Fiscalía, ingenieros de montes y ecologistas coinciden: España está abandonando la prevención de incendios forestales

La campaña de incendios forestales en España dio comienzo el pasado 1 de junio. El clima de estos meses veraniegos es el más propicio para que los fuegos se expandan por bosques, zonas de vegetación densa y espacios rurales, llevándose por delante flora, fauna y vidas humanas. El año pasado fue uno de los mejores en décadas, pero la racha no tiene por qué alargarse, sobre todo teniendo en cuenta que el cambio climático funciona estupendamente como chispa. Y el pesimismo siempre funciona mejor que el optimismo cuando se trata de evitar un desastre. Un año más, ecologistas, ingenieros forestales y bomberos vuelven a poner el foco en la prevención. Menos vistosa, aseguran, pero mucho más eficaz que la extinción. La queja, desgraciadamente, también se repite: no se dedican los suficientes recursos. Ni humanos, ni materiales. No se cumple la ley. Y la Fiscalía de Medio Ambiente, esta vez, ha advertido de que no dudará en actuar.

"A nivel académico, todo el mundo tiene claro que la prevención es utilísima. Los investigadores, los profesores… todos están concienciados de que esto es una urgencia", asegura la ingeniera de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) Sonia Roig. Ni comprar decenas de hidroaviones, ni las soflamas demagógicas contra el "terrorismo incendiario" son tan útiles como trabajar antes de que el fuego se propague, y no después. Y para ello, lo primero que hay que combatir son los bulos. Según datos recopilados por un extenso informe de Greenpeace de junio de 2018, llamado Protege tu bosque, protege tu casa, el 54,73% de los fuegos en España son "intencionados". Sin embargo, este término suele inducir a error.

Cuando escuchamos la palabra intencionado, la imagen que se nos viene a la cabeza es la de un pirómano sociópata que encuentra placer en verlo todo arder. Sin negar que este perfil exista, es minoritario. "La estadística del decenio confirma que el 68,4% de los incendios intencionados se deben a fuegos realizados originalmente para quemas agrícolas y regeneración de pastos. Así, lo que en las estadísticas aparece como 'intencionado', tiene como protagonista a un hombre de entre 30 y 70 años, residente en el medio rural, sin antecedentes y adecuadamente socializado que ha realizado de forma intencionada prácticas tradicionales", afirma Greenpeace.

En Galicia, una de las comunidades históricamente más afectadas por los incendios forestales, existe la llamada cultura del fuego: utilizar pequeños incendios en las actividades agropecuarias, como herramienta rápida y barata para deshacerse de las malas hierbas. Se trata de una actividad antiquísima, que, sin embargo, ya no es tan segura como antes. La despoblación aumenta el número de fincas abandonadas, donde la biomasa que sirve como combustible crece sin control; y el cambio climático aumenta la frecuencia de días con calor, con poca humedad y con poco viento, el caldo de cultivo perfecto para que el fuego se descontrole. El descuido y la irresponsabilidad, por lo tanto, son más culpables de los grandes incendios que los pirómanos o las sospechas de quema intencionada para, posteriormente, recalificar el terreno: una acusación que siempre vuelve en temporada alta.

Sabiendo qué causa la mayoría de los incendios forestales y, sobre todo, qué factores permiten que se conviertan en superincendios que arrasen con miles de hectáreas –el verdadero enemigo–, es más fácil identificar cuáles deben ser las medidas para combatirlo. Y la protagonista es, o debería serlo, la prevención. Tanto para evitar que prenda el fuego como para que, una vez activo y amenazante, se lleve por delante lo menos posible. Limpiar terrenos abandonados, reducir biomasa, contar con planes de evacuación que sean conocidos por todos los implicados, abrir cortafuegos, concienciar con campañas de información eficaces, o evitar polvorines (un depósito de gasolina rodeado de masa forestal, por ejemplo). "Este mensaje sí que va colando en las instituciones", asegura, optimista, Roig. Pero apunta a un obstáculo: "Ningún político quiere aparecer con una motosierra en la foto". Siempre es más popular comprar mangueras que cortar árboles.

"En 2016, el Ministerio gastó 72.710.258 de euros en extinción. Por el contrario, invirtió tan sólo 17.579.980 euros en materia preventiva. La tendencia de las inversiones en extinción sigue una línea ascendente. Entre los años 2010 y 2011, la inversión en prevención cayó en más del 50%, manteniéndose a partir de entonces por debajo de los 190 millones de euros. En cambio, la inversión en extinción se ha mantenido desde 2007 por encima de los 360 millones de euros", asegura Greenpeace. La de 2019 asciende a 600 millones de euros.

Precisamente este lunes, el Gobierno presentó su campaña de refuerzo a las comunidades autónomas en materia de extinción. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, desgranó ante la prensa los medios materiales y humanos con los que contará la medida: 73 aeronaves de distintas capacidades de descarga, incluidos 4 vehículos aéreos no tripulados (drones); así como 10 Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (BRIF). Confirmando la teoría de Roig: a los políticos les gusta más enseñar un helicóptero antiincendios que un aburrido plan de prevención.

"Siempre el problema es el dinero"

Roig, como investigadora, no solo se dedica a trabajar sobre el terreno: también a mantener una interlocución constante con las instituciones para encontrar los mejores caminos para evitar, en la medida de lo posible, los incendios forestales. En ese sentido, utiliza una frase que bien se podría aplicar a otros –la mayoría– de los retos ambientales: "Siempre el problema es el dinero". La prevención es un trabajo a pequeña escala, de cada pueblo, cada pedanía, cada comarca del mapa rural: y no siempre hay fondos para lo verdaderamente importante.

La legislación establece que los trabajos de prevención de incendios recaen tanto en el Estado como en las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El informe de Greenpeace de 2018 prefiere utilizar el término planificación para englobar lo que considera las patas esenciales: planes de prevención (actuaciones antes de los incendios), planes de emergencia (actuaciones durante los incendios) y planes de autoprotección (que ejecutan los propios ciudadanos, antes y durante los fuegos). Los ecologistas hicieron a lo largo de 2018 una batería de preguntas a las administraciones autonómicas y locales para ver cuánto y cómo cumplían con sus obligaciones. El resultado, en muchas zonas, es desalentador.

En cuanto a los planes de prevención, la Ley de Montes obliga a que las zonas de alto riesgo de incendio tengan uno, y es responsabilidad de las comunidades autónomas señalar en el mapa dichas zonas. Los municipios deben redactarlos y publicarlos. "El problema en muchos casos es que consistorios pequeños no disponen de recursos técnicos, humanos o económicos ni siquiera para la elaboración o ejecución", denuncia Greenpeace, que señala, además, la enorme disparidad de conceptos que manejan las distintas administraciones, que imposibilita un recuento total. La ley de Montes, por tanto, no se cumple.

En cuanto a los planes de emergencia, el 80% de los municipios en estas zonas no tienen uno. Y lo que se ha encontrado Greenpeace con los planes de autoprotección, responsabilidad de los titulares de las instalaciones o edificaciones en potencial peligro, es que la mayoría de las administraciones ni siquiera saben de su obligación de concienciar a los ciudadanos acerca de este requisito. No solo para que cumplan la ley: también para que sepan cómo poner a salvo sus bienes o su vida en caso de incendio forestal.

Este año, Greenpeace ha puesto su foco en diez de los municipios donde comenzaron los incendios forestales más voraces de la última década. Los resultados son similares: la mayoría no cuenta con planes de prevención, y solo algunos los están elaborando o los acaban de aprobar. De 2018 a 2019 la situación no ha cambiado mucho. No se ha aprovechado el invierno para prepararse para la temporada de fuegos. "El informe de junio de 2018 es todavía válido. El cambio ha sido testimonial. Hablando con los municipios, nos cuentan alcaldes y alcaldesas que ni siquiera saben que tienen que hacer estos planes. Las Comunidades Autónomas tienen la obligatoriedad de comunicarles eso. Hay una descoordinación muy grande entre administraciones, y es fundamental esa comunicación". La que denuncia es Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace, en declaraciones a infoLibre.

La Fiscalía mueve ficha

Greenpeace asegura que el panorama en cuanto a incendios forestales no ha cambiado mucho de un año para otro, pero en realidad algo sí que se ha movido: el Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto. Hace unas semanas, el fiscal de Medio Ambiente. Antonio Vercher, envió una carta a los fiscales delegados de cada provincia española, recordando que en el caso de grandes incendios deben hacer las "averiguaciones oportunas" acerca de si lo municipios en los que se ha originado el fuego cuentan con planes de prevención. "A fin de valorar, en caso de falta de aprobación de los mismos, la incidencia que esa circunstancia haya podido tener en el resultado producido". Es decir: que la falta de planificación puede pasar del reproche moral al penal.

La misma Fiscalía de Medio Ambiente inició el verano pasado una investigación sobre 151 poblaciones de cinco Comunidades Autónomas en las que había riesgo de incendio y, además, se habían producido incendios forestales de manera recurrente con anterioridad. Encontró que "la mayoría de las poblaciones carecían de Plan, o el mismo no estaba actualizado". En abril de este año, Vercher, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, escribió a los alcaldes de esos 151 ayuntamientos.

En el oficio, que fue recogido por Europa Press, reflexionaba que por mucho que se invierta "año tras año" en luchar contra el fuego, "da la impresión" de que al repetir una y otra vez el mismo planteamiento se olvidan "aspectos tan esenciales" como son los "obligados" planes de prevención y su "lógica incidencia" en la aparición y disminución de los incendios. Algunos alcaldes reaccionaron con sorpresa: desconocían en absoluto la obligatoriedad.

Los incendios arrasan 38.023 hectáreas, cuatro veces más que en el mismo periodo en 2018

Ver más

Una nueva era de incendios

Tanto Parrilla como su organización hablan de una "nueva era de incendios" ante los que ya no valen las viejas fórmulas. El problema no es el fuego como tal: son los superincendios. Según datos del Ministerio, el 55% de las hectáreas que ardieron en el terrible año de 2017 fueron a causa de los 56 grandes incendios forestales, el 0,5% con respecto al número total de incidencias de este tipo. Estos fenómenos son el verdadero enemigo a batir, ya que el fuego, asegura Greenpeace, "ha sido y es un elemento natural con el que la población y el paisaje ha convivido durante millones de años". La organización habla de un "régimen natural de los incendios", en el que el fuego es un elemento más que aporta a la estabilidad de los ecosistemas.

Pero la intervención del hombre lo ha cambiado todo. "El éxodo rural en los años 50 supuso el abandono de tierras de cultivo y de actividad ganadera, siendo colonizados espacios por la vegetación continua. Esto ha supuesto la pérdida del paisaje mosaico que ayuda a frenar el avance del fuego", señala la ONG. Hay más combustible y el mechero es más grande: el cambio climático no solo sube las temperaturas, sino que alarga los veranos (tal y como constata la Aemet, está pasando ya). "Los incendios de Galicia de 2017 fueron en octubre. No tiene sentido que la campaña empiece en junio y acabe en septiembre", señala Parrilla. El fenómeno de los incendios forestales se está complicando, y no se solucionará con más hidroaviones.