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Doble cesión a Vox: PP y Cs crean el teléfono de "violencia intrafamiliar" y limitan las ayudas a la memoria histórica en Andalucía

Los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo (PP), y Economía, Rogelio Velasco (Cs), este martes tras el Consejo de Gobierno.

El Gobierno andaluz de PP y Cs dio luz verde este miércoles a dos medidas exigidas por su socio parlamentario, Vox. Por una parte, aprobó un acuerdo que insta a la Consejería de Igualdad a poner en marcha de un teléfono contra la "violencia intrafamiliar". El consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), insistió que la atención telefónica a la "violencia de género" no se suprime, sino que convivirá con este nuevo número. No obstante, el partido liderado en Andalucía por Alejandro Hernández –una vez Francisco Serrano ha perdido pie– se apunta una victoria semántica, ya que "violencia intrafamiliar" es el sintagma que opone a "violencia de género", cuya propia existencia niega. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ordenó a la Consejería de Cultura introducir una limitación extraordinaria a las ayudas concedidas a las asociaciones memorialistas. Ambas medidas están recogidas en el acuerdo suscrito por PP, Cs y Vox en junio a cambio del apoyo del partido ultraderechista a los presupuestos de 2019 –ya aprobados– y 2020 –en elaboración–.

La Consejería de Cultura deberá "modificar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para actividades de investigación, estudio y divulgación en materia de memoria democrática", según el acuerdo alcanzado por el Gobierno que preside Juanma Moreno (PP) con Juan Marín (Cs) como vicepresidente. Bendodo aclaró que la limitación debía consistir en limitar el gasto dedicado al funcionamiento "estructural" de las asociaciones un 20%. Pregundado acerca de si tenía constancia de irregularidades cometidas por estas asociaciones o casos de financiación de gastos estructurales con cargo a subvenciones destinadas a otros fines, no hubo respuesta. Sí afirmó que la "tendencia" debe ser ampliar este tipo de exigencias a todas las subvenciones, aunque no se comprometió al requisito del 20%, una novedad exclusiva para las asociaciones memorialistas.

"La tendencia debe ser que [las subvenciones] se utilicen especialmente y esencialmente para el fin para el que se dan", dijo Bendodo, pero sin aclarar si es que no había sido así ni si han sido las asociaciones de memoria las que han incumplido este principio básico del funcionamiento de las ayudas públicas. En realidad, lo que hay detrás de este acuerdo es una exigencia de Vox, un partido de cariz neofranquista cuyo líder, Santiago Abascal, culpa al PSOE de la Guerra Civil, y cuyo parlamentario Enrique Moltó ha declarado que el franquismo "no fue una dictadura". Vox, que tiene el movimiento memorialista en el punto de mira –igual que al feminista–, arrancó en el acuerdo presupuesto con PP y Cs el compromiso de no financiar más de un 20% de gasto estructural de las asociaciones con la subvención, lo que suponía una acusación sin pruebas de que ahora se hace así. El movimiento memorialista lo niega.

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El Consejo de Gobierno aprobó también la creación de "un servicio de atención telefónica destinado a las personas víctimas de violencia intrafamiliar", otra exigencia de Vox incluida en su acuerdo presupuestario. Bendodo insistió en que la Junta no abandona, sino que refuerza, la lucha contra la violencia de género. Pero el nuevo teléfono genera dudas y contradicciones. ¿De qué se va a encargar? Por ejemplo, de la violencia ejercida por "un hijo contra sus padres o abuelos", explicó Bendodo. El también portavoz del Gobierno andaluz –y mano derecha de Moreno– no aclaró qué aportará con respecto a los teléfonos ya existentes de mayores y del menor. Está por ver si el servicio lo prestan trabajadores públicos o hay que contratar a una empresa externa. Tampoco fue aclarado el coste que tendrá.

Estas cesiones a Vox se suman a la aprobada en la sesión del Gobierno andaluz de la semana pasada, cuando dio luz verde a la elaboración de una línea de ayudas para andaluces fuera de Andalucía que se vean afectados por políticas de inmersión lingüística, de forma que no pierdan su identidad cultural. La medida, incluida para contentar a Vox en el acuerdo presupuestario, no mencionaba a Cataluña, pero tiene en el punto de mira sus políticas de inmersión. La orden aún no está redactada. Lo que es seguro es que el Gobierno andaluz no ha incluido en el acuerdo inicial ninguna limitación del 20% para el gasto de funcionamiento de las asociaciones de andaluces en el exterior. Eso se reserva para las asociaciones de memoria, en el punto de mira de PP, Cs y Vox.

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