Corrupción

Un juzgado concluye la investigación para llevar a juicio a Sánchez Mato y Celia Mayer por malversación

Un juzgado concluye la investigación para llevar a juicio a Sánchez Mato y Celia Mayer por malversación

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El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha concluido la investigación para llevar a juicio oral a los exconcejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por un presunto delito de malversación de fondos públicos al encargar informes por valor de 50.000 euros sobre el convenio para la celebración del Open de Tenis, según informa Europa Press.

Así lo acuerda en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, por el que establece el procedimiento abreviado, para que el Ministerio Fiscal y las partes personadas se pronuncien sobre la apertura de juicio oral, o por el contrario, soliciten el archivo de la causa. También se postula el procesamiento de la exconsejera delegada de Madrid Destino, Ana Varela.

El juzgado rechaza los escritos de ambos ediles de acordar el sobreseimiento de la causa pero establece ante el presente auto interponer un recurso de reforma o apelación.

Lo ha acordado tras la querella que interpuso en 2017 el Grupo Municipal Popular contra ambos por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y un delito societario en relación a la denuncia que interpusieron en su día sobre el convenio para la celebración del Mutua Madrid Open, que se sustentó en la elaboración de sendos informes encargados por Madrid Destino cuando ambos estaban en cargos de máxima responsabilidad en la empresa municipal.

Los populares entendían que hubo malversación dado que se interpuso la denuncia contra el acuerdo entre el Ayuntamiento y la organización del Open de Tenis pese a que había tres informes de la asesoría jurídica que lo descartaban.

El PP sostiene que se realizó un gasto de 50.000 euros para conseguir dos informes ad hoc para formalizar la denuncia, lo que supuso "un quebranto patrimonial guiado por clara intencionalidad política y de criminalización de la gestión del PP".

"Los querellados decidieron presentar la denuncia en la Fiscalía con los informes elaborados por los despachos de abogados elegidos por ellos para redactar la misma y que no realizaban un análisis completo de los informes que fundamentaban las decisiones adoptadas por los responsables del Ayuntamiento en la fecha en la que se firmaron los contratos y contra los que presentaban la demanda", recoge la resolución.

Además, ahonda en que esa denuncia se sustenta únicamente en los dictámenes elaborados por los despachos de abogados contratados entonces por Madrid Destino y en los que se afirmaba que existían irregularidades de "trascendencia penal" en dicho convenio.

"Estos dictámenes no analizan los informes elaborados por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid ni los elaborados por los distintos departamentos que valoran las consecuencias de la firma de los contratos que analizan", explica el Juzgado.

El auto establece que el encargo de estos informes "vulnera" la prohibición de fraccionamiento de los objetos del contrato y "eludir los requisitos" de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación.

Vulnera el marco normativo de Madrid Destino

También entiende que se vulnera el marco normativo de Madrid Destino que estable que en la preparación de los contratos con valor estimado superior a 50.000 euros, se requiere elaborar con "carácter obligatorio" un pliego de prescripciones técnicas y administrativas, así como elaborar un estudio económico del valor del contrato.

Al respecto, recuerda que Sánchez Mato pudo acudir a la intervención general, que dependía entonces de su área y que es el órgano que ejerce la función de control y fiscalización interna.

No obstante, poco después, en marzo de 2017 y en base a esos informes interpusieron ante la Fiscalía contra el convenio para celebrar el Open de Tenis en base a que hay un incremento del desembolso abonado por la Corporación que no está justificado.

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"Los querellados pese a la capacidad de decisión sobre los contratos, como responsables de Madrid Destino, y pese a sus responsabilidades en el Ayuntamiento de Madrid, no se plantearon la posibilidad de resolución de mutuo acuerdo del mismo, esta posibilidad fue analizada en el informe de la asesoría jurídica de marzo de 2016", recalca el auto.

En consecuencia, los querellados decidieron presentar la denuncia a la Fiscalía con los informes elaborados por los despachos de abogados elegidos por ellos para redactar la misma y que "no realizaban un análisis completo de los informes que fundamentaban las decisiones adoptadas por los responsables del Ayuntamiento".

Por tanto, ve que los hechos denunciados son constitutivos de posible infracción penal e inicia el trámite de procedimiento abreviado.

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