Igualdad

Las agentes de igualdad: trabajadoras invisibles que claman por su regulación

Imagen del 8M de 2019.

Hacen lo que se suele llamar trabajo de hormiga, pero son prácticamente invisibles. Se trata de las agentes de igualdad que operan en buena parte de las administraciones públicas del país. La Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes y Promotoras de Igualdad de Oportunidades (Fepaio) describe la labor de las trabajadoras y el origen de esta figura en su informe más reciente. Ser agente de igualdad, afirma, es "ser agente de cambio". Según el Instituto de la Mujer, la figura de agente de igualdad "debe ser una profesión ligada a la capacidad de estimular los cambios precisos que deriven en mayores cotas de igualdad real para todos".

De esta manera, debe "diseñar, implementar y evaluar políticas de igualdad de oportunidades" además de "asesorar respecto a la puesta en marcha de proyectos para la integración de la perspectiva de género en programas e instituciones". La figura de agente de igualdad surge en el país a finales de los ochenta, aunque su popularidad estalla bien entrado el presente siglo. En 1987, el Instituto de la Mujer, dentro del II Plan para la Igualdad de Oportunidades, desarrolla una experiencia piloto para formar a una veintena de agentes. El objetivo, "capacitar a estas personas para que impulsaran, desarrollaran y evaluaran acciones positivas tendentes a lograr la igualdad".

En los noventa, el mismo organismo centra sus esfuerzos en la formación de agentes de igualdad en el ámbito local, con la publicación de guías al respecto y los primeros destinos de las agentes: ayuntamientos mayores de diez mil habitantes, con equipos en marcha en las áreas de formación y empleo, tal y como explica la federación. Los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), también apostaron por esta figura y su incorporación a la negociación colectiva y a la administración local.

Según la federación estatal, en los noventa las comunidades de Madrid y Andalucía "eran pioneras en la contratación de agentes de igualdad de oportunidades". Las iniciativas, sostiene, "fueron extendiéndose entre los distintos niveles de las administraciones autonómicas y locales a través de programas piloto de formación". En 1994, el INEM propone incorporar la figura al Catálogo Nacional de Ocupaciones. Entra como "agentes de igualdad de oportunidades para la mujer y otros diplomados en trabajo social", mientras que la última clasificación, del año 2011, las contempla como "agentes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres". Su regulación, sin embargo, está aún a día de hoy a la espera.

La presencia de agentes de igualdad en la Administración Pública evidencia claras diferencias territoriales. En Castilla y León, el pasado mes de abril el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayudas por 249.984 euros para contratar a trabajadoras desempleadas e inscritas en el Servicio Público de Empleo de la comunidad, como agentes de igualdad de oportunidades. Una línea de subvenciones destinada a las nueve diputaciones provinciales y a los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes.

También en la Comunitat Valenciana los ayuntamientos tendrán hasta el 31 de diciembre para realizar la contratación de una agente de igualdad. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas subvencionará a cada municipio con 25.000 euros para tal cometido, de las que podrán beneficiarse las localidades con más de 20.000 habitantesEn Navarra, el Gobierno foral concede cada año una subvención a las entidades locales, para la "incorporación y consolidación de agentes de igualdad". Este año, la cuantía asciende a 165.000 euros, y el propósito pasa por contratar a una agente por una duración de un año.

La presidenta de Fepaio, Ana María Julián Edo, comenta en charla con este diario las desigualdades a nivel territorial. "Existen comunidades donde no se está promocionanda" la figura de agente de igualdad, y de hecho en la Comunitat Valenciana "hasta 2015 no había ningún interés". Desde hace cuatro años, no obstante, la comunidad se ha posicionado entre las más adelantadas, junto con Navarra y País Vasco, cita la experta. En el caso de estas dos últimas, "existe una demanda ciudadana que traspasa las políticas de las instituciones, tienen una cultura de recoger el mandato de la ciudadanía, independientemente del color político de los gobiernos". El Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer, es "casi una referencia mundial", recalca.

Andalucía también era un territorio de vanguardia, hasta la llegada de la extrema derecha a las instituciones. Precisamente lo contrario, narra Julián Edo, que ocurrió en la Comunitat Valenciana. Y aunque la tendencia política de quien dirige las instituciones se presenta como pieza clave, no siempre el color político es decisivo. "Se trata más bien de voluntad", expresa la directora de la federación, quien cita a la Diputación de Alicante –timoneada desde hace años por el PP– como ejemplo de "larga tradición feminista con muchos años de ayudas".

En Madrid, a finales del pasado año, el pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría las categorías de agente de igualdad y técnico de igualdad, tras una demanda de dos décadas. Hasta entonces, la figura de la agente de igualdad estaba incorporada al Consistorio pero con carácter temporal. El objetivo de la propuesta aprobada era iniciar un procedimiento para la consolidación de los 34 puestos de trabajo dependientes de Políticas de Género y Diversidad.

La regulación es, precisamente, la principal demanda de las trabajadoras organizadas en las asociaciones territoriales. Así lo explica Inmaculada Sánchez, presidenta de la Asociación Profesional Andaluza de Agentes de Igualdad de Oportunidades Victoria Kent. "Ahora mismo la figura como tal legalmente no existe", subraya en conversación con este diario. Sí ocurre con las promotoras de igualdad, reguladas a través de un real decreto de 2013, que establece el título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y fija sus enseñanzas mínimas.

Este decreto, que las profesionales celebran, trajo sin embargo un escenario convulso para las agentes. En la práctica "está regulada la figura subsidiaria –la promotora–, pero no la figura principal –la agente–, lo que crea perjuicio en el desarrollo de la profesión", dice Julián Edo. Los organismos rara vez distinguen entre una y otra figura, de manera que se produce intrusismo laboral y contratación de promotoras en lugar de agentes porque, al tener una categoría profesional inferior, la remuneración tiende a ser también menor. Quien pierde, lamenta, son esencialmente "las personas beneficiarias de las políticas de igualdad, es decir, toda la sociedad".

Ana María Olego preside la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Oportunidades de Castilla y León. Al otro lado del teléfono, narra a este diario los problemas relativos a la formación. "No hay un título específico, no hay una carrera universitaria ni una prueba estatal", detalla. Además, cada organismo fija sus requisitos: si se necesita licenciatura, diplomatura o un grado, acompañado habitualmente de "formación de posgrado de un mínimo de 250 horas". Normalmente, asevera, son personas "de letras, trabajadoras sociales, abogadas o antropólogas", por ejemplo. Julián Edo critica esta arbitrariedad en los requisitos y recuerda que no basta con tener sensibilidad. Pone un ejemplo: nadie pensaría que para diseñar políticas medioambientales sería suficiente alguien con mucha sensibilidad por el medio ambiente.

Función pública y privada

La labor de las agentes de igualdad es clave en cualquier institución pública o empresa privada. Se encargan de la "implementación, en toda la amplitud que se quiera dar, del principio de igualdad en todos los ámbitos, en todas las áreas, tanto en el sector público como en el privado", describe Sánchez.

Las funciones, completa Olego, vienen dadas según la entidad donde desarrollen su trabajo. En las locales, cita, son fundamentales los planes de igualdad para la ciudadanos. Las agentes se encargan de "aplicar la perspectiva de género en todas las concejalías, aunque normalmente se adscriben a la concejalía de la mujer". Algo que las profesionales consideran un error: "Realmente habría que aplicar su trabajo a todo el organismo". Los planes de igualdad, agrega, trabajan para promover la igualdad en todos los ámbitos: urbanismo, educación e incluso con las propias mujeres que trabajan en el ayuntamiento.

También en este punto las profesionales advierten diferencias entre comunidades. "Hay un poco de todo", dice Olego, "las que trabajan como funcionarias son casos excepcionales", pues normalmente la dinámica general dibuja "líneas de ayuda para la contratación de agentes por periodos concretos". La situación laboral "es, con algunas excepciones, precaria", lamenta.

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Las condiciones laborales de las agentes –especialmente la temporalidad– evidencian una situación de creciente feminización de la precariedad. Y es que la mayoría son mujeres, confirma Olego. "Aunque hay chicos, a las mujeres nos resulta más fácil, porque sufrimos el problema. A los hombres les cuesta más porque es algo ajeno", recalca.

Pero la labor de las agentes de igualdad no se reduce al ámbito público. También están presentes en sindicatos y otras trabajan por cuenta propia o en consultorías, impartiendo charlas, talleres o confeccionando planes.

Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, clama por que las agentes de igualdad estén presentes en las empresas. "Que sea parte de las secciones sindicales y que sean trabajadoras con formación específica en igualdad", dice. También pide que se certifique su formación, de manera similar a lo que ocurre con los delegados de prevención de riesgos laborales. Las agentes de igualdad son fundamentales para establecer la forma de "negociar planes de igualdad o protocolos contra el acoso", recuerda la sindicalista. Y aunque el peso de sus funciones empieza a ser comprendido, no habrá cambio real sin unas condiciones de trabajo dignas también para ellas.

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