Siete entidades sociales, entre las que se encuentran la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Andalucía Acoge, Irídia y la Federación SOS Racismo, han presentado una
denuncia ante el Ministerio Fiscal y queja ante el Defensor del Pueblo, en la que exigen una investigación para determinar si varios vídeos de carácter electoral elaborados y difundidos por
Vox en sus páginas y redes oficiales pudieran incurrir en un
delito de odio.
Para las ONG, en estos vídeos se difunden
mensajes claramente xenófobos y discriminatorios que promueven el odio hacia la población migrante. En uno de ellos, afirman, se criminaliza a los niños y niñas migrantes sin acompañamiento familiar, un colectivo especialmente vulnerable. Desde las organizaciones denunciantes, aseguran que “esta generalización puede conllevar
graves consecuencias para los menores, como han sido los últimos ataques a los centros donde están acogidos”.
Las entidades inciden en que este tipo de vídeos pueden incurrir en un delito de odio tipificado en el
artículo 510 del Código Penal, que establece penas de prisión de uno a cuatro años y multas de seis a doce meses a quien realice públicamente el
fomento, promoción o incitación directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra las personas por motivos racistas o por pertenencia a un origen nacional determinado.
Por ello, las organizaciones instan tanto al Defensor del Pueblo como a la Fiscalía General del Estado a que inicien de forma urgente la
investigación de los hechos y solicitan a la Fiscalía que retire de forma cautelar los materiales audiovisuales de cara a la protección de las víctimas.
En una democracia, Vox estaría ilegalizado y sus componentes inhabilitados por hacer apología del nazismo, que es igual al franquismo y al fascismo, es indiferente el nombre que se use, los tres desembocan en lo mismo, con como tres afluentes que desembocan en un mismo río.
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