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Tribunales

La Fiscalía Anticorrupción pide imputar al BBVA como persona jurídica en el 'caso Villarejo'

  • El banco habría cometido un presunto delito de cohecho relacionado con una operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo
  • Según Anticorrupción, los servicios de Villarejo tuvieron por objeto el desarrollo de servicios de inteligencia "de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones

Publicada el 24/07/2019 a las 09:37 Actualizada el 24/07/2019 a las 12:23
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El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila.

EFE
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este miércoles al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la imputación como persona jurídica del BBVA por un presunto delito de cohecho relacionado con una operación de espionaje encargada en 2004 al comisario jubilado José Manuel Villarejo, han informado Europa Press.

Según el escrito presentado ante el magistrado que investiga el caso Tándem, la contratación por parte del BBVA dirigido por Francisco González de servicios prestados por el entramado empresarial del comisario jubilado tuvieron por objeto el desarrollo de servicios de inteligencia "de naturaleza patrimonial y carácter ilícito", además de seguimientos personales y acceso a comunicaciones que supusieron "múltiples" vulneraciones de derechos fundamentales de varias personas. Se imputa al banco, pues, por tres posibles delitos: cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios.

El Ministerio Público ha hecho pública este miércoles una nota informativa sobre su petición, en la que subraya la incompatibilidad de los encargos asumidos por el entramado empresarial Grupo Cenyt con la condición de funcionario policial en activo de José Manuel Villarejo. Por ello, solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 que requiera al BBVA y que sea requerida para designar especialmente a una persona que la represente y comparezca en dicha condición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

La prestación de los servicios de Villarejo habría implicado a juicio de los fiscales del caso "una reiterada injerencia en los derechos fundamentales de las personas mediante seguimientos personales y acceso a sus comunicaciones o a su documentación bancaria, lo que constituirían múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos".

Por otra parte, alguno de los directivos investigados, cuya identidad no se da a conocer al estar la causa secreta, habría percibido dádivas del entorno del Grupo Cenyt por facilitar tales contrataciones. Ello constituiría delito de corrupción en los negocios.

Esta pieza de la causa Tándem, la número 9, es muy compleja e incluye diversas operaciones entre ellas la denominada operación Trampa, el despliegue que habría orquestado el comisario para conseguir frenar el desembarco de la constructora Sacyr en el Consejo de Administración del banco. Según varias informaciones periodísticas, Villarejo facturó más de medio millón de euros a cambio de informes que incluían la monitorización de más de 4.000 teléfonos y seguimientos a periodistas, empresarios y políticos entre 2004 y 2005, incluido el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, personado como acusación en la causa.

Tras difusión de la existencia de aquellos negocios con Villarejo a principios de este año, el ya presidente de honor del BBVA Francisco González presentó su renuncia al cargo y la nueva presidencia encargó una auditoría y una investigación internas para esclarecer los hechos.

Igualmente se investiga a otras ocho personas por delitos cohecho activo y revelación de secretos en relación a los encargos que la entidad financiera habría realizado bajo presidencia de Francisco González.

Se trata de la sustituta del ex jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano —a quien el juez dejó en libertad bajo fianza de 300.000 el pasado 5 de julio pese a que se negó a prestar declaración sobre este asunto—, Inés Díaz Ochagavia; el consejero delegado de BBVA hasta 2015 Ángel Cano, el jefe de grupo en el equipo de Seguridad del banco Nazario Campo Campuzano; y el director de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero.

También están investigados el que fuera jefe de Riesgos para España y Portugal y después responsable de BBVA Real Estate Antonio Béjar González, al miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de la entidad financiera Ricardo Gómez Barredo y a su ex director de Finanzas, Javier Malagón Navas, que sigue vinculado al banco.

Afectación a áreas sensibles del banco

En su nota, la Fiscalía detalla que el análisis de la documentación en soporte papel y digital incautada en los registros practicados en el mes de noviembre del año 2017 y de la documentación aportada por BBVA acreditarían que la contratación y los pagos presuntamente ilícitos a la mercantil Cenyt, titularidad del entonces funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, afectaron a varias áreas sensibles del Banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado periodo.

En el informe presentado, la Fiscalía analiza de forma pormenorizada la concurrencia de los elementos que, con arreglo al artículo 31 bis del Código Penal, permiten trasladar a la persona jurídica la responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas físicas y descarta por el momento que la Entidad BBVA pueda ser considerada como perjudicada por los hechos investigados, por lo que ha interesado que se desestime su solicitud de personarse en la causa como acusación particular.

Respuesta del BBVA

Aunque desde BBVA no han querido hacer comentarios, fuentes de la entidad recuerdan que el actual presidente del banco, Carlos Torres, inauguró el lunes un blog para comunicarse con los empleados, llamado The Pulse, en el que hizo referencia a la investigación.

En la publicación, Torres reiteró su "firme compromiso" con el esclarecimiento de los hechos y con el cumplimiento de la ley y aseguró que la investigación interna que lleva a cabo la entidad "avanza a buen ritmo", si bien no podía desvelar ningún detalle por estar supeditada a la investigación judicial, todavía bajo secreto de sumario.

El presidente de BBVA también indicó que la entidad sigue "colaborando activamente" con la causa judicial y pidió "evitar prejuzgar hechos no constatados" mientras el asunto se resuelve.
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