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El Gobierno pide al TC que considere denunciar ante la Fiscalía a la Mesa del Parlament de Cataluña

El Consejo de Ministros decidió este jueves pedir al Tribunal Constitucional que considere la posibilidad de denunciar ante la Fiscalía a la Mesa del Parlamento catalán por haber admitido a trámite dos propuestas de resolución que el Gobierno considera contrarias a la Constitución porque su contenido cuestiona la Jefatura del Estado y defiende el derecho de Cataluña a ejercer el derecho de autodeterminación.

Pedro Sánchez da así un paso más en el cerco jurídico que el Gobierno ha levantado en torno a la estrategia soberanista de las instituciones catalanas, el Govern y el Parlament, controladas por JuntsxCat y Esquerra Republicana. Y sube la apuesta: este jueves ha decidido impugnar, también ante el TC, la decisión del Parlament de debatir “de manera formal” el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, algo que, según la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, “no le corresponde en el orden escrupuloso de la separación de poderes”.

En el mismo sentido, Calvo confirmó el anuncio realizado por la mañana por Pedro Sanchez en Onda Cero: el Gobierno publicará el próximo martes en el Boletín Oficial del Estado un Real Decreto Ley —que entrará en vigor ese mismo día— con el que pretende dotarse de la herramienta legal que necesita para hacer frente a cualquier estrategia del independentismo que se apoye en la utilización de datos de los ciudadanos y preservar al mismo tiempo el DNI como el único documento capaz de acreditar la identidad. El mismo real decreto ley prohibirá que ningún servidor con dartos oficiales en poder de las administraciones públicas pueda ubicarse fuera de los límites de la Unión Europea.

También en relación con Cataluña, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha dejado constancia en la reunión del Consejo de la decisión de movilizar a la Abogacía del Estado para personarse en defensa de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en todos los prcoedimientos que puedan abrirse contra ellos por actos rrelacionados con el ejercicio de sus funciones, así como en todos los que se abran en relación con daños a bienes del Estado. Los abogados del Estado perseguirán incluos las denuncias falsas qeu se hagan contra los agentes de ambos cuerpos.

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