Sánchez ve cumplido su compromiso más simbólico tras 16 meses de batalla judicial

Al Gobierno le ha costado un año, cuatro meses y siete días cumplir la promesa de Pedro Sánchez de sacar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco para que ese recinto deje de ser, 44 años después de su muerte, un lugar de culto y enaltecimiento del franquismo.

Casi 500 días de batalla legal —mucho más complicada de lo que el presidente previó en su momento, según él mismo confesó en una ocasión a un grupo de periodistas— que concluyen este jueves con una exhumación que, pese a la sobriedad con la que ha sido diseñada, se convertirá en el foco de atención de los medios de comunicación de medio mundo.

El equipo de Sánchez filtró al diario El País sus planes apenas dos semanas después de convertirse en presidente gracias a la moción de censura que puso fin al mandato de Mariano Rajoy, que había llegado a la Moncloa precisamente gracias a la abstención del PSOE. Tres días antes, su primer ministro de Cultura, Maxim Huerta, había tenido que dimitir por defraudar a Hacienda, borrando así el impacto favorable que hasta entonces había tenido el Gobierno bonito, compuesto en su mayoría por mujeres e integrado por algunos profesionales de gran relieve.

De manera que el traslado de los restos del dictador tenía todos los ingredientes necesarios para borrar aquella noticia negativa y convertirse en el compromiso simbólico que Sánchez necesitaba para iniciar su mandato. Así lo confirmó él mismo un mes después, el 17 de julio de 2018, cuando expuso en el Congreso por primera vez sus planes de gobierno.

“Las heridas están abiertas desde hace demasiado tiempo. Nuestra democracia tendrá símbolos que unan, no que separen” para “estar en paz con nuestro pasado, con moderación y serenidad”, señaló desde la tribuna. “Ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, y su materialización será en breve, en muy breve espacio de tiempo”. Una medida que el Gobierno apoyó en el acuerdo del Congreso del 12 de mayo de 2017, todavía con Rajoy en la Presidencia, que sin ningún voto en contra y con la única abstención del PP reclamó la exhumación del dictador.

Pronto, sin embargo, se hizo evidente que el proceso legal para hacer posible la exhumación no iba a ser ni rápido ni sencillo. Y por supuesto tampoco breve. Pero 16 meses después el Gobierno se dispone a cumplir su promesa en el contexto de una precampaña electoral que ha hecho de la exhumación un arma arrojadiza entre partidos, no sólo entre ambos extremos del arco parlamentario sino incluso dentro de la izquierda.

Sacar a Franco del Valle de los Caídos para que la basílica deje de ser un lugar de culto franquista es un viejo sueño del PSOE que ni Felipe González ni José Luis Rodríguez Zapatero, los dos presidentes socialistas que precedieron a Pedro Sánchez, pudieron cumplir. Ambos, según fuentes de sus respectivos entornos consultadas por infoLibre, apoyan sin reservas la decisión de trasladar los restos del dictador. No tienen la menor duda de que no se reabre ninguna herida y de que el Gobierno está haciendo “lo que tiene que hacer”.

A ambos les hubiese gustado haber tenido la oportunidad de llevarlo a cabo. González llegó al poder apenas un año y unos meses después del intento de golpe de Estado del 23F. De manera que, recuerdan fuentes próximas al expresidente, su prioridad entonces fue la reforma democrática del Ejército para eliminar el riesgo de retroceso de la democracia española en términos políticos o de derechos.

Entonces el miedo eran los restos del viejo régimen franquista que seguían teniendo influencia. Afrontar en aquel momento el traslado de los restos del dictador, señalan las mismas fuentes, hubiese puesto en peligro la democratización del estamento militar.

Zapatero, a su vez, priorizó la reivindicación de la memoria histórica y por eso impulsó la aprobación de una ley que la hiciese posible. El entonces presidente no quería afrontar la exhumación de Franco de manera aislada y por eso trató de situarla en el marco de un proyecto de transformación del conjunto del Valle de los Caídos cuya redacción encargó a un grupo de expertos. Sin embargo, cuando el documento estuvo listo —noviembre de 2011— fue demasiado tarde. La victoria de Mariano Rajoy en las elecciones enterró a partir de ese momento las políticas de memoria histórica.

Hasta ahora. Pese a que la brevedad que anunciaba Sánchez en julio de 2018 no fue posible. Pero el enfrentamiento librado en los tribunales con la familia del dictador y algunas organizaciones afines, como la Fundación Franco, no logró doblar el brazo al Gobierno y ha terminado devolviéndole a la oportunidad de presentar la exhumación como un triunfo justo antes de unas elecciones generales.

Larga batalla

La larga batalla judicial iniciada por la familia para frenar la exhumación la terminó ganando el Gobierno el pasado 24 de septiembre, cuando el Tribunal Supremo avaló por unanimidad el procedimiento emprendido por el Ejecutivo para exhumar los restos y trasladarlos al cementerio de El Pardo Mingorrubio, en lugar de a la catedral de La Almudena, como preferían los nietos del dictador.

El Ejecutivo siempre pensó que la familia, cuando no le quedara más remedio, accedería a trasladar los restos de Franco al panteón del cementerio de El Pardo Mingorrubio donde está enterrada su mujer y que, en régimen de concesión, también es propiedad de Patrimonio del Estado.

Pero los planes de los nietos de Franco pasaban por enterrar a Franco, en caso de no poder detener la exhumación, en la cripta de La Almudena, junto a su hija, y trasladar luego allí a Carmen Polo desde el panteón de Mingorrubio.

Tras unos titubeos iniciales, el Gobierno reaccionó invocando motivos de seguridad y de orden público para rechazar la reinhumación en un lugar tan céntrico, donde podría ser objeto de enaltecimiento.

El supuesto derecho de la familia a elegir el lugar de enterramiento de los restos del dictador fue uno de los temas que más centró la discusión de los jueces del Supremo. Pero incluso en este caso el Alto Tribunal acabó dando la razón al Gobierno.

Nadie sabe a ciencia cierta el impacto que el traslado puede tener en el resultado del 10 de noviembre, pero en los actos de precampaña del PSOE se ha hecho evidente que este asunto consigue poner en pie a la militancia. Por eso el partido confía en que sirva para ejercer de agente movilizador entre el electorado de izquierdas, precisamente el que puede estar más frustrado por el fracaso en la negociación de una mayoría para sacar adelante la investidura.

La expectación es máxima. Entre el Valle de los Caídos y el cementerio de Mingorrubio se han acreditado cerca de 500 profesionales de 150 medios de comunicación de todo el mundo: 92 nacionales y 58 internacionales procedentes de 17 países: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irán, Italia, México, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rusia, Turquía y Venezuela. Eso sin contar quienes repetirán la señal de TVE, que tiene la exclusiva de las imágenes más relevantes.

Durante la operación de traslado la ministra de Justicia, como notaria mayor del reino, levantará acta oficial de la exhumación, el traslado y la reinhumación. Junto a la ministra estarán presentes como autoridades, y también en calidad de testigos, Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia del Gobierno, y Antonio José Hidalgo, subsecretario del Ministerio de la Presidencia. Durante la exhumación, estará presente un forense, que asumirá la dirección técnica de los trabajos, así como los operarios necesarios. El forense, como adelantó este miércoles infoLibre, sólo tomará muestras de ADN de los restos en el caso improbable de que la caja de zinc esté deteriorada y los restos sean irreconocibles.

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Una vez extraído de la fosa, y que el prior del Valle, Santiago Cantera, bendiga el féretro y rece un responso, los cuatro nietos de Franco trasladarán el féretro hasta el coche fúnebre, ya en el exterior de la basílica y a la vista de las cámaras de TVE. Posteriormente, será trasladado hasta el cementerio de Mingorrubio, en helicóptero si la meteorología lo permite o por carretera si el tiempo no acompaña.

En Mingorrubio se procederá a la reinhumación de los restos en el panteón donde ya está enterrada su mujer, Carmen Polo. A petición de la familia, el prior del valle de los Caídos, Santiago Cantera, y el sacerdote Ramón Tejero —hijo del militar golpista que protagonizó el 23F— concelebrarán un oficio religioso privado para los familiares. Hasta ese momento estarán presentes, en el panteón, la ministra de Justicia y el secretario general de la Presidencia del Gobierno. Allí la familia será libre de cubrir el féretro con la bandera o con los símbolos que desee.

Cuando todo acabe, la llave del panteón seguirá en poder del Gobierno.