La sentencia del Supremo no es el final: los juicios pendientes por el 'procés'

La decisión del Tribunal Supremo de condenar a los nueve líderes independentistas a penas que oscilan entre los 9 y los 13 años de prisión por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos ha vuelto a reactivar la movilización en Cataluña. Unas protestas que terminaron descontrolándose durante la noche del martes y que han obligado al Gobierno central a tomar la iniciativa. Primero, emitiendo un comunicado en el que criticaba que “una minoría” estaba “queriendo imponer la violencia en las calles de las ciudades catalanas” y afirmaba que su intención “es y será en todo momento garantizar la seguridad y la convivencia” en Cataluña siguiendo, si es preciso, su “compromiso de firmeza, proporcionalidad y unidad”. Y segundo, convocando reuniones bilaterales entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y los líderes de los otros tres principales partidos políticos –PP, Unidas Podemos y Ciudadanos–. Porque para Moncloa “es evidente que no estamos ante un movimiento ciudadano pacífico, sino coordinado por grupos extremistas que utilizan la violencia en la calle para romper la convivencia”.

Pero lejos de amainar, la tormenta parece que puede prolongarse durante meses. Porque la sentencia del procés, a pesar de ser la más esperada, no pone fin a la extensa lista de procesos judiciales derivada de aquel otoño independentista de 2017. Todavía tiene que resolverse la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el major de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero por un delito de rebelión, una acusación que la Fiscalía podría modificar tras la sentencia del Tribunal Supremo. También están a la vuelta de la esquina los juicios contra los exmiembros de la Mesa del Parlament acusados de desobediencia y contra el president de la Generalitat, Quim Torra, por no acatar las órdenes de la Junta Electoral Central durante la campaña de las municipales del pasado mes de mayo. Hasta aquí, las vistas orales que ya tienen fecha. Sin embargo, los tribunales también están investigando la logística del referéndum del 1-O, las cargas policiales en los centros de votación, el papel que jugaron los Mossos o los movimientos de varios alcaldes independentistas de cara a la consulta.

  La ‘rebelión’ de los Mossos

La batalla judicial más importante tras la resolución del Alto Tribunal se librará en Madrid. El próximo 20 de enero dará comienzo en la Audiencia Nacional el juicio contra Trapero y la antigua cúpula de los Mossos d’Esquadra por el referéndum del 1 de octubre en Cataluña. El tribunal, que estará compuesto por los magistrados Concepción Espejel, Francisco Javier Vieira y Ramón Sáez Valcárcel, juzgará tanto al major como al exdirector del cuerpo policial Pere Soler, al exsecretario general de la Consellería de Interior Cèsar Puig y a la intendente Teresa Laplana. Los tres primeros están acusados por la Fiscalía de un delito de rebelión, mientras que en el caso de la última la tipificación se rebaja a sedición. El Ministerio Público pide 11 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo periodo para Trapero, Soler y Puig y 4 años de cárcel para Laplana –además de cinco años de inhabilitación especial para empleo público como Mosso–. A diferencia de la causa seguida en el Supremo, en la de la Audiencia Nacional no acusa la Abogacía del Estado.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que durante los meses de septiembre y octubre de 2017 todos ellos “constituyeron una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista”. A Trapero, al que como a Soler y Puig atribuyen rebelión en calidad de “mandos subalternos” –por eso las peticiones de pena reducidas por este tipo–, le acusan, entre otras cosas, de diseñar “de forma deliberada” unos mecanismos de actuación “que impidieron que los agentes de los Mossos d’Esquadra pudieran cumplir” con las instrucciones de Fiscalía y las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). “Además, por su relación con los políticos independentistas empleaba su máxima autoridad para informar de las investigaciones policiales y judiciales que se estaban realizando”, prosigue el escrito presentado por el Ministerio Público.

La defensa de Trapero, por su parte, ha señalado que su representado “no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido” la estrategia llevada a cabo por la Generalitat y el Parlament e insiste en que el major desarrolló su actuación durante el otoño independentista “desde el más riguroso respeto al orden jurídico constitucional”. Trapero ya se pronunció en esos términos durante su declaración como testigo en el Supremo, que en su resolución señaló que durante el 1-O se pudo ver “complicidad e incluso connivencia” entre agentes de los Mossos y votantes. Sin embargo, la decisión del Alto Tribunal de descartar el delito de rebelión en el caso de los dirigentes independentistas enjuiciados puede terminar llevando al Ministerio Público a modificar su calificación hacia la sedición, algo que puede hacer hasta el momento de presentar sus conclusiones finales. Si no lo hace y la Audiencia Nacional aprecia sedición y no rebelión, Trapero podría ser absuelto porque el principio acusatorio impide que se condene a un acusado por un delito diferente al que le ha atribuido la acusación.

  La desobediencia de la Mesa del Parlament y Torra

La segunda causa relacionada con el procés que se resolverá en los próximos meses es la que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra los cinco exmiembros de la Mesa del Parlament –Anna Simó, Simona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó y Joan Josep Nuet– y la exdiputada de la CUP Mireia Boya. Aunque fueron procesados en un primer momento por el Supremo, finalmente el Alto Tribunal decidió que el órgano competente para juzgarles debía ser el catalán. Todos ellos se sentarán, entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre, en el banquillo por un delito continuado de desobediencia grave. A los exmiembros de la Mesa se les acusa de haber permitido la tramitación de leyes relacionadas con el procés a pesar de las advertencias del Constitucional. A Boya, la atribuyen la presentación de la Ley de Transitoriedad. La Fiscalía pide penas de 1 año y 8 meses de inhabilitación, mientras que la Abogacía solicita el mismo castigo para Corominas, Simó, Guinó y Barrufet y un año y cuatro meses de inhabilitación para Nuet y Boya.

El president de la Generalitat, Quim Torra, también será juzgado por desobediencia en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La vista oral se celebrará el próximo 18 de noviembre, después de que el órgano judicial decidiera cambiar la fecha prevista inicialmente –25 y 26 de septiembre– para poder resolver la recusación planteada por la defensa del líder del Ejecutivo catalán contra dos de los tres magistrados encargados de juzgarle, un movimiento que fue finalmente rechazado por el TSJC. El president se tendrá que sentar en el banquillo de los acusados por desatender las resoluciones de la Junta Electoral Central durante la campaña de las municipales de mayo, en las que se le ordenaba retirar de los edificios públicos esteladas y lazos amarillos. Por ello, el Ministerio Público pide para él una multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos, “ya sean de ámbito local, autonómico, local o europeo”, y para el ejercicio de funciones de gobierno durante un año y ocho meses.

  La logística del 1-O

Otro de los asuntos que está sobre la mesa de los tribunales es el de la preparación del referéndum del 1-O. El procedimiento arrancó en febrero de 2017 a raíz de dos denuncias interpuestas por el partido ultraderechista Vox y el abogado Miguel Durán por unas declaraciones del exsenador de ERC y juez Santiago Vidal en las que afirmaba que la Generalitat contaba con “todos” los datos fiscales de los catalanes, con una partida en los Presupuestos para el referéndum y con un listado de jueces cercanos al independentismo para poner en marcha “la estructura judicial de la República”. En un primer momento, el titular del juzgado, Juan Antonio Ramírez Sunyer, centró las pesquisas sobre el exsenador de Esquerra y el expresidente del Consell Nacional para la Transición Carles Viver i Pi Sunyer. En ambos casos, sospechaba que participaron en la creación y desarrollo de las denominadas estructuras de Estado. Fue en el marco de esta causa en la que se produjeron los registros del 20 y 21 de septiembre de 2017, que derivaron en multitudinarias protestas.

El pasado mes de abril, la actual titular del juzgado, Alejandra Gil, decidió procesar a una treintena de personas por la organización de la consulta. Antiguos y actuales altos cargos de la Generalitat, empresarios o periodistas a los que se les atribuyen los delitos de desobediencia, falsedad, revelación de secretos, prevaricación o malversación, que el Supremo consideró acreditada en varios departamentos del Govern. El auto de procesamiento recogía que los encausados fueron “conscientes de la ilegalidad de las actuaciones” encaminadas a la celebración del referéndum y que desde sus competencias se llevaron a cabo “actuaciones” y se dictaron “resoluciones” con las que “dispusieron de fondos públicos” para sufragar el referéndum. Además, aseveraba que existió un “plan común” y que los acusados “contribuyeron de manera decisiva”. El juicio todavía no tiene fecha. Y se está a la espera de que la Audiencia de Barcelona resuelva el recurso interpuesto por la Fiscalía, que intenta que a los acusados se les pueda atribuir también organización criminal.

Los tribunales están investigando, además, el papel que jugaron en la logística del referéndum el ex secretario general de la Vicepresidencia de la Generalitat Josep María Jové o el ex secretario de Hacienda Lluís Salvadó. En este caso, las pesquisas están a cargo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña debido a su condición de aforados como diputados de Esquerra en el Parlament. Fue en el registro del domicilio de Jové donde la Guardia Civil se incautó de la famosa agenda Moleskine y el documento denominado Enfocats. La pequeña libreta, no reconocida por el encausado, contenía supuestas reuniones mantenidas entre febrero de 2015 y noviembre de 2016 por los principales impulsores de la hoja de ruta independentista. Enfocats, un apócrifo power-point, fue definido por la Fiscalía en su escrito de acusación contra los doce enjuiciados en el Tribunal Supremo como “una auténtica guía del desarrollo del procés.

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A la espera de juicio se encuentran también los cinco miembros de la Sindicatura Electoral que el Parlament designó para la consulta del 1-O. La Fiscalía ha solicitado para todos ellos una pena de dos años y nueve meses de prisión por desobediencia grave y usurpación de funciones y, alternativamente, ha pedido que se les castigue sólo por desobediencia a una sanción de 5.400 euros e inhabilitación para cualquier puesto que “responda a un nombramiento discrecional efectuado por una administración pública”. En su escrito, el Ministerio Público recalca su “inquebrantable” voluntad de “ignorar los acuerdos y los requerimientos efectuados por el TC”. En este sentido, recuerda que a pesar de que el Constitucional suspendió el referéndum y notificó a los acusados de su deber de impedir iniciativas que supusieran eludir su orden y de abstenerse de proceder al nombramiento de los miembros de las sindicaturas electorales de la demarcación, se terminó publicando el anuncio de designación de los vocales de Aran, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

Bajo la lupa de los tribunales se encuentran, además, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Mossos d’Esquadra. Los primeros, por las cargas del 1-O. Los segundos, por su supuesta inacción a la hora de impedir la votación. La principal causa se encuentra en el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, donde más de sesenta policías nacionales se encuentran investigados y en la que ya han declarado como testigos tanto el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto como el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Estas cargas también están siendo analizadas, por ejemplo, en el Juzgado de Instrucción número 2 de Girona. En cuanto al papel de los Mossos, continúan investigados varios comisarios que formaban parte de la cúpula del cuerpo policial autonómico durante el 1-O en un juzgado de Cornellà, al igual que la actual número dos de los Mossos, investigada por un juzgado de Sabadell.

Abierto sigue, también, el frente judicial que toca de lleno a varios alcaldes independentistas. En septiembre de 2017, el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó a las fiscalías de Cataluña que abrieran diligencias de investigación a los regidores de los 712 municipios catalanes que aparecían en la lista de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) como firmantes del decreto en el que se comprometían a poner a disposición del Govern sus locales para la celebración de la consulta. Finalmente se incoaron investigaciones en unos 60 casos, pero en muy pocos casos los alcaldes han terminado siendo imputados. Uno de ellos ha sido Maties Serracant, el exalcalde de Sabadell. También la exregidora de Figueres Marta Felip. En este último caso, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 del municipio gironés acordó el pasado mes de septiembre mantener la causa contra la exalcaldesa por un delito de desobediencia por abrir los colegios durante la jornada de la consulta. “Existen indicios bastantes y suficientes”, señalo el juez.