Memoria histórica

La Asociación de la Memoria denunciará al Estado si Franco sigue en el Valle o en suelo público

Imagen de archivo del Valle de los Caídos.

infoLibre

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha hecho público un comunicado este lunes en el que advierte de su intención de proceder judicialmente contra el Estado en el caso de que el Tribunal Supremo falle en contra de la exhumacion de Francisco Franco o si lleva sus restos a otro suelo público, como sería el cementerio de Mingorrubio en El Pardo, propiedad de Patrimonio Nacional, según informa Europa Press.

El anuncio lo realiza de cara a este martes, cuando una Sala de seis magistrados debe reunirse a partir de las 10.00 horas para tratar de resolver definitivamente este asunto. El colectivo, según recuerda en su nota, lleva años reclamando la salida de los restos del dictador de la Basílica del Valle de los Caídos, y asegura asegura que obligar a las víctimas de la dictadura a pagar con sus impuestos la tumba "es una forma de maltrato y una patología democrática", en palabras de su presidente, Emilio Silva.

Por ello considera que tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos del Valle de los Caídos en El Escorial (Madrid) para su posterior entierro en el cementerio de Mingorrubio "es el momento de que la democracia española demuestre que ha madurado y deje de financiar con fondos públicos monumentos que rinden homenaje a un dictador", añade.

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Señalan a un magistrado

Este colectivo, que lleva diecinueve años exhumando fosas comunes de personas asesinadas en el postfranquismo, lamenta que hasta el momento ni el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo no hayan tomado ninguna medida para apartar de la decisión sobre la exhumación al magistrado José Luis Requero, uno de los seis que mañana deliberarán sobre este asunto.

Le señalan por tener "una estrecha relación con uno de los bufetes de abogados que defiende los intereses de la familia Franco". "Hay que terminar con los privilegios de la familia del dictador y el Estado debería investigar el origen de su fortuna y luchar para recuperar todo aquello que sea de propiedad pública; ya haya sido expoliado, malversado o indebidamente apropiado", explica Silva en el comunicado.

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