'Lobistas' en Bruselas pero no en España: el doble rasero de las empresas del IBEX 35

El Registro de lobbies del Parlamento Europeo gana por goleada al Registro de grupos de interés de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) (CNMC)en lo que tiene que ver con la presencia de empresas del IBEX 35 incorporadas: 25 frente a tres, según figura en ambas bases de datos. La CNMC puso en marcha su Registro en marzo de 2016, hace tres años y ocho meses, con el objetivo de crear un mecanismo institucional que permitiese alejar la capacidad de cualquier grupo de influir a este organismo "de forma improcedente o en contra de los intereses generales". Desde aquella fecha, los avances en lo que tiene que ver con las empresas del IBEX 35 han sido nulos.IBEX 35

Las tres únicas empresas del selectivo español que figuran en el registro de grupos de interés de la CNMC son Telefónica, Red Eléctrica Española y Cellnex, las tres también incorporadas al llamado "Registro de transparencia"Registro de transparencia de las instituciones comunitarias. De hecho, son sólo diez las empresas del IBEX 35 que, a día de hoy, no se han registrado en Bruselas: ACS, Bankinter, CIE Automotive, Ence, Inditex, Inmobiliaria Colonial, Meliá, Merlin, Siemens Gamesa y Viscofán. Las cifras son contundentes: mientras que el 71,4% de las compañías del IBEX 35 reconocen ante el Parlamento europeo su actuación como grupos de interés, el porcentaje baja hasta el 8,5% cuando se trata de rendir cuentas ante el superregulador que preside José María Marín Quemada.

"Las decisiones que adopta la CNMC afectan a millones de ciudadanos y, por ello, deben adoptarse con total transparencia. Esta institución en el ejercicio de sus funciones mantiene contacto con un amplio abanico de grupos y organizaciones que representan intereses concretos. Se trata de una actividad legítima y necesaria en el proceso de toma de decisiones para canalizar la intervención de la sociedad civil y garantizar que una regulación económica eficiente responda a las necesidades reales de los ciudadanos", explica el organismo en la plataforma en la que pueden registrarse las empresas.

En este contexto, el organismo considera que "es prudente exigir que esta relación sea lo suficientemente transparente, y dotada de mecanismos de control, de forma que permita a cualquier ciudadano conocer cuál es la relación que mantienen" con ellos, "y en qué medida sus actuaciones contribuyen a modificar o conformar" sus decisiones.

La incorporación a este registro es voluntaria y a día de hoy son 479 las empresas que se han sumado.

"Transparencia" en la actuación

Todos los grupos de interés y las personas que los representan que se inscriben en esta plataforma se comprometen a cumplir un código ético, además de la legislación vigente. Uno de los puntos de este decálogo establece la obligación de "no influir ni intentar influir en la toma de decisiones de manera deshonesta ni obtener o intentar obtener información de manera deshonesta o a través de un comportamiento inapropiado".

También insta a "actuar de forma transparente", lo que implica "informar al personal de la CNMC con quien se relacionen, cualquiera que fuera el escenario o medio por el que se comuniquen, que están actuando como grupos de interés y que están inscritos en el Registro de grupos de interés de la CNMC y, en su caso, en cualquier otro listado similar".

Carlos Balmisa, director del departamento de Control Interno de la CNMC, explicaba el pasado abril en un podcast titulado Lobbies y su urgente regulación el programa puesto en marcha en marzo de 2016 en el organismo y la, a su juicio, urgente necesidad de regular los lobbies en España.

"El principio de la legalidad inevitable"

Balmisa explica que con el Registro, la CNMC cumplió "una exigencia internacional", pero que a su vez fue algo "completamente innovador" en la Administración.

Destaca, además, el carácter "voluntario" del registro de grupos de interés, "anticipando lo que luego será obligatorio en el ámbito comunitario". "Por eso no comprendemos que muchas empresas que deberían estar aquí, no estén", subraya.

No obstante, el balance que hace de tres años de existencia de esta iniciativa es positivo. "Ha funcionado sin duda". Y añade que incluso "ha funcionado" en quienes "defraudan" a la CNMC no incribiéndose en el mismo. Respecto a las empresas del IBEX 35 que no se han apuntado, relata que "se amparan en auténticos subterfugios que no verán la luz cuando el principio de legalidad inevitable les diga que para traspasar el umbral de la puerta de la CNMC deberán estar registrados y suscribir su código ético".

Balmisa señala que, hasta la fecha, estas empresas lo que hacen es "ampararse en ese principio de legalidad para decir que son interesados en los procedimientos admnistrativos". "O los despachos de abogados se amparan en laDeclaración de Perugia, en el secreto profesional, para no estar aquí [en alusión al Registro]", añade. "Pero nada de esto ocurrirá cuando exista una norma que exija", advierte.

¿Y qué pasa mientras llega esa norma? La CNMC va "una a una a las sociedades mercantiles intentando convencerles de que no hay nada malo en suscribir un código ético que lo que dice es que no van a hacer ningún planteamiento grosero o peor a un empleado público de la CNMC o a un funcionario público de la CNMV", relata el director del departamento de Control Interno de la CNMC.

En el superregulador están convencidos de que "el futuro inevitable" va a ser la legislación. Una legislación de rango nacional más allá de iniciativas como la de su Registro.

Los 'lobbies' en España: asignatura pendiente

Los escándalos de corrupción han provocado que la labor de los lobbies se haya llenado de connotaciones negativas. Las empresas y consultoras especializadas en esta materia coinciden en que sólo con una regulación que obligue a la transparencia, la sociedad tomará conciencia de que no es malo que los políticos se acerquen a los sectores sobre los que tienen que legislar.

Con una legislación específica en este campo, los ciudadanos podrían conocer la llamada "huella legislativa". Es decir, los agentes, empresas o colectivos que han influido en la redacción final de las leyes  y la aportación de cada uno de ellos.

En España, la transparencia en este campo lleva siendo una aspiración y una asignatura pendiente desde 1978. En el informe Una evaluación del lobby en España. Análisis y propuestas,la organización Transparencia Internacional España hace un detallado repaso de las iniciativas que han intentado regular la figura de los grupos de presión en España. Han tenido escaso éxito.

Cuando se estaba redactando la Constitución, Alianza Popular (AP) presentó un voto particular que incorporaba al artículo 77, el que contempla el derecho de petición ciudadana, dos nuevos puntos. En el primero de ellos se recogía que las comisiones parlamentarias podrían recibir "delegaciones de grupos legítimos de intereses, en sesiones que siempre tendrán carácter público". En el segundo establecía que una ley orgánica fuese la encargada de crear un sistema de control y registro para los lobbies lobbies.

Más de 10 años después, en 1990, se rescató el debate. El Grupo Parlamentario Popular registró una proposición no de ley para la regulación "de los despachos que gestionan intereses particulares confluyentes con intereses públicos". Hubo algún avance en el debate y se aceptaron enmiendas del PSOE. Pero no pasó de ahí.

El Centro Democrático y Social (CDS) lo intentó con otra proposición no de ley en 1993. Reclamaba al Gobierno una legislación sobre los lobbies que actúan en los parlamentos. Fue aprobada por una amplia mayoría pero después no fue promovida. Las proposiciones fijan una posición política o miden el clima de la Cámara respecto a una cuestión determinada, pero no son vinculantes.

En noviembre de 2011, Mariano Rajoy (PP) llegó al Gobierno con una amplia mayoría absoluta. En sus promesas electorales nunca faltó la regulación de los grupos de interés. Pero después ni la incluyó en la Ley de Transparencia ni legisló al respecto.

Tampoco se ha avanzado nada en la corta legislatura del socialista Pedro Sánchez. La tarea queda, pues, para la XIV Legislatura, la que arranque después de las elecciones generales del próximo 10N.

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La regulación de los lobbies ha sido una de las exigencias más insistentes del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) al Legislativo español. El pasado abril, tras la falta de acuerdos de los grupos parlamentarios, la por entonces presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), asumió, junto a los letrados de la Cámara, la redacción de un código de conducta de obligado cumplimiento para los diputados.

"En tanto no se produzca la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados relativa a la regulación de los grupos de interés, tendrán la consideración de grupo de interés, lobby o lobista, aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos, intentando modificar o influir sobre cuestiones relacionadas con la elaboración, el desarrollo o la modificación de iniciativas legislativas", figura en el texto. 

Así, este código de conducta, en vigor desde el arranque de la actual Legislatura, establece que cada diputado deberá hacer pública su agenda institucional en el Portal de Transparencia del Congreso, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés.