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Desahucios

Naciones Unidas exige la "reparación" del derecho a la vivienda de una mujer con seis hijos desahuciada en Madrid

  • El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales establece que el deshaucio "sin un examen de proporcionalidad" constituyó "una violación de su derecho a la vivienda adecuada"
  • Jorge Aranda, abogado de Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y representante de la familia, califica el dictamen de "histórico" y la inacción de las instituciones como un "callejón sin salida"

Publicada el 05/11/2019 a las 18:50 Actualizada el 05/11/2019 a las 19:17
Rueda de prensa de colectivos antidesahucios para explicar el dictamen de Naciones Unidas sobre un lanzamiento en Carabanchel.

Rueda de prensa de colectivos antidesahucios para explicar el dictamen de Naciones Unidas sobre un lanzamiento en Carabanchel.

Europa Press
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (DESC) ha emitido un dictamen sobre la violación del derecho a la vivienda de una mujer que fue desahuciada junto a sus seis hijos en el distrito de Carabanchel y ha exigido la "reparación efectiva" del mismo.

En el propio dictamen aprobado el 11 de octubre, al que ha tenido acceso a Europa Press, se establece que el desalojo de la mujer y sus hijos "sin un examen de proporcionalidad" por parte de las autoridades constituyó "una violación de su derecho a la vivienda adecuada".

Además, se expone que la denegación de la solicitud de vivienda pública, al estar ocupando una vivienda "sin título legal" en ese momento, "sin tomar en cuenta" su situación de necesidad, constituyó una "violación de su derecho a la vivienda adecuada".

Así, el abogado de Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y representante de la familia, Jorge Aranda, ha explicado el caso este martes ya que fue él el encargado de llevar el mismo al Comité de Naciones Unidas. Aranda ha señalado que se trata de un dictamen "histórico" y que es la tercera vez que la ONU se pronuncia sobre la vivienda en España.

En primer lugar, ha detallado que en junio de 2018 se pidieron medidas cautelares a este organismo internacional solicitando la suspensión del desalojo debido a la situación de "posible violación del derecho a la vivienda con daños irreparables" al tratarse de una madre sola, Viviana López, con seis hijos a su cargo y que estaba ocupando "por necesidad" una vivienda que pertenece a una entidad bancaria.

Aranda ha insistido en que ni la Comunidad ni el Ayuntamiento de Madrid han admitido las solicitudes de vivienda que pidió la afectada al estar en ese momento ocupando una vivienda, algo que ha calificado de un "callejón sin salida". "No hay amparo institucional", ha apuntado.

Ante esta circunstancia, el Comité de Naciones Unidas pidió a España la suspensión del lanzamiento, algo que no se produjo, ni se ofrecieron alternativas habitaciones para la familia. "Por parte del Estado no hubo ninguna respuesta a esta petición de medidas cautelares", ha afirmado, a lo que ha añadido que la mujer junto a sus hijos han vivido durante más de un año en diferentes albergues.

En el propio dictamen, se establece que el 5 de julio de 2018, el Comité reiteró al Estado la solicitud de medidas cautelares "consistentes" y "otorgar de forma inmediata vivienda alterna adecuada para evitar posibles daños irreparables adicionales".

"Requerimos inmediatamente a la Comunidad de Madrid para que se haga cargo. Ahora mismo se encuentran en un piso de alquiler en Alcobendas", ha señalado. Además, ha indicado que se trata de una familia sin recursos y en situación de vulnerabilidad.

Recomendaciones de Naciones Unidas

Por otro lado, el dictamen incorpora seis recomendaciones a España para que las ejecute en un plazo de seis meses en los que tiene que remitir un escrito explicando cómo va a llevarlas a cabo. El abogado ha explicado que si no cumplen estas recomendaciones incurrirán en "responsabilidad patrimonial" y que España no puede colocarse en una situación de "desacato y rebeldía".

Concretamente, entre las recomendaciones se encuentra el desarrollar un marco normativo que regule los desalojos de personas de sus viviendas con un "examen de proporcionalidad"; asegurarse de las personas que van a ser desalojadas puedan apelar a las autoridades judiciales que se evalúe su circunstancia; adoptar las medidas necesarias para que todas las personas puedan acceder "en igualdad de condiciones" al parque de vivienda social; y proporcionar una "vivienda alterna" para las personas sin recursos que se puedan ver afectadas por un desalojo.

Además, se pide que se formule e implemente un plan para garantizar el derecho a la vivienda a personas con bajos ingresos y que se establezca un protocolo para el cumplimiento de las solicitudes de medidas cautelares que emite el propio Comité.

Al final del escrito, el Comité pide al Estado una respuesta "por escrito" a estas recomendaciones que incluya "información sobre las medidas que haya tomado", así como que se publique el dictamen del Comité y que lo "distribuye ampliamente en un formato accesible" para llegar a todos los sectores de la población.
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