ha comenzado a enumerar algunas de las “contradicciones” que le han llevado a mantener que el testimonio prestado por el extesorero del PP Luis Bárcenas en este caso no ha sido “coherente”. “Dudas” que, ha añadido, no les permiten considerar “acreditados” los hechos.

Una vez realizadas estas apreciaciones, el Ministerio Público ha entrado en materia. Luciáñez ha comenzado asegurando que los dos ordenadores objeto del juicio –un Toshiba y un Apple– eran propiedad del PP. Partiendo de esta base, la fiscal ha recordado que el delito de daños informáticos, recogido en el artículo 264 del Código Penal, se centra en aquél que “por cualquier medio, sin autorización y de manera grave, borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos”. Después de poner estos dos elementos sobre la mesa y de señalar que Bárcenas mostró “poco interés” por recuperar los ordenadores, ha deslizado que como los equipos eran de la formación conservadora no se da el criterio de ajenidad necesario para que concurra el tipo. “Si partimos de la base de que el PP fue quien destruyó su contabilidad B, ese archivo informático que contenía esa información era del PP y, por tanto, no era ajena”, ha señalado el Ministerio Público.

Por otro lado, la fiscal ha rechazado también el encubrimiento planteado por las acusaciones. En este sentido, la representante del Ministerio Público ha aseverado que “no se puede afirmar” que se produjo encubrimiento sin aclarar el delito que supuestamente se está encubriendo. “Y si se han encubierto varios delitos, deberían atribuirse varios delitos de encubrimiento”, ha añadido. Dicho esto, ha destacado que “si hace referencia contabilidad B del PP hasta el año 2006, se estaría hablando de hechos preescritos, por lo que no se estaría obstaculizando la labor de la justicia” y, por tanto, se caería el encubrimiento.

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“Actuación” de “pleno desgaste político”

Tras la intervención de la fiscal, ha llegado el turno de las defensas. Y los abogados de Navarro, Moreno, Durán y la formación conservadora no se han movido un milímetro. Así, durante sus intervenciones, han criticado que las tres acusaciones no hayan hecho durante su exposición de los informes de conclusiones “ni un solo análisis jurídico” más allá de “hipótesis acusatorias”. “Las acusaciones no se han justificado en pruebas porque no hay pruebas”, ha afirmado nada más iniciar su turno de palabra la defensa del responsable de los servicios jurídicos del PP, que ha afeado a la acción popular que tire “la piedra” y esconda “la mano”. Así, han señalado que la única prueba que se ha puesto sobre la mesa ha sido “la palabra del señor Bárcenas”, que “carece de credibilidad absolutamente”. En este sentido, el abogado del PP ha recordado que el extesorero ha mantenido desde su salida de la formación conservadora un “impulso compulsivo querulante”, señalando el “resentimiento y animadversión” en la “actuación” de Bárcenas.

A lo largo de toda la tarde, las defensas han insistido en que el PP “actuó legítimamente sobre sus propios bienes” en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y en que la única referencia que se tiene del contenido de los ordenadores destruidos procede de la testifical de un extesorero que, han dicho, “no es creíble”. Bajando al barro, las defensas de los acusados se han adherido al criterio del Ministerio Público, asegurando que no se puede hablar ni de un delito de daños informáticos ni de uno de encubrimiento. Sobre el primero de ellos, además de hacer referencia a lo expuesto por la Fiscalía, el abogado de Moreno ha querido recordar que por lo analizado durante la vista oral habrían existido varias copias de esa información, por lo que el borrado no habría producido el “dolo” necesario. Sobre el encubrimiento, han asegurado que a día de hoy desconocen qué delitos se habrían encubierto. “Esta actuación ha sido de pleno desgaste político”, ha sentenciado la defensa del PP.