El tribunal que juzgará la 'caja B' del PP afronta su noveno cambio cuando ni se conoce la fecha del juicio

La exclusión del magistrado progresista José Ricardo de Prada, recusado por el PP y por su extesorero Luis Bárcenas y apartado este viernes del enjuiciamiento sobre la caja B del PP, ha sumido al tribunal en la obligación de cambiar su composición por novena vez cuando ni siquiera se conoce aún la fecha del juicio. Este periódico no ha localizado ningún precedente de tribunal sujeto a tantas variaciones.

El primer cambio, fechado en enero de 2016, fue el derivado del apartamiento de la actual presidenta de la Sala Penal de la Audiencia, Concepción Espejel, y del ahora consejero de Justicia del Gobierno de Madrid, Enrique López. Ambos quedaron fuera de juego por su cercanía al PP, extremo que la formación conservadora negó en los dos casos. A partir de ahí no hubo ningún otro movimiento hasta diciembre de 2017, un mes después de que hubiese finalizado el macrojuicio de Gürtel, cuya sentencia es la que confirma la existencia de una caja B en el PP. Es esa conclusión tajante sobre la contabilidad paralela del PP lo que la Sala Penal aduce ahora como motivo para aceptar la recusación de De Prada.  

Por solo un voto de diferencia (ocho a siete), la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado apartar a De Prada al entender que ya se ha pronunciado sobre el asunto que centrará el juicio de una parte de los llamados papeles de Bárcenas: los –supuestos– pagos en negro con dinero de la caja B. Lo que irá a juicio serán los abonos supuestamente opacos que hizo el PP para la reforma de su sede central de Génova. Y lo que sigue en instrucción, fase a la que regresó tras la confesión de Francisco Correa, es si adjudicatarios de grandes contratos públicos financiaron al PP con donaciones –o mordidas– en dinero negro.

Juristas consultados por infoLibre coinciden en que si bien cabe aceptar que puede generar dudas en cuanto a la apariencia de imparcialidad la presencia de De Prada en el tribunal que declaró al PP beneficiario económico de los manejos de la trama Gürtel, lo sucedido ahora abre interrogantes por cuanto "muchas veces" los mismos jueces han juzgado hechos conexos en casos de terrorismo. O en otras materias: "El mismo tribunal que juzgó las tarjetas black ha juzgado ahora la salida a bolsa de Bankia", ejemplifica una de las fuentes consultadas.

¿Alienta la salida de De Prada las esperanzas del PP de lograr en los papeles de Bárcenas una sentencia que contradiga la rotundidad de la resolución dictada en mayo de 2018 tras el primer macrojuicio de Gürtel y que provocó la caída de Mariano Rajoy? ¿Aumenta esto las bazas del partido de Pablo Casado en lo que al recurso ante el Tribunal Supremo se refiere? Expertos sondeados por este periódico creen que la respuesta a la primera pregunta es afirmativa y dudan de que se produzca un efecto dominó en el alto tribunal.

De Prada afrontaba una segunda recusación que no ha prosperado: esta vez por 10 votos a su favor frente a cinco en contra, la Audiencia se ha inclinado por mantenerlo en el tribunal que juzgará otra de las piezas pendientes de Gürtel, la de las actividades de la trama en el municipio madrileño de Boadilla, epicentro del caso y donde en febrero de 2009 se produjeron las primeras detenciones.

Bestia negra del PP, que le considera autor de las afirmaciones más crudas de la sentencia de mayo de 2018, a De Prada ya había intentado recusarlo Bárcenas. Pero su solicitud ni siquiera llegó a tramitarse y fue desechada en junio de ese año porque el magistrado se había marchado en comisión de servicio al organismo heredero del tribunal penal de La Haya.

Baile de magistrados

Ahora, su apartamiento constituye el último paso en un vertiginoso y alambicado baile de magistrados que se disparó a partir del final del primer macrojuicio de Gürtel. Fue en ese momento, diciembre de 2017, cuando la sala de gobierno de la Audiencia modificó el reparto de las piezas pendientes de Gürtel. Y donde hasta entonces estaba el magistrado Julio de Diego situó a Juan Pablo González.

De Diego, que no participó este viernes en la deliberación sobre De Prada porque se encontraba fuera de Madrid por asuntos privados, era el magistrado cuyo voto forzó la comparecencia de Mariano Rajoy como testigo. Y Juan Pablo González terminó recusado y apartado por su cercanía al PP. Ahora preside la Audiencia de Madrid.

La salida de González ocurrió en abril de 2018. Por entonces se fraguó otro cambio más: la marcha de De Prada a Holanda condujo a la entrada en el tribunal de la magistrada María Riera, que desde su anterior puesto en la Audiencia de Madrid había formado parte del tribunal que archivó la investigación sobre los pagos de Rodrigo Rato al banco Lazard. 

En julio de 2018, volvió a escena Ángel Hurtado, el magistrado que había presidido el macrojuicio de Gürtel y que se había quedado solo frente a De Prada y De Diego en lo que al papel del PP se refiere. Hurtado se convirtió en el ponente del futuro juicio de los papeles de Bárcenas. Pero su nueva posición fue más que efímera. En septiembre pidió el traslado y abandonó la sección segunda de la Sala Penal, que es la encargada de los juicios de Gürtel.

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En noviembre, el hasta entonces juez de instrucción central Fernando Andreu, considerado del sector progresista, se incorporó a la Sala Penal y tomó el relevo a Hurtado como ponente de los papeles de Bárcenas. El PP no tardó en recusarlo. Pero fracasó, aunque al final vio cómo Andreu desaparecía de la hoja de ruta de los papeles de Bárcenas: porque en marzo de este año la Audiencia lo reemplazó por María Fernanda García, que acababa de llegar a la Audiencia Nacional en comisión de servicio procedente de la sala de gobierno del TSJ andaluz, a la que había ascendido en representación de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

Al mes siguiente, regresó a la Audiencia De Prada, cuya reincorporación había frenado meses antes el Consejo General del Poder Judicial  (CGPJ) y que había formado parte de la lista de candidatos progresistas al órgano de gobierno de los jueces en el frustrado pacto PSOE-PP que en noviembre de 2018 terminó dinamitado. El pacto voló cuando salió a la luz aquel sms del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que presentaba como juez bajo control de su partido al presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, llamado a presidir el CGPJ. Marchena rompió amarras y renunció a ocupar ese puesto.

La vuelta de De Prada derivó en la salida de María Riera. Fue el octavo cambio en el tribunal. Ahora, su exclusión se ha convertido en el noveno movimiento de sillas aun a falta de saber quién lo sustituirá en el tribunal de la caja B del PP.