Las palabras de Sánchez afirmando la dependencia de la Fiscalía del Gobierno dan munición a todos sus adversarios

PP, Ciudadanos y Unidas Podemos se encontraron este miércoles con munición inesperada con la que hacer frente a Pedro Sánchez. En una entrevista en RNE, cuando trataba de salir del embrollo en el que él mismo se metió el lunes al prometer que traería a Carles Puigdemont ante la justicia, volvió a tropezar. Esta vez asegurando que la Fiscalía, un órgano judicial tradicionalmente en el punto de mira de los políticos a cuenta de su independencia, recibe órdenes de su Gobierno. Y que es a través del Ministerio Fiscal como el Gobierno está actuando para conseguir que el president de la Generalitat que lideró la proclamación unilateral de independencia sea juzgado en España. Justo la semana en la que tres países examinan las euroórdenes cursadas para pedir la entrega de dirigentes independentistas huídos de la justicia española.

En plena vorágine electoral y amenazado por encuestas que ponen en duda que el PSOE vaya a salir bien parado el próximo domingo, Sánchez no quiso o no pudo corregir su traspiés. El único matiz que introdujo a lo largo de toda la jornada fue un tuit en el que afirmó su voluntad de trabajar “para que el sistema judicial español, con todas sus garantías, pueda juzgar [a Puigdemont] con imparcialidad”, Y proclamó, sin entrar en el fondo de la cuestión, que “la Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la Ley y del interés general”.

 

Para entonces sus palabras ya habían desatado la indignación entre los fiscales. Hasta la fiscal general del Estado, María José Segarra, que fue nombrada por el Gobierno, se vio obligada a salir al paso. A través de un comunicado, subrayó que el trabajo del Ministerio Fiscal se lleva a cabo en el ámbito de su “autonomía funcional” y “con sujeción a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad”. También las tres asociaciones de fiscales, y varios de sus miembros a título particular, mostraron su “estupefacción” por las palabras de Sánchez y advirtieron de que sus comentarios pueden incluso dificultar la entrega de reclamados por la justicia, como es el caso de Puigdemont. “Sorpresa”, “triste”, “lamentable”, “inexacto”, “desafortunado” y hasta “vomitivo” fueron los términos utilizados por los fiscales consultados por Europa Press.

Fue la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, quien intentó zanjar el entuerto. En declaraciones a la prensa antes de participar en un acto en el Instituto Cervantes, argumentó que “nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal” porque la Fiscalía “no es poder judicial”. “Al fiscal general lo nombra el Gobierno, en el resto de democracias también. Y tiene un vínculo importante con la política criminal del gobierno, en todas las democracias del mundo”, argumentó.

La interpretación del PSC

El PSC, por su parte, optó por reinterpretar las palabras de Sánchez. Su candidato por Barcelona y actual presidente del Senado, Manuel Cruz, aseguró que Sánchez habló “como presidente del Estado, no como presidente del Ejecutivo. En ningún caso afecta a la separación de poderes”, señaló en rueda de prensa. El jefe del Estado es el rey, no Sánchez.

La oposición, en cambio, se unió a las críticas. Pablo Casado (PP) trató de sacar partido de las palabras de Sánchez preguntándole por qué no actúa ya contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, si presume de que el Gobierno “manda sobre la Fiscalía”.

El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, utilizó las palabras de Sánchez para negar incluso que el presidente en funciones quiera que Puigdemont sea juzgado. “No es que Sánchez vaya a traer a Puigdemont sino que a pesar de Sánchez estoy convencido de que Puigdemont acabará siendo juzgado en España", declaró en un acto de campaña en Mérida. En todo caso, concluyó, “no podemos tener un presidente tirando por tierra el trabajo de fiscales”.

También Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos, aprovechó para atizar al líder socialista. “Nos preguntamos si funciona la separación de poderes”, porque después de lo dicho por Sánchez en el debate “no sé si va a ir con un pelotón de GEO a traer a Puigdemont”, ironizó en un mitin en Barcelona.

El independentismo catalán no desperdició tampoco la ocasión para arremeter contra Sánchez. El president de la Generalitat, Quim Torra, le acusó de “hacer saltar por los aires” el sistema judicial español. Y Esquerra, a través de su número dos por Barcelona, Carolina Telechea, acusó al presidente en funciones de tener “una absoluta falta de respeto a la separación de poderes”. Sus declaraciones son una prueba más de su cercanía al PP y a Cs, añadió.

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En cualquier caso, la cuestión de la Fiscalía fue el único asunto que obligó a los candidatos a apartarse del guión de una campaña a la que sólo le quedan dos días y que agota sus mensajes con llamamientos al voto útil, con los que los aspirantes buscan mejorar su margen de maniobra ante la más que previsible ausencia de mayorías después del 10N.

Sánchez, ajeno a la tormenta que él mismo abrió a cuenta de las euroórdenes, redobló sus llamamientos a la movilización para hacer frente a la emergencia de una ultraderecha al alza, a la que todas las encuestas sitúan como tercera fuerza política de España, cuando hace sólo seis meses ni siquiera estaba en el Congreso.

Un argumento que Iglesias trató de contrasrrestar subrayando que la única manera de frenar a los extremistas de Vox es con un Ejecutivo que ponga en marcha políticas de izquierdas, y eso sólo será posible, indicó, con la presencia de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros. El líder morado emplazó directamente a los electores socialistas a votar UP para confirmar que quieren un Gobierno de coalición y cerrar así la puerta al pacto con la derecha que, sostuvo, sigue siendo el plan de Sánchez para después del 10 de noviembre: pasar “del Rivera no al ahora Casado sí”.