10N | Elecciones Generales

El PSOE se queda solo en su propuesta para evitar que la ausencia de mayorías conduzca a la repetición de elecciones

Sesión constitutiva del Congreso el pasado mes de mayo.

El debate sobre cómo resolver las investiduras sin necesidad de tener que volver a celebrar elecciones con apenas unos meses de diferencia ya se suscitó en 2016 cuando, después de los comicios del año anterior, los partidos políticos fueron incapaces de construir en el Congreso mayorías suficientes para sacar adelante la elección de un presidente del Gobierno. Sin embargo, una vez superado el problema, tras la decisión del PSOE de facilitar la investidura de Mariano Rajoy, en octubre de 2016, los partidos se olvidaron del asunto.

Hasta ahora. Aunque la relación de fuerzas no parece que vaya a facilitar ningún cambio sustancial que permita cambiar el sistema o, cuando menos, acortar los plazos.

En realidad, la única propuesta concreta ha sido la del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que el pasado julio, antes incluso de la primera investidura fallida, aseguró que “el primer acuerdo de país” que propondría a los grupos parlamentarios una vez reelegido sería la reforma del artículo 99 de la Constitución artículo 99 que fija el procedimiento para la investidura del presidente del Gobierno.

La apuesta de Sánchez pasa por trasladar al Congreso el sistema que ya se aplica en los ayuntamientos: si ningún grupo obtiene, en solitario o mediante pacto, mayoría absoluta o relativa se entrega directamente el bastón de mando de la Alcaldía al cabeza de lista de la candidatura más votada. De existir ese procedimiento, el líder del PSOE sería proclamado presidente del Gobierno sin necesidad de convocar nuevas elecciones y sin tener que negociar con ningún otro grupo parlamentario.

La reforma de la Carta Magna es una operación política complicada, no sólo por la necesidad de hallar una fórmula que satisfaga a una mayoría cualificada del Congreso sino porque, a juicio de muchos académicos y expertos en derecho constitucional, en los términos propuestos por Sánchez iría en contra del modelo parlamentario español, que fue diseñado para que cualquiera que desee ser elegido presidente deba buscar una mayoría suficiente en la Cámara que garantice cierta estabilidad durante la legislatura.

Quienes así piensan, recuerdan que no hay que perder de vista que el proceso de investidura en España es rígido porque también es rígido el de la moción de censura. Y no tiene sentido cambiar una fórmula sin tocar la otra.

Algunas voces, sin embargo, aseguran que es posible mejorar el modelo sin tocar la Constitución. Se trataría de acortar los plazos regulando por ley que cuando el jefe del Estado encomiende a un candidato presentarse a la investidura tenga que hacerlo en un plazo de tiempo limitado y concreto y no quede al albur de sus intereses como ocurre en la actualidad.

Los plazos para agotar la legislatura en caso de que no haya una investidura exitosa no empiezan a contar hasta que se celebra la primera votación fallida y esta no puede tener lugar hasta el candidato designado por el rey se decide a fijar una fecha de acuerdo con el presidente o presidenta del Congreso. De manera que establecer una fecha concreta para la primera sesión de investidura en el momento de la designación permitiría ganar algo de tiempo: entre la decisión del rey de encargar a Sánchez la investidura y la celebración del debate trancurrieron casi dos meses.

El papel del rey

Hay también quien apunta que no se está aplicando correctamente lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, entre otros José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Martín Pallín asegura que, aunque no lo ha hecho, en rigor el rey está obligado a tramitar “sucesivas propuestas”. Su decisión de no hacerlo, como ha ocurrido esta semana, está privando de sentido al debate en el Congreso al eliminar la posibilidad de que los grupos parlamentarios puedan alcanzar un acuerdo durante la sesión de investidura.

La fórmula que defendió Sánchez en julio difiere de la que su partido apuntó en febrero de 2017 y que pretendía modificar la Constitución aplicando la fórmula que ya rige en el País Vasco y en Asturias, de manera que cuando fracasasen las dos primeras votaciones –la primera exige mayoría absoluta y la segunda, simple–, ya no se podría votar “no”: solamente “sí” o “abstención”.

El PP también se ha declarado partidario de introducir elementos correctores pero sin tocar el mecanismo de investidura. Su presidente, Pablo Casado, llegó a sugerir “soluciones más pragmáticas” como la de implantar en España el modelo griego, que otorga una prima de 50 escaños al ganador de las elecciones.

De aplicar esa fórmula a los resultados de las elecciones de abril, el PSOE habría alcanzado la suma de 173 diputados en un Congreso de 400 diputados, a 27 escaños de la mayoría absoluta, lo que le habría permitido cerrar un acuerdo con Unidas Podemos sin necesidad de pedir el apoyo o las abstención de otros grupos.

Esta idea, sin embargo, no ha generado grandes apoyos entre los demás partidos ni por parte de expertos constitucionalistas que defienden la proporcionalidad que fundamenta el sistema político español y creen que introduciría una distorsión incompatible con la voluntad de los electores.

Unidas Podemos está en contra de ambas iniciativas, la de Pedro Sánchez y la de Pablo Casado, que consideran contradictorias con el modelo constitucional español, diseñado para que los grupos políticos lleguen a acuerdos en el seno de las Cámaras.

La formación morada quiere incluso, y así lo ha planteado en el Congreso, una reforma que haga aún más proporcional el sistema político español. Sin modificar los mecanismos de investidura.

“La sociedad española ha cambiado mucho en los últimos años. Se ha hecho más compleja, más diversa, y ello ha dado como resultado nuevos actores políticos”, precisaron a infoLibre fuente de Unidas Podemos. “Esto obliga a adaptarse a los nuevos tiempos”. Lo que hace falta, aseguran, es llegar a “nuevos pactos”, desarrollar “una nueva cultura del acuerdo”.

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En vez de eso, los viejos partidos tratan de “soslayar esta complejidad y regresar a la política en blanco y negro. Buscan una suerte de presidencialismopresidencialismoen lugar de corregir el grave déficit de proporcionalidad que aún tiene nuestro sistema electoral”.

Ciudadanos tampoco cree que el problema sea la mecánica de la investidura. “No parece haber otro problema más que la voluntad y el interés de Sánchez, y tampoco parece que haya que reformar nada cuando no se ha formado Gobierno porque Sánchez y Podemos no se pusieran de acuerdo sobre quién tenía las políticas activas de empleo. Hay que ser serios”, advierten. “En su delirio de grandeza, Sánchez plantea cambiar la Constitución porque es incapaz de ponerse de acuerdo con sus socios, como han hecho todos los candidatos del PSOE que en municipios y comunidades han pactado con Podemos y los nacionalistas”.

La conclusión, señalan fuentes de la formación naranja, es que “Sánchez es el tapón que está bloqueando España, el freno de mano que impide que España se ponga en marcha. No tiene apoyos para ser investido presidente y no parece probable que vaya a tenerlos para modificar la Constitución. No vamos a participar de las propuestas de Sánchez, porque son puro humo. Creemos que es más fácil cambiar a Sánchez que cambiar la Constitución. España funciona; quien no funciona es el candidato que es incapaz de llegar a acuerdos con nadie en seis meses”.

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