La Delegación del Gobierno en Ceuta ha cerrado a última hora de la mañana de este viernes en
155 el número de varones migrantes indocumentados de origen subsahariano que a las 7.00 horas ha conseguido
entrar en Ceuta superando el
doble vallado fronterizo español por su extremo norte en un tramo hasta el que no llega la tercera defensa con alambres con cuchillas desplegada
durante los últimos meses por Marruecos, informa Europa Press.
En el salto han participado unas
200 personas de origen subsahariano y
ocho, que
quedaron encaramadas en lo alto de la malla del espigón marítimo de Benzú, en aguas del Estrecho de Gibraltar, han sido
devueltas al país vecino inmediatamente aplicando la figura del
rechazo en frontera incluida en la última reforma legal.
El suceso se ha saldado con
16 extranjeros atendidos por heridas leves —uno ha sido evacuado hasta el Hospital Universitario con un
esguince de tobillo— y
11 guardias civiles han pasado por una clínica para recibir
asistencia sanitaria por "contusiones en brazos, manos y piernas". Uno, incluso, había sido alcanzado con "algún tipo de
líquido abrasivo" en los ojos, pero como el resto de funcionarios de la Benemérita, ha recibido el
alta a mediodía.
Los inmigrantes han llegado por sus
propios medios o han sido
trasladados por los vehículos de Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Inmigración de la
Cruz Roja hasta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), local en el que hasta ahora permanecían acogidas
500 personas, ligeramente por debajo de su
capacidad máxima operativa (512 plazas).
En el grupo no se encuentra
ninguna mujer y una parte del mismo parece conformado por
menores de 18 años, extremo que deberán corroborar las
pruebas de determinación de edad que se les practiquen en el marco de la instrucción de los expedientes sobre su situación administrativa en España.
La frontera terrestre de 8,2 kilómetros de longitud de Ceuta no era escenario de un intento de salto en grupo tan numeroso
desde el 22 de agosto del año pasado, cuando consiguieron acceder irregularmente a territorio español
116 personas. El Gobierno de Pedro Sánchez aplicó entonces un
Tratado de Readmisión de 1992 que propició la
expulsión de 113 de ellos a Marruecos en
24 horas —todos salvo
tres menores de edad—.
Ninguna de las fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press ha confirmado o descartado que esta vez se vaya a implementar o no un
procedimiento similar. Solamente han recordado que el texto de referencia establece que "la
solicitud de readmisión deberá ser presentada en los
diez días posteriores a la entrada ilegal".