El acuerdo de Navarra: 80 páginas de políticas públicas y ninguna 'amenaza' a la Comunidad Foral

La candidata del PSN a la Presidencia de Navarra, María Chivite, afronta este jueves la primera jornada de su debate de investidura con apoyo suficiente para ser elegida nueva presidenta de la Comunidad foral. Lo será el viernes, en segunda votación y por mayoría simple, gracias al respaldo de los 23 escaños que suman su partido (11), Geroa Bai (9), Podemos (2) e Izquierda-Ezkerra (1). En contra votarán los 20 diputados de Navarra Suma, la coalición formada por UPN, Ciudadanos y el PP, y dos de EH Bildu (22 en total). Los otros cinco representantes de la formación abertzale se abstendrán para facilitar la investidura de Chivite.

La candidata socialista cerró un pacto de legislatura con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra que incluye un Gobierno de coalición compuesto por trece departamentos: ocho encabezados por el PSN, cuatro por Geroa Bai y uno por Podemos. Izquierda-Ezkerra declinó integrarse en el Ejecutivo.

El acuerdo en cuestión, que no se ha negociado con EH Bildu ni lleva la firma de la formación abertzale, ha desatado una ofensiva por parte de UPN, Ciudadanos y PP. Acusan a los socialistas navarros de suscribir “un pacto inmoral" porque, aseguran, incluye a partidos ”cuyo objetivo es que Navarra desaparezca como comunidad foral y diferenciada dentro de España, para anexionarla a Euskadi y crear la llamada república vasca".

Lo cierto es que el acuerdo de gobierno no dice una sola línea sobre eso, más bien todo lo contrario. Uno de los diez ejes de acción política pactados para la legislatura (2019-2023) es precisamente “el respeto a nuestro modelo institucional y la defensa e impulso de nuestro autogobierno dentro de la legalidad y lealtad institucional, avanzando en la actualización de nuestros derechos históricos desde la responsabilidad y la solidaridad con el resto del Estado y partícipes en el proyecto de Europa, dotándonos de unas instituciones forales y locales útiles para los retos del presente y del futuro”.

Por si eso no fuera suficientemente claro, el apartado de los “contenidos mínimos programáticos”, incluido en las 80 páginas que detallan el acuerdo, compromete al Gobierno que forme María Chivite, con el respaldo de sus socios, a impulsar “el pleno desarrollo de las competencias establecidas en el Amejoramiento”, la ley sobre la que descansa la arquitectura política e institucional de Navarra, y a mantener “un compromiso inequívoco con los símbolos propios de la Comunidad Foral”.

El nuevo gobierno navarro, si se confirma la investidura de Chivite, se ha comprometido también a negociar “competencias no transferidas por el Estado, en particular tráfico y seguridad vial” y, “en el plazo de un año, investigación científica y técnica y sanidad penitenciaria”.

El acuerdo propone crear además una nueva Comisión Mixta Navarra-Estado que “asuma y amplíe” las funciones de la actual Comisión Coordinadora del Convenio Económico para incluir “labores de coordinación y de consulta previa a cualquier conflicto institucional y como foro donde se tratarán las relaciones económico-financieras entre Navarra y el Estado”. También defiende la modificación de la Ley del Convenio Económico así como la “actualización” de la aportación económica a fin de lograr “mayores cotas de autonomía en los tributos conveniados y salvaguardar la capacidad de Navarra para establecer nuevos tributos”. Siempre, eso sí, “con respeto a la Constitución, la Ley del Amejoramiento y la propia ley del Convenio”.

La vigencia del Amejoramiento

En relación con el Amejoramiento, la norma institucional básica de la Comunidad Foral, los partidos que han pactado la investidura se han comprometido únicamente a la “creación de una ponencia” en el Parlamento de Navarra que estudie su actualización “dentro del marco constitucional vigente”.

El detallado acuerdo suscrito por los cuatro partidos incluye además mecanismos de coordinación, desarrollo y seguimiento del pacto, e incluso una enumeración de “desacuerdos pactados”, temas en los que uno o más partidos rechazan propuestas de otros en relación con la educación, la política sanitaria, el empleo y el progreso económico, la fiscalidad, o el autogobierno.

En este último capítulo, el pacto aparca la propuesta de Izquierda-Ezkerra de reclamar la gestión de la Seguridad Social, tal y como recoge la Ley del Amejoramiento, así como la pretensión de Geroa Bai de reclamar la gestión de becas y ayudas estatales al estudio.

En materia lingüística, un asunto sensible en Navarra, donde una gran parte del territorio habla euskera y castellano, el pacto también excluye expresamente la pretensión de Geroa Bai de “establecer como objetivo y ámbito de especial incidencia el fomento del plurilingüismo”.

El acuerdo sí apuesta por impulsar “un amplio acuerdo social y político en torno al euskera, reflejo de la idiosincrasia y realidad socio-lingüística navarra, que responda a las necesidades y permita seguir siendo libres en la forma de relacionarnos y convivir con las lenguas habladas en la Comunidad Foral, alejando definitivamente al euskera del debate partidista, la confrontación y desterrando sentimientos de discriminación en la ciudadanía”.

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Mantiene también como “norma de consenso” la Ley Foral 1986 del Euskera y propone estudiar el modo de amparar “el uso y conocimiento del euskera por la ciudadanía de forma acorde con los principios de voluntariedad e igualdad de oportunidades”, además de poner en marcha medidas para favorecer su uso en las administraciones públicas de Navarra y fomentarlo en los medios de comunicación.

Las acusaciones de UPN contra los socialistas navarros — al denunciar su presunta connivencia con el supuesto “objetivo” de sus socios de que “Navarra desaparezca como comunidad foral”— se apoyan en la posibilidad de que el PNV —socio de Geroa Bai— pueda invocar algún día la Constitución española, cuya disposición transitoria cuarta posibilita un procedimiento para incorporar Navarra a la comunidad autónoma del País Vasco. Algo que no hizo durante los últimos cuatro años, en los que ocupó la Presidencia de la comunidad.

UPN —que presidió ininterrumpidamente el Gobierno de Navarra desde 1996 hasta 2015— nunca promovió reforma constitucional alguna para modificar esa previsión de la Carta Magna, que continúa estando en vigor y consagra la legalidad de la incorporación de Navarra al País Vasco si algún día así lo deciden la mayoría de los navarros mediante referéndum.