El sistema de acogida, una carrera de obstáculos

En apenas dos meses, en enero de 2020, España se someterá al Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas. Pero nuestro país no llega con los deberes hechos. La última prueba tuvo lugar en 2015 y finalizó con 11 recomendaciones relacionadas con las medidas políticas y legislativas que el Estado español debía llevar a cabo para garantizar procedimientos de asilo eficaces y conforme al derecho internacional. Se han desatendido. Ese mismo año, además, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy se comprometió, junto a otros países de la Unión Europea, a acoger a 17.337 personas, tanto por la vía de la reubicación –es decir, la acogida de personas procedentes de Grecia e Italia– como por la del reasentamiento –el traslado de personas de países externos a la Unión Europea, principalmente Turquía o Líbano–. En los dos años que hubo de plazo para cumplir el compromiso, España no lo hizo. Y para más inri, actualmente los derechos de las personas solicitantes de protección internacional no están siendo correctamente atendidos. 

La afirmación la realizan un total de 15 organizaciones, entre las que se encuentra Movimiento por la Paz y el Servicio Jesuita a Migrantes. Forman parte de la Plataforma para el EPU por los derechos de las personas refugiadas (PlatRefugio), y todas ellas participan en el examen. Y es que la inspección se lleva a cabo a partir de los informes proporcionados por los propios Estados, a partir de la información recogida por otros organismos y mecanismos de naciones y a partir de las valoraciones de distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Las que integran PlatRefugio presentan este jueves su valoración, cuyo resultado no augura una buena nota para España: nuestro país suspende porque "los derechos de las personas solicitantes de protección internacional están siendo vulnerados tanto en las fronteras, como en el acceso y tramitación de su solicitud, como dentro del sistema de acogida". 

La conclusión es clara: un solicitante de protección no encuentra más que barreras para acceder al procedimiento de solicitud de asilo. Le ocurre si intenta hacerlo en la propia frontera o si pretende conseguirlo ya en el territorio. Si entra en el sistema de acogida, además, tampoco tiene garantizada la protección de sus derechos. 

Asilo en frontera: devoluciones y falta de garantías

España siempre ha sido una puerta de entrada de migración a Europa. Su posición geográfica es la idónea para ello. Pero en la frontera sur se vulnera, dicen las organizaciones, el principio de no devolución. "La implementación de políticas y acuerdos con Marruecos impiden la entrada de personas y favorecen las devoluciones sumarias", denuncian. Se refieren, concretamente, a un convenio bilateral firmado por ambos países en 1992 y cuyo primer artículo indica que "las autoridades fronterizas del Estado requerido (Marruecos) readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente (España), a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del de Estado requerido". El texto indica, posteriormente, que es condición indispensable que se acredite que las personas sujetas a esta readmisión provienen de Marruecos. "Se están produciendo en la ciudad fronteriza de Melilla 'expulsiones exprés' legitimadas por ese acuerdo", critican. Y son ilegales, según dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Pero además, critican las ONG, ni allí ni en Ceuta se cumplen las garantías procesales de asistencia a las personas que llegan a la frontera. "La información proporcionada es pobre y las traducciones son de baja calidad. En las llegadas masivas no se atiende de manera individual; existe falta de intérpretes de las lenguas nativas" y, además, "el letrado de guardia debe asistir de 5 a 10 personas en la entrevista en el momento que se produce el salto o la llegada por vía marítima, muchas veces de madrugada". 

Y en el aeropuerto de Barajas ocurre lo mismo. Según las organizaciones que firman el informe, las personas que realizan la solicitud en esta frontera "son retenidas más de 72 horas y sólo tienen acceso al territorio en caso de ser admitidos al procedimiento de asilo completo". Además, los agentes encargados de atenderlas no tienen "ni el conocimiento técnico suficiente ni formación específica". Por otro lado, "el horario de los trabajadores sociales de las salas de inadmitidos es muy limitado", denuncian. 

Asilo en territorio: incumplimiento de plazos y asistencia deficiente

No lo tienen más fácil las personas que intentan acceder al procedimiento una vez traspasada la frontera. Por un lado, las organizaciones destacan que los plazos para formalizar las solicitudes de asilo son incumplidos de forma permanente. Y además, en cada comunidad y municipio es diferente. "En ciudades como Barcelona, Granada, Jaca, Alicante o Valencia las citas suelen tardar de un mes a cinco meses, pudiendo tardar más de un año en municipios tales como Santander", critican en el documento hecho público este jueves. Y eso, dicen, tiene consecuencias: "El incumplimiento de los plazos legales establecidos supone la imposibilidad de obtener las tarjetas de solicitante de protección internacional en un plazo razonable implicando un grave obstáculo para: el empadronamiento, la obtención de la tarjeta sanitaria y el acceso a la asistencia médica" o "la escolaridad de los menores"

Las entrevistas, por otro lado, no funcionan bien. Las organizaciones han detectado, según aseguran, falta de intimidad en las mismas, que muchas veces se realizan a grupos de personas con condiciones individuales que no pueden ser tenidas en cuenta y que, además, lleva a cabo una persona sin la formación necesaria. Pero además, durante el procedimiento no se informa adecuadamente a las personas de sus derechos y falta la presencia de asistencia letrada que pueda solucionar ese problema. Por otro lado, aseguran que la interpretación no es correcta y que no se tienen en cuenta las situaciones de vulnerabilidad de algunas personas. "El hecho de que las entrevistas se realicen en comisarías es per se una vulneración de derechos en el caso de personas en situaciones de vulnerabilidad: las víctimas de tortura policial en su país de origen no deberían ser entrevistadas en comisarías, las víctimas de traumas severos y en especial mujeres víctimas de violencia sexual pueden sufrir situaciones de retraumatización debido a la forma del interrogatorio", denuncia el informe. 

La eternidad de la resolución

Si se consigue acceder al sistema de solicitud de protección, el panorama no es mucho más esperanzador. Según las organizaciones integrantes de la plataforma, los plazos también se incumplen de manera sistemática y las renovaciones de las tarjetas que acreditan a los solicitantes de asilo como tal tardan demasiado en concederse. De este modo, "en muchas ocasiones estas personas no pueden hacer efectivo su derecho al trabajo por falta de documentación" y, en otras, algunas que estaban ya trabajando "pierden el puesto de trabajo por no obtener una cita de renovación de la tarjeta dentro del plazo de la vigencia de la misma". 

Las resoluciones, por otro lado, se deciden según criterios "dispares y discriminatorios". "En ocasiones se decide conceder protección internacional o subsidiaria a determinadas nacionalidades, en las mismas circunstancias que otras", dicen. "Además", afirman, "existe una falta de criterio unificado para establecer medidas específicas para grupos vulnerables durante la instrucción del caso". 

El sistema de acogida: limitado y sin cumplir con los estándares

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El sistema de acogida tampoco funciona de manera adecuada. Hay pocas plazas, pero tampoco cumplen con los estándares internacionales de derechos humanos. Según relata el informe, el sistema cuenta con 416 plazas gestionadas por la Administración y con dos centros de estancia temporal para inmigrantes en Ceuta y Melilla. Tal y como aseguró el Defensor del Pueblo, "el sistema de acogida es todavía claramente insuficiente. La Administración ha optado por no incrementar la red de plazas públicas de acogida y ha delegado en organizaciones no gubernamentales la acogida y la atención de las personas solicitantes de protección internacional". 

Esto se suele llevar a cabo en un proceso que suele durar alrededor de dos años y que está formado por dos fases: una inicial donde están más tutelados y otra posterior donde se les brinda una mayor autonomía. Durante la primera viven en centros de acogida o en pisos tutelados y, durante la segunda, pasan a vivir en una casa propia. Pero la búsqueda de una vivienda, denuncian las organizaciones, a veces supone un problema que obliga a los solicitantes a trasladarse a otra ciudad y a perder la vinculación con la ONG que le prestó ayuda desde su llegada. 

No obstante, matizan las organizaciones, "en los casos especialmente vulnerables, los dos años de acogida no son suficientes para lograr una autonomía e integración para poder desarrollar su vida en España con normalidad, abocándose a situaciones perpetuas de precariedad o marginalidad, sobre todo en el caso de familias monomarentales o personas con dificultades de aprendizaje".