El fusilamiento de Matilde e Isabel: cuando el 'honor' de los verdugos del franquismo frena una investigación en los archivos oficiales

La mayor piedra que puede interponerse en el camino de un historiador a la hora de investigar es el acceso a los archivos oficiales. Isabelo Herreros puede dar cuenta de ello. Inició una investigación para conocer la historia de dos mujeres: Matilde Revaque e Isabel Huelgas. Fueron funcionarias de prisiones durante la Guerra Civil, apenas cinco años después de que Victoria Kent creara el cuerpo en 1931. Al finalizar la contienda, denuncias de ex presas falangistas provocaron que se les abriera expediente y se les expulsara del cuerpo. En 1939 fusilaron a Isabel; en 1940 a Matilde, en la tapia del cementerio de la Almudena, en Madrid. Reconstruir el relato de estas dos mujeres se ha convertido casi en misión imposible. Y es que hay multitud de incógnitas que Herreros no ha podido descifrar.

El historiador consiguió ver los informes de los tribunales que condenaron a Matilde y a Isabel, pero el problema llegó cuando quiso acceder a los expedientes que elaboraron las autoridades franquistas para expulsarles de su trabajo. Solicitó los documentos a Interior, que le envió varios archivos. Pero los nombres de las denunciantes y de las personas que declararon contra ellas habían sido burdamente tachados. Eso fue en 2014 y ahora, cinco años después, Herreros continúa con la investigación paralizada. Y terminarla, dice, es "una carrera de obstáculos terrorífica". 

Herreros tiene folios y más folios con todos los nombres ocultos. Y esto es así porque, según denuncia en conversación con infoLibre, él no ha podido acceder a los documentos originales. Lo que ha obtenido son copias de los archivos en las cuales, explica, han sido borrados los nombres de las "damas de España" denunciantes de las dos funcionarias. Entre esas "damas de España" —apodo que recibieron en la dictadura las mujeres encarceladas por pertenencia a la Falange, un partido ilegal durante el último año de la República— se encontraban personajes como María o Pilar Millán Astray, hermanas del fundador de La Legión, o de Caridad Valero Juve, alto cargo de la Sección Femenina del partido fascista durante muchos años, tal y como explica el propio Herreros en una biografía que pudo escribir sobre Matilde, condenada a pena de muerte por el delito de "adhesión a la rebelión". 
   
El historiador pidió explicaciones. Sin acceder a esos expedientes de expulsión del cuerpo no podía culminar su investigación. Pero Interior fue claro. No había una única razón por la cual los nombres estaban tachados. Eran varias: o bien porque no habían pasado 25 años de la muerte de la persona en cuestión o bien porque se desconocía cuándo había fallecido y, ante la duda, la institución prefirió proteger su intimidad. Pero Herreros lamenta que difícilmente va a poder averiguar cuándo murieron esas personas sin ni siquiera saber su nombre. Y así es casi imposible que culmine el trabajo que empezó. 
   
"Es similar a lo que ha ocurrido con Miguel Hernández. Se trata de una interpretación muy sui géneris del derecho al honor", critica Herreros. Se refiere, concretamente, a la polémica destapada por El País semanas atrás. La Universidad de Alicante retiró el nombre de Antonio Luis Baena Tocón, alférez del Ejército franquista que ejerció de secretario judicial en uno de los consejos militares que condenaron a muerte a Miguel Hernández, de uno de los artículos de Internet escritos por Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española de dicha universidad y experto en memoria histórica. Lo hizo después de recibir una petición expresa del hijo del militar que, según explicó, hizo su solicitud porque él mismo "ha constatado falsedades respecto a cómo era su forma de ser y actuar, de cómo fue su vida". "Lo presentan como verdugo y fue una víctima más", aseguró.

La dificultad de escribir la historia

La historia de Herreros no es única. Y a los historiadores no les sorprende. El acceso a los archivos oficiales a partir de los cuales se puede escribir la historia reciente no es una tarea fácil. Depende de a qué documentación se quiere acceder, pero en demasiadas ocasiones la propia obtención de la documentación frena las investigaciones. O bien porque los archivos están incompletos o bien porque, directamente, no se puede acceder a ellos. Es lo que le ocurrió, por ejemplo, a Matilde Eiroa, doctora en Historia Contemporánea y profesora en la Universidad Carlos III de Madrid. Tuvo que abandonar su investigación sobre la Brigada Político Social —la policía política de Franco que se encargaba de reprimir cualquier oposición al dictador— porque no pudo obtener toda la documentación que necesitaba. 

Eiroa lo cuenta en el libro El acceso a los archivos en España, coordinado por Antonio González Quintana, Sergio Gálvez y Luis Castro. Salió publicado, precisamente, este mes de julio, y no sólo con el testimonio de esta historiadora, sino con el de muchos investigadores más. Y eso, según el manifiesto del Grupo de Archivos de la Cátedra Complutense Memoria Histórica del siglo XX contenido en el libro, es preocupante. "Se dan demasiados casos y situaciones impropias, casi indignas, de una sociedad democrática, y que tienen como resultado la erosión de derechos básicos de investigadores y ciudadanos".

Y eso va contra la Constitución Española y contra la normativa internacional sobre Derechos Humanos. En primer lugar porque vulnera el artículo 105.b de la Carta Magna, que indica: "La ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas"; y en segundo porque salta por encima de la legislación internacional sobre Derechos Humanos que los gobiernos españoles asumen desde que en 1979 se firmara el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. 

Archivos vetados o en manos privadas

Acceder a los archivos puede ser tan difícil que se convierta en tarea imposible. Y cada historiador o investigador se ha encontrado con trabas diferentes. Según el Grupo de Archivos de la Cátedra Complutense, puede ocurrir que haya fondos vetados o sin catalogar, "a veces sin justificación aparente", denuncia la organización, que pone como ejemplos los archivos de las instituciones militares o los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores. "Por no hablar de la documentación vendida ilegalmente o destruida —deliberadamente o no— desde el verano de 1936 hasta bien avanzada la Transición postfranquista, como por ejemplo la de algunos gobiernos civiles o de las dependencias del extinto Movimiento Nacional", añade el organismo. 

Y cuando no ocurre eso puede darse la situación de que la documentación esté en manos de quien no debería. "Hablamos de individuos que han ocupado altos cargos en el Estado y se apropian de la documentación administrativa al abandonarlos", explica el Grupo de Archivos de la Cátedra Complutense. "Es el caso del anterior Jefe del Estado, cuyos papeles se hayan en poder de la Fundación que lleva su nombre" o, por ejemplo, de las familias de Carrero Blanco —que fue presidente del Gobierno en 1973—, Arias Navarro —presidente del Gobierno hasta 1976—, Leopoldo Calvo Sotelo —presidente del Gobierno de 1981 a 1982— y Serrano Suñer —ministro de Asuntos Exteriores durante la dictadura—, que "disponen de fondos documentales generados por aquellos en el ejercicio de su cargo".  

Pero todo esto, dice el organismo de la Universidad, es posible gracias a una "normativa legal farragosa y obstaculizadora". Y es que con tanta legislación al respecto, "en caso de duda suele primarse el derecho a la seguridad del Estado y a la intimidad y el honor de las personas sobre el derecho a la investigación y al conocimiento y difusión" de la historia. 

infoLibre se puso en contacto con el Ministerio de Cultura, institución de la que depende la Subdirección General de los Archivos Estatales —que coordina todas aquellas actuaciones encaminadas a la custodia, conservación y difusión del patrimonio documental— para conocer su opinión sobre los hechos y, en concreto, para averiguar si este caso es una excepción o, por el contrario, algo habitual a la hora de acceder a los documentos oficiales. También para conocer si, a juicio del organismo, es necesario un cambio en la normativa para que esto, en caso de ser constante, no ocurra. No hubo respuesta.