El BBVA retira su acusación por extorsión contra Pineda y este se querella contra el banco y Francisco González por organización criminal

El tira y afloja entre el BBVA y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, continúa en los tribunales. La entidad financiera presidida por Carlos Torres, puesta bajo el foco por la relación empresarial que mantuvo durante años con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha decidido este martes presentar un escrito en la Audiencia Nacional anunciando su retirada como acusación particular en la causa abierta contra Pineda y el ex secretario general de Manos Limpias Miguel Bernard por los delitos de extorsión, estafa, blanqueo de capitales, amenazas o administración desleal. El movimiento de la entidad financiera se ha producido horas después de que el líder de Ausbanc interpusiera una querella contra el expresidente del BBVA Francisco González y Villarejo, entre otros, por los delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental en el marco de la investigación sobre los trabajos realizados por el comisario jubilado para la entidad financiera, que se están analizando en la pieza número 9 del conocido como caso Villarejo.

El enfrentamiento abierto entre Pineda y el BBVA ante la justicia arrancó en abril de 2016, cuando el presidente de Ausbanc fue detenido junto a Bernard en la operación Nelson. La investigación judicial, que se prolongó durante dos años, llegó a su fin el pasado mes de agosto, cuando el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó la apertura de juicio oral, que se espera para el próximo mes de septiembre. En el banquillo de los acusados se sentarán más de una decena de personas acusadas de estafa, blanqueo, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en subvenciones y pertenencia a organización criminal. El Ministerio Público solicita en su escrito de acusación 118 años y 5 meses de prisión para el presidente de Ausbanc por haber ideado “un sistema para exigir la entrega de cantidades dinerarias importantes” bajo las advertencias de “arremeter” contra el “activo reputacional” de entidades financieras “por medio de la publicación de noticias desfavorables” o ejercitando “acciones judiciales”.

El BBVA no quiere ser una “distracción innecesaria”

El BBVA fue uno de esos bancos presionados. Por ello, la entidad que entonces presidía Francisco González solicitó en junio de 2016 su personación como acusación particular en la causa al entender que el “acoso y agresión” de Pineda evidenciaba la cualidad de la entidad como víctima. En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, el banco alegó la “feroz campaña de acoso y desprestigio” sufrida. Una estrategia de “acoso y agresión” con artículos “denigratorios” y demandas personales contra los directivos que arrancó, según expuso el BBVA, cuando la entidad financiera decidió en 2007 poner fin a las relaciones de publicidad que había mantenido con Ausbanc. Estas campañas, además, eran la antesala de “constantes sugerencias” de colaboración, según señaló el banco en el escrito, en el que hacía constar su intención de exigir un resarcimiento por los daños de imagen y reputación que estas ofensivas pudieran haberle ocasionado.

Tres años después, el banco ha decidido renunciar a la compensación y apartarse del procedimiento. Con el juicio a la vuelta de la esquina, el BBVA ha registrado este martes un escrito en el que desiste “de la acción penal” y comunica su retirada del ejercicio de la acusación particular. Fuentes de la entidad financiera explican a infoLibre que la decisión se ha tomado al entender que la presencia del banco “no aporta nada en el estadio final del juicio que empezará después del verano”. “Creemos que puede ser una distracción innecesaria que dificulte el proceso”, se limitan a añadir. Otras fuentes cercanas al BBVA, por su parte, sostienen que la entidad ha decidido apartarse al considerar que el escrito de acusación del Ministerio Público es ya “muy contundente” y que su permanencia en la causa puede hacer que el juicio se convierta en un “circo mediático”. Con este movimiento, el BBVA se aparta del foco mediático en un momento en el que la gestión de la anterior dirección del banco está bajo la lupa judicial en el caso Villarejo.

“Hampa policial”

Pero mientras la entidad ha dado un paso atrás en su pugna contra Pineda, el presidente de la asociación de usuarios de banca ha optado por pasar a la ofensiva. Pocas horas antes de que el BBVA se retirase como acusación particular, el líder de Ausbanc interpuso una querella contra el banco, su expresidente Francisco González, su ex director de Seguridad Julio Corrochano, el comisario jubilado José Manuel Villarejo y uno de los colaboradores del policía –Antonio Bonilla– por los delitos de organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales y falsedad documental. Y lo hace escudándose en la operación de espionaje que el BBVA habría encargado a Villarejo para conocer todo el entramado patrimonial de Pineda y su entorno, así como sus conexiones políticas. Una línea de investigación que arrancó a raíz de un extenso informe, denominado Austria y fechado en 2013, que fue intervenido en los registros al comisario jubilado junto con otra documentación sobre Ausbanc.

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En la querella, el presidente de la asociación de usuarios de banca, en libertad provisional desde el pasado mes de abril, se presenta como una víctima de la “ilícita asociación” de González y Villarejo por su “defensa de los consumidores”. “Por parte de la entidad BBVA lo que se pretendió [con el espionaje] fue destruir a toda costa al señor Pineda, quien estaba costándole a la entidad financiera miles de millones de euros como consecuencia de las denuncias y demandas que estaba ganando al BBVA”, continúa el escrito, que recuerda que la investigación de Villarejo no se centró solo en el círculo “más íntimo” del querellante, sino que también “se encargó y pagó por el espionaje y la elaboración de informes sobre jueces y magistrados que hubieran podido tener cualquier tipo de relación con Ausbanc”. El único fin de dicha operación, continúa la denuncia, era el de “obtener y almacenar cuanta información personal y confidencial pudiera estar a su alcance” para “manejarla posteriormente” según los “intereses” del banco y de su entonces presidente, Francisco González.

De hecho, Pineda aprovecha esta operación para sembrar dudas en relación con la causa que le afecta. En la querella, desliza que la denuncia anónima que llegó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y que propició su detención pudo haber sido presentada por Villarejo, que entonces contaba con “importantes enlaces” en el departamento policial. “Sólo así no extrañaría cómo una denuncia anónima, sin ninguna corroboración periférica ni aditamento alguno que fundamentara lo denunciado, pudiera dar curso a una investigación […] en los términos que se hizo”, señala el escrito. Además, Pineda también se muestra sorprendido de que en solo “cuatro días hábiles” desde la presentación de la denuncia anónima, que tilda de “filfa”, la UDEF emitiera un “prolijo informe con abundantísima documentación económico-financiera” sobre el presidente de Ausbanc. “Estaba todo preparado de antemano por el comisario Villarejo y sus adláteres, y se sirvió de la UDEF y sus relaciones policiales para dar curso al encargo privado que había recibido”, señala.

Por todo ello, acusa a González y al expolicía de dirigir una organización criminal en la que el primero “elegía los objetivos” y el segundo llevaba a cabo “la ejecución de las misiones”. Un “hampa policial” al “servicio y amparo exclusivo” de aquellos que “estuvieran dispuestos a pagar importantes sumas de dinero” que eran abonadas “a través de facturas falsas o que no se correspondían en modo alguno con los servicios que se llevaban a cabo”. Este “clan policial mafioso”, continúa Pineda, habría actuado sin “contar con las oportunas autorizaciones judiciales” a la hora de “facilitar listados de tráfico de llamadas”, “movimientos bancarios” o “información fiscal”. Y todo ello, recuerda, con cargo a la entidad. “El hecho de que Francisco González y el resto de directivos adscritos al plan criminal hayan dispuesto de los bienes del banco en cantidades que superan los 6 millones de euros […] suponen actos intrínsecamente de gestión desleal de las funciones que les habían sido encomendadas por los accionistas”, sentencia.