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Almeida tropieza en Madrid Central: un juez reactiva de forma cautelar las multas para evitar el daño ambiental

Imagen de la manifestación a favor de Madrid Central celebrada el pasado sábado.

Madrid Central vuelve a funcionar. Al menos de forma provisional. Así lo decretó el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid, tras el recurso interpuesto apenas unas horas antes por Ecologistas en Acción y Greenpeace. Las dos organizaciones solicitaron la suspensión cautelar del acuerdo aprobado el pasado jueves por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, que decidió poner en marcha una moratoria de multas que duraría desde el 1 de julio hasta, como mínimo, el 30 de septiembre. De esa forma, cualquier vehículo que entrara en la zona de bajas emisiones podría hacerlo sin que su propietario fuera sancionado.

El juez ordena en su auto que se comunique "urgentemente" esta resolución al Ayuntamiento de Madrid "a fin de que disponga lo necesario para inmediato cumplimiento de lo acordado". Sin embargo, no estipula el tiempo exacto que tendra el consistorio liderado por el PP para ponerlo en marcha. 

En teoría, la decisión del Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida no eliminaba Madrid Central, sino sólo su carácter sancionador. Pero las organizaciones ecologistas y la oposición sostienen que eliminar las multas es una suspensión de facto de la medida. Para demostrar su descontento, primero salieron a la calle y, después, amenazaron con los tribunales. Y acudieron. De hecho, las organizaciones ecologistas no fueron las únicas que presentaron su recurso. El PSOE también hizo lo propio, aunque con distinto resultado. Según informaron fuentes del partido en Madrid, las medidas cautelares que solicitaron —que también demandaban la suspensión de la moratoria— no fueron aceptadas.

Sí lo fueron las de Ecologistas en Acción y Greenpeace. Lo que solicitaron ambas organizaciones fue la aceptación de las medidas cautelarísimas de suspender la moratoria. Es decir, que Madrid Central recuperara su carácter sancionador de forma urgente, sin necesidad de tener que escuchar a la otra parte, es decir, al Ayuntamiento de Madrid. No obstante, esto no significa que la institución no pueda pronunciarse. El juez otorga al Consistorio un periodo de tres días hábiles para presentar alegaciones. Y así lo harán. Lo anunciaron, de hecho, poco después de hacerse público el auto. "El Ayuntamiento de Madrid recurrirá el auto conocido hoy sobre Madrid Central, al considerar adecuada y ajustada a derecho la moratoria de multas establecida en Madrid Central", indicaron a través de un comunicado. Y volvieron a argumentar que la decisión de aprobar la moratoria se basaba, más que en una intención de fondo de acabar con la medida de Carmena, en una pretensión de mejorarla. "La postura del equipo de Gobierno sobre Madrid Central sigue siendo la misma y por ello continuarán durante estos meses las reuniones con los afectados para plantear un modelo alternativo más eficaz para mejorar la calidad del aire", añadió el Consistorio.

Pero de momento, según el auto, el Ayuntamiento deberá revertir la moratoria. Así lo ha decidido porque, según argumenta, se trata de un asunto de una "urgencia excepcional o extraordinaria". Los únicos motivos que justifican que un juzgado acepte unas medidas cautelares sin escuchar a las dos partes. Precisamente, lo que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 no aceptó. El juez rechazó las medidas cautelares solicitadas en el recurso presentado por el PSOE porque, entiende, antes debe hablar el Ayuntamiento. "No se justifica que exista una necesidad perentoria tan grave que no se pueda esperar unos días para que el Ayuntamiento pueda hacer alegaciones sobre la suspensión, y de esta manera, poder tomar una decisión contando con los argumentos de ambas partes", argumenta el auto. "Dada la innegable trascendencia de la medida que se solicita, resulta prudente tomar en consideración los argumentos de los que disponga el Ayuntamiento", añade.

El tribunal que admitió el recurso da por válido también el argumento de Ecologistas en Acción y de Greenpeace, que aseguran que, de no aceptarse las medidas cautelares, los ciudadanos sufrirían un daño difícilmente reparable. Así, entienden que existe el conocido en Derecho como periculum in mora, uno de los requisitos a la hora de decidir si se aplican o no las medidas cautelares. No sólo eso. El tribunal afirma que el recurso de las organizaciones se ajusta a derecho porque, argumenta, "en la defensa del medio ambiente está implicada una auténtica función pública". Por tanto, es deber del Ayuntamiento velar por ello.

Se impone "la salud frente a los coches"

Al poco de conocerse la decisión del tribunal, Ecologistas en Acción y Greenpeace ofrecieron una rueda de prensa en la que celebraron la decisión judicial y solicitaron a Almeida que acate el auto y dé marcha atrás en su decisión. "El auto de hoy sienta un punto de inflexión y ahora la pelota está en el Ayuntamiento, que debe decidir si se coloca de lado de la justicia o va a seguir con esa guerra a favor del coche", dijo Adrián Fernández, responsable de movilidad de Greenpeace. Añadió que esto demuestra que la justicia "está de parte de los más vulnerables" y que han defendido el derecho de los ciudadanos "a respirar un aire limpio". "El juez ha dicho que Madrid Central vuelve a funcionar después de una movilización ciudadana sin precedentes", agregó.

 

La misma línea en la que se manifestó Más Madrid. "Es una gran noticia y un reconocimiento a tantísimas organizaciones y a toda la gente que salió a la calle en defensa de la salud. La medida tomada por el Ayuntamiento ha sido un auténtico fracaso y ha significado un aumento de tráfico y un auténtico caos para nuestra ciudad. No se puede gobernar desde la demagogia y la falta de rigor. Hablamos de salud y la primera obligación del Ayuntamiento es preservar la salud, luchar contra la contaminación y garantizar la calidad del aire a la ciudadanía", declaró la exconcejala de Medio Ambiente y actual edil de Más Madrid, Inés Sabanés.

La formación destacó además que Madrid Central es un proyecto que en estos meses "ha demostrado de sobra su eficacia en los meses que lleva en funcionamiento, ya que los niveles de contaminación se están reduciendo mínimos históricos, además de mejorar la calidad de vida del centro de Madrid y contribuir la construcción de una ciudad más amable y saludable".

Tras una fuerte oposición

El anuncio de Almeida de eliminar las sanciones a los vehículos que no respetaran los límites de Madrid Central no sentó nada bien. De hecho, apenas dos días antes de que entrara en vigor la moratoria, miles de ciudadanos recorrieron las calles de Madrid para mostrar su rechazo a una medida que, decían, iba en contra de la salud de todos los ciudadanos y, además, de la normativa europea e internacional en materia de medio ambiente. Un argumento empleado por las organizaciones en sus recursos.

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Los conservadores, no obstante, intentaron argumentar una y otra vez que su decisión no tendría repercusiones en este sentido. Más que nada, porque la moratoria no pretendía, decían, acabar con Madrid Central, si no mejorarlo. Y es que, según defendió Almeida, las sanciones no se habían estado aplicando correctamente. Se refirió de esta forma a la anulación de más de 6.000 multas que llevó a cabo el anterior Consistorio de Carmena por un defecto en el formato de la hora. Un problema, no obstante, que ya se solucionó. "Nosotros adoptamos una medida de sentido común, y es que mientras no tengamos seguridad de que eso funciona correctamente, no se multa", dijo el alcalde en una entrevista concedida a RNE.

Pero es que hasta ahora el Ayuntamiento no tenía claros cuáles eran esos planes de mejora. Al menos, así lo constató la Plataforma en la reunión que mantuvieron con Almeida y con la vicealcaldesa, Begoña Villacís, este jueves. "Cuando [...] se ha preguntado qué iba a ocurrir tras la moratoria, el 1 de octubre, tanto Martínez-Almeida como Villacís han dejado claro que se reinstaurará el sistema de multas, pero con las modificaciones que se planteen durante estos meses. No hemos tenido respuesta de cuáles serían esas modificaciones a pesar de nuestra insistencia", criticó la Plataforma a través de un comunicado. "Por este motivo se ha decidido presentar el recurso, con el fin de evitar un perjuicio adicional a la salud pública durante dicho periodo", anunciaron.

Así lo hicieron y, apenas unas horas después, la justicia les dio la razón.

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