PSOE y Adelante Andalucía reclaman a la Junta que frene el plan que regula la "reducción" de aulas públicas

La educación se ha convertido en el principal campo de batalla política en Andalucía. El PSOE y Adelante Andalucía (Podemos, IU y andalucistas) acusaron este jueves al Gobierno de PP y Cs de someter la educación privada a intereses privados y le pidieron que diera marcha atrás. El consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), calificó la acusación de "mantra". El detonante del conflicto es la tramitación de una reforma de los criterios de admisión de alumnos en centros públicos y concertados que permite, una vez finalizado el plazo de solicitudes, modificar el número de unidades –aulas– de los centros públicos para "adecuar la planificación educativa a la demanda de las familias", como publicó infoLibre. El decreto en marcha sujeta la planificación escolar a la "demanda social". La orden que lo desarrolla prevé una fórmula matemática para regular la "reducción" de aulas públicas en caso de escasa demanda. Dicha orden persigue también la "eliminación de las zonas de escolarización", según su memoria justificativa, que defiende la "libre elección" de centro escolar acorde con las "convicciones" de las familias.

La Consejería de Educación (Cs) asegura que la normativa no persigue el cierre de unidades públicas, sino "dar una mejor respuesta a la demanda social" y "facilitar la libre elección de centro". La oposición, no obstante, recalca que la reforma, pendiente de aprobación, es fruto de un consenso de PP y Cs con su socio parlamentario, Vox, partidarios los tres de situar el modelo andaluz en sintonía con la Lomce, que consagra el principio de "demanda social", un precepto que beneficia a la educación privada concertada en detrimento de la pública y coincide con lo que reclaman la Conferencia Episcopal, Escuelas Católicas y la organización de padres católicos Concapa.

El debate eclosionó este miércoles en el pleno del Parlamento andaluz. La parlamentaria socialista Carmen Dolores Velasco acusó a Imbroda de "fomentar los colegios concertados, favoreciendo lo privado en detrimento de lo público", que la consejería prevé "desmantelar", dijo, acusando directamente a Imbroda de "favorecer negocios privados". "Mienten cuando hablan de libre elección de centro, porque es básicamente imposible. Lo que van a hacer es fomentar la desigualdad. Al final, el centro privado concertado es el que elige al estudiante. Esto va a generar conflictos, competición entre familias y centros, no cooperación, como debería ser", añadió

José Ignacio García, portavoz adjunto de Adelante Andalucía, acusó a Imbroda de impulsar una reforma acordada con la "extrema derecha" para someter la educación andaluza a la "lógica del mercado" y al interés de las "empresas". "Ocasionará segregación, dejará la escuela pública en una posición subsidiaria", afirmó. García incidió en un artículo de la orden, el 4.5, que resulta clave al establecer que la Junta podrá "modificar el número de unidades autorizadas en los centros docentes públicos, con objeto de adecuar la planificación educativa a la demanda de las familias". A juicio del parlamentario de Adelante, esto supone "institucionalizar la eliminación de líneas públicas". García pidió a Imbroda que parase la tramitación de la nueva normativa.

"Eficiencia"

Imbroda afirmó que la reforma que impulsa su consejería "conjuga avanzar en la libertad de elección de centro con el acceso de todo el alumnado en condiciones de igualdad y calidad", al mismo tiempo que con un "principio de eficiencia en el uso de recursos públicos". Imbroda negó que vaya a haber "selección social" o "segregación". "Piense –le dijo al diputado de Adelante Andalucía– que en el presente curso el 97% de las familias consiguió la admisión en alguno de los centros elegidos". La intención de la reforma, afirmó, es satisfacer "demandas históricas" como la del reagrupamiento de hermanos. Imbroda afirmó que las acusaciones de "desmantelamiento" de la educación pública a costa de la privada eran "mantras" y "latiguillos" que se demostrarán falsos.

En su pregunta al presidente de la Junta, que tuvo lugar este jueves en el marco del pleno andaluz, Susana Díaz también eligió la educación como tema central. "Diga cuál es su modelo", le dijo al presidente, Juanma Moreno (PP). Moreno cargó contra la gestión socialista de la educación durante sus 37 años de gobierno en Andalucía.

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Objeciones iniciales

En el origen de la tramitación de la nueva normativa, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación formuló objeciones a los poderes que otorgaba a la Junta para cambiar el número de unidades, al considerar que dejaban un "excesivo" margen de discrecionalidad.

Estas objeciones llevaron a la consejería a rebajar ese margen en los borradores de decreto y orden actualmente en tramitación. Imbroda aseguró, a este respecto, que las observaciones técnico-jurídicas planteadas están incluidas en el texto y que la normativa no genera "inseguridad jurídica".