La
Federación Plataforma Trans y el
Observatori Contra l'Homofobia de Catalunya han solicitado por escrito a la
Fiscalía General del Estado que investigue de oficio diversas actuaciones del partido
Vox y manifestaciones de sus dirigentes por si constituyen
"delitos de odio". "Si así fuese valorado a tener de la ley, exhortamos a que se proceda a la
ilegalización de la formación política Vox", exigen en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.
El escrito ha sido registrado en Fiscalía este miércoles antes de que la Fiscal General del Estado,
María José Segarra, recibiera a los presidentes de ambas organizaciones,
Mar Cambrollé y
Eugeni Rodríguez, que durante la reunión han detallado a la Fiscal General "las constantes y reiteradas actuaciones de la formación política Vox
en contra del colectivo LGTBI", y que suponen, en opinión de estas organizaciones, "una
vulneración de la
Constitución Española, de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales".
"El odio es odio y
no puede ser libertad de expresión", ha sentenciado Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, en la puerta de la sede de la Fiscalía ante los medios de comunicación. "Nunca pueden ser lícitos en un Estado de Derecho y democrático los discursos de odio porque tienen una incidencia social que se convierten en
agresiones en las calles y en
acoso en las escuelas", ha explicado.
En ese sentido, el presidente del Observatori Contra l'Homofobia de Catalunya, Eugenio Rodríguez, ha responsabilizado a la formación de
Santiago Abascal de "reforzar" un "
ideario" homófobo que promueve agresiones físicas contra personas LGTBI.
Para Rodríguez, en el "auge de las agresiones al colectivo LGTBI" en Cataluña, que casi alcanzan el
centenar este año según el recuento de su organización, ha incidido la irrupción de Vox. "Sin duda se está generando un cojín ideológico en el imaginario de muchos jóvenes que antes no tenía y que es un refuerzo para salir a inculcar los derechos de las personas LGTBI", ha asegurado.
"Las leyes no son una subasta"
En el escrito presentado en la Fiscalía General del Estado, las dos organizaciones enumeran las
peticiones de Vox en los parlamentos de Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid en las que solicitaban los nombres y apellidos de trabajadores de organismos contra la violencia de género, o de colectivos LGTBI que han impartido charlas sobre diversidad sexual y de género en centros educativos.
Además, la petición a la Fiscalía recuerda las "
manifestaciones públicas sobre la intención de abolir la
ley de violencia de género o de derogar las
leyes trans y LGTBI aprobadas en las diferentes comunidades del Estado español" que atribuyen a Vox, y que en opinión de estos dos colectivos suponen una vulneración de la Constitución española y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
"Las leyes no son una subasta. Los derechos son para siempre y no se pueden negociar ni quitar. Que Vox tenga muy claro que nos va a tener enfrente siempre y que no vamos a permitir que se discuta un ápice nuestros derechos", ha afirmado Eugeni Rodríguez.
Para la presidenta Federación Plataforma Trans, existen
"herramientas legales" para actuar contra Vox que la Fiscal General del Estado podría poner en marcha. Además, ha pedido a María José Segarra que "evalúe si es posible" la ilegalización de la formación ultraderechista o que inste al partido a
"modificar sus estatutos y conductas".
Discriminación en redes
Por su parte, la fiscal general del Estado ha expresado durante la reunión la "
permanente disposición de los miembros del Ministerio Público para
erradicar toda forma de discriminación en la sociedad, de manera especial en las
redes sociales", según un comunicado de la Fiscalía.
Esta tarea, apuntan desde la jefatura del Ministerio Fiscal, la realizan de forma específica los especialistas que integran las redes de Fiscales contra los delitos de odio y contra la discriminación, y también de Criminalidad Informática.
En el encuentro, la presidenta de la Federación Plataforma Trans ha transmitido a María José Segarra "las situaciones específicas de discriminación y vulneración de derechos de las
personas trans, menores incluidos, en el Estado español", según la Fiscalía General.
Parece increíble que cualquier político pueda decir en el Parlamento o en los medios cualquier salvajada, y no pasa nada. Pero si unos titiriteros, pintores, cantantes, hacen, dicen algo que ofende «la moral» de ciertos grupos, en seguida intervienen los fiscales y esa intervención a veces acaba con penas económicas o de cárcel.
Sin embargo, a ciertos políticos que dicen verdaderas aberraciones, no solo no les pasa nada sino que además les pagamos el sueldo ¡por decirlas! ¡Vivir para ver! ¿Todos somos iguales ante la Ley?, jjjjjjjjjjjjj. Osasuna.
Responder
Denunciar comentario
0
0