La fiscal general advierte: todos tienen "la imperiosa obligación de acatar" la sentencia del 'procés'

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha advertido este lunes que "todos" tienen "la imperiosa obligación de acatar la sentencia" que dictará próximamente el Tribunal Supremo en la causa del procés independentista en Cataluña, "sea cual sea el sentido de la misma".

Ha defendido que la actuación del sistema judicial en este caso ha consistido en la "aplicación serena, firme y rigurosa de la Ley", con un juicio celebrado "bajo los más amplios estándares de transparencia, accesibilidad y garantías de las partes", lo que sólo puede ser interpretado como "la más viva afirmación" del Estado de Derecho.

La máxima responsable del Ministerio Público ha hecho estas manifestaciones durante su discurso ante el rey y las máximas autoridades judiciales en el acto formal de Apertura del Año Judicial celebrado este lunes en el Tribunal Supremo.

Entre los presentes, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la cúpula judicial encabezada por el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes; la práctica totalidad de miembros del alto tribunal y altos representantes de la Fiscalía, vocales del CGPJ y también integrantes del Legislativo como la presidenta del Congreso de los Diputados Meritxell Batet y varios miembros de esta Cámara.

Crítica con las decisiones de otros tribunales europeos

La Fiscalía General del Estado recoge en su Memoria Anual, difundida este lunes, la "sensación agridulce" que le ha quedado al contemplar las decisiones adoptadas con relación a Cataluña en determinados tribunales de otros países de la Unión Europea. Advierte de que la cooperación judicial internacional se basa en una confianza mutua que "puede quebrarse".

"Conviene reafirmar que la normativa sobre cooperación internacional descansa en el principio de confianza mutua. Y que esta confianza puede quebrarse cuando no se respetan los respectivos ámbitos competenciales, realizando tareas de valoración sobre el grado o intensidad de algunos elementos del tipo penal que, a nuestro juicio, exceden abiertamente de la tarea de control del cumplimiento de las formalidades necesarias para ejecutar las decisiones remitidas por las autoridades judiciales o fiscales de los países implicados", afirma.

Según la Fiscalía, a pesar de que ha habido "sintonía" con los fiscales de otros países de la Unión Europea en el abordaje del proceso secesionista en Cataluña, "no se ha visto reflejada en las decisiones adoptadas por determinados órganos judiciales", como ocurrió en la negativa a entregar al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont adoptada tanto en Bélgica como en Alemania.

Por último, incide en que la valoración "estrictamente jurídica" que llevó a Fiscalía a apreciar delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia, en función del tipo de participación de cada uno de los procesados de ambas causas se hizo "desde el más escrupuloso respeto al principio de presunción de inocencia".