El juicio del 'procés'

Lo que PP, Cs y la derecha mediática dijeron después de que la Abogacía acusara por sedición y no por rebelión

La esperada sentencia del procès llegó este lunes cuatro meses después de que el juicio quedara visto para sentencia. Los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo siguieron el criterio que en noviembre de 2018 marcó la Abogacía General del Estado: los líderes independentistas cometieron sedición, no rebelión, como sostuvo la Fiscalía General del Estado. Por este motivo, las peticiones de los servicios jurídicos del Estado solicitaban penas inferiores a las del Ministerio Público: 12 años para Junqueras por sedición y malversación; 11 años y medio para Forn, Turull, Rull, Romeva y Bassa por sedición y malversación; 10 años para Forcadell por sedición y 8 años para Sànchez y Cuixart (los conocidos como "los Jordis") por sedición. Un criterio que, en su momento, fue duramente criticado por PP y Ciudadanos. Y también por algunos medios de comunicación como El Mundo, ABC o La RazónEl MundoABCLa Razón, que utilizaron sus editoriales para acusar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de someter a la justicia a los intereses del independentismo catalán por una conveniencia puramente política.

La diferencia de criterio entre Fiscalía y Abogacía radicaba en la apreciación de violencia. Según el artículo 544 del Código Penal y siguientes, incurren en sedición quienes se alcen "pública y tumultuariamente para impedir por la fuerza" la aplicación de las leyes y el normal funcionamiento del Estado. Es decir, fuerza sí, resistencia también, pero violencia no. La rebelión (artículo 472 y siguientes del Código Penal), en cambio, es el "alzamiento violento y público" contra la Constitución, para la declaración de la independencia de un territorio, para despojar al rey de sus prerrogativas o para la sustitución de un gobierno por otro.

Cuando la Abogacía acusó de sedición, las reacciones políticas y mediáticas fueron virulentas. El presidente del PP, Pablo Casado, acusó al Ejecutivo de humillar a España. A su juicio, el Gobierno había forzado a la institución "a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar de rebelión a los golpistas". "Sánchez está inhabilitado para seguir al frente del Gobierno y debe convocar elecciones ya", llegó a afirmar a través de su cuenta de Twitter.

 

Pero las críticas de los conservadores no se quedaron ahí. De hecho, trascendieron al líder del partido. Su secretario general, Teodoro García Egea, aseguró en declaraciones a los medios durante un acto celebrado en Málaga el 2 de noviembre, que Sánchez era un "preso y rehén de los independentistas, a los que continuamente se esfuerza en contentar". En este sentido, aseguró que el secretario general del PSOE estaba "más preocupado por hacer gestos" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que por hacer gestos a los españoles, "que esperan un Gobierno que gobierne libre de ataduras". "Es una mala noticia que Sánchez esté más pendiente durante el día de contentar a Torra, a Puigdemont y a Junqueras que de hacer unos presupuestos que bajen impuestos, como el de sucesiones y donaciones o la cuota de autónomos, y que creen empleo y prosperidad para España", aseveró.

Para "atrincherarse" en Moncloa

Ciudadanos, por su parte, defendió la tesis de que si la Abogacía del Estado había decidido acusar de sedición y no de rebelión era por instrucciones de Sánchez, que pretendía a toda costa mantener los apoyos necesarios para continuar en la Moncloa. En este sentido, el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, acusó al presidente del Gobierno de utilizar "el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia". "Lo hará para indultarles si les condenan en los tribunales. Impunidad a cambio de apoyo: inmoral", añadió. Y, al igual que Casado, pidió elecciones.

 

Su compañera de partido, Inés Arrimadas, también criticó lo que calificó de "llamada de gracia" del líder del Ejecutivo, del que aseguró que sólo buscaba "estar un cuartito de hora más en Moncloa". "No se puede permitir que aquellos que dieron un golpe contra la democracia, que han roto familias y grupos de amigos, que han empobrecido Cataluña, tengan encima la llamada de gracia del Gobierno de España para intentar que la Abogacía del Estado rebaje la acusación", incidió. Según aseguró, su partido "va a respetar siempre que los ciudadanos sean iguales ante la ley […]. Queremos que los golpistas en Cataluña no tengan ese comodín de la llamada para favorecerles porque les necesita para seguir en Moncloa", advirtió.

A finales de noviembre, el Gobierno decidió destituir al abogado del Estado Edmundo Bal, uno de los partidarios de apostar por la rebelión y no por la sedición. Y desde Ciudadanos este movimiento fue muy criticado. Tanto, que registraron una petición de comparecencia de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para explicarlo. "Sánchez está poniendo al Estado al servicio de los golpistas para poder atrincherarse en la Moncloa. Y purga sin pudor a todo aquel que se oponga a esta humillación nacional. Este es otro escándalo más en los meses de sanchismo en el poder", criticó Rivera.

 

Edmundo Bal, precisamente, fue uno de los más críticos con la posición de la Abogacía, después de entrar en política como cargo de Cs. En una entrevista concedida a Okdiario, el ya exabogado del Estado aseguró que la institución escribía "una de sus páginas más tristes" al no ver rebelión. Según lamentó, los servicios jurídicos del Estado estaban siendo utilizados "por el Gobierno de Sánchez para decir que no existió lo que todos vimos que sí pasó". La misma tesis que defendió ante los micrófonos de Onda Cero: "Cuando tú has visto unos hechos, que el juez también ha visto en la instrucción, y te dicen que no puedes ponerlos en el escrito de acusación, que pases por encima de ellos… Yo obedezco, pero ese escrito ya no es mío", criticó. Al poco de ser destituido, Ciudadanos le fichó para concurrir como 'número cuatro' de la lista de la formación naranja al Congreso por Madrid.

Críticas desde los editoriales de los medios de comunicación

Pero las críticas no sólo llegaron desde la política, sino también desde los medios de comunicación. El Mundo, ABC y La Razón amanecieron el 3 de noviembre con editoriales sobre la decisión de la Abogacía del Estado. Y todos ellos, sin excepción, criticaron duramente la decisión. 

El Mundo publicó un artículo titulado Sánchez socava las bases del Estado español de derecho, lo que ya evidenciaba cuál era el contenido del editorial. "El Gobierno consumó ayer uno de los mayores ataques al Estado de derecho que se recuerda en los 40 años del régimen constitucional que se inicia en 1978 y que estamos en vísperas de celebrar", comenzaba. "Con las indicaciones políticas a la Abogacía del Estado para que cambiase su criterio en el escrito de acusación a los encausados en el procès [...], el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado en suspenso, para regocijo de los golpistas y de sus apoyos fuera de España, el principio esencial de toda democracia: la separación de poderes". Además, al igual que desde el PP y Cs, el diario sostuvo que el líder del Ejecutivo provocó la decisión de la institución para poder continuar sostenido en los partidos independentistas que le apoyaron en la moción de censura a Mariano Rajoy y que, por ello, debía convocar elecciones. "Debido a la forma en que el líder socialista llegó a la Moncloa, le ha obligado a claudicar ante el Govern rebelde", publicó el periódico. "En sólo cuatro meses, Sánchez ha perdido su legitimidad y debe convocar elecciones cuanto antes", sentenció. 

Bajo el título Justa acusación, sonrojo para Sánchez, ABCABC sostenía la misma idea. "Si Sánchez buscaba el favor de los nacionalistas sin dejarse crédito en el camino, con la manipulación de la Abogacía del Estado tiene todo el descrédito y ningún favor político, pues ayer mismo Torra negaba el apoyo de los separatistas a los Presupuestos", opinó el periódico. Contra la Abogacía, la Fiscalía había actuado "con coherencia jurídica", por lo que la "blanda acusación" de los servicios jurídicos del Estado fue "la manifestación escandalosa del uso partidista que está dando el Gobierno a una institución respetable y esencial". 

La Razón, por su parte, también sostuvo la misma tesis. En su editorial titulado El Gobierno desprecia a la Justicia para dar aire a los golpistas, el diario defendió que la decisión de la Abogacía, de la que hacía artífice a la ministra Delgado, era "un cambio de criterio" que rozaba "el fraude procesal y, por lo tanto, provocaría indefensión". Y volvía a relacionar la decisión de la institución con la supuesta fragilidad de un Ejecutivo apoyado por fuerzas políticas independentistas. "Como en otras actuaciones del actual Gobierno socialista, estamos ante una decisión de orden legal dudosa, fruto, sin duda, de la debilidad parlamentaria del Ejecutivo", criticó el periódico. "Pocos ejemplos más claros de presión gubernamental sobre la labor de los magistrados", sentenció.

Este lunes, los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo decidieron, por unanimidad, fallar en consonancia con la acusación de la Abogacía.

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