El Madrid subterráneo de los 'sinhogar': lo que dicen las ONG sobre el plan de poner cámaras en los túneles de la ciudad

El Ayuntamiento de Madrid quiere solucionar los problemas de la parte subterránea de la ciudad. La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, dijo este miércoles que "la seguridad de los túneles" de la capital es "una prioridad". Y que hay que garantizarla. Sobre todo en los de Azca y Sor Ángela de la Cruz, donde el problema, dijo, "está ocasionado por la ocupación ilegal de diferentes espacios por parte de personas sin hogar". Así que informó de que el Ejecutivo municipal ha puesto en marcha un "plan de choque". "En la actualidad, se están instalando sistemas de control de acceso en puertas, además de detectores de presencia y cámaras", explicó. "De esta forma, ante cualquier incidente se activará de forma inmediata un protocolo de actuación encaminado a desalojar a las personas que entren de forma irregular en las salidas de emergencia", especificó. Así, cumplirán el objetivo de no "permanecer impasibles ante ocupaciones ilegales que afectan a la seguridad de los usuarios y trabajadores de los túneles de Madrid". Sin embargo, las organizaciones que luchan contra el sinhogarismo opinan que, antes de nada, hay que encontrar soluciones para estas personas. "La actuación que debe primar en todo caso es la social", opina José Manuel Caballol, director de Hogar Sí. La misma idea que recalca Gloria García Lalinde, directora de la Asociación Relidades: "Tal y como se ha explicado, la noticia criminaliza a estas personas" y es "despectiva". 

Tras saltar la noticia, el área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento quiso matizarla. Porque el objetivo principal de la medida no es actuar contra las personas que se refugian en los túneles madrileños. La prioridad, explican fuentes del organismo a infoLibre, es asegurar los túneles y sus vías de evacuación mediante cámaras que, además, verán si hay personas en dichos espacios que puedan generar un problema. Y es que tanto en Azca como en Sor Ángela de la Cruz se ha detectado que hay personas que suponen "un peligro", tanto para su propia seguridad como para la de los trabajadores que acondicionan el espacio. Y por eso ya se han puesto manos a la obra. De momento sólo en esos dos espacios, aunque la intención es que la instalación de mecanismos de grabación se extienda "a todos los túneles de la ciudad". ¿Y qué pasará con estas personas? Las mismas fuentes aseguran que el siguiente paso es que el Samur Social ponga recursos a su disposición para que no se queden en la calle.

Sin embargo, tal y como se ha visto en los últimos días, las plazas de acogida están resultando ser insuficientes. Sobre todo para numerosos demandantes de asilo que, casi noche tras noche, soportan el frío a las puertas de la sede del Samur Social. La noche del 19 al 20 de noviembre, de hecho, se vieron esas escenas. Las temperaturas cayeron en picado y llegaron a rozar los 4 grados. Aún así, más de diez adultos durmieron al raso en la Carrera de San Francisco. Fueron los vecinos de la zona los que facilitaron mantas. Los menores, en cambio, fueron acogidos por la parroquia San Carlos Borromeo, un espacio que no es la primera vez que funciona de recurso de acogida ante esta situación de emergencia. Su párroco, Javier Baeza, asegura a infoLibre que la noche del martes al miércoles pudieron acoger a tres familias —con cinco niños pequeños—, pero que ya se estaban encargando de otras veinte. El Samur Social, dijo a Europa Press, está siendo "incapaz de dar respuesta" a la "cantidad de personas" que se encuentran en la calle. Caballol, no obstante, cree que estas personas, en su mayoría demandantes de asilo, deberían ser atendidos por otra red diferente a la que se encarga de acoger a las personas afectadas por el problema del sinhogarismo. 

La responsable de Urbanismo en el Grupo Municipal Socialista, Mercedes González, denunció este mismo miércoles que los túneles de Azca se han convertido "en residencia habitual de un numeroso grupo de personas". "Es inadmisible que haya gente viviendo en los túneles; es intolerable; es un fracaso como sociedad", dijo. Y coincidió con el Ayuntamiento en que su presencia "es una cuestión de seguridad para los trabajadores" y que puede provocar un problema de salubridad. Por eso exigió medidas. Y porque la propuesta desde el equipo liderado por José Luis Martínez-Almeida es insuficiente. Según fuentes del Grupo Municipal, el Ejecutivo debería, primero, dar una salida social a esas personas y, después, abordar el mantenimiento de estos espacios.

Los últimos datos, aportados por la Campaña de las Personas Sin Hogar —en la que participan Cáritas, Faciam, XaPSLL y besteBI—, aseguran que actualmente en España hay 40.000 personas en situación de sinhogarismosinhogarismo, de las cuales en torno a un 16% son mujeres, un colectivo "invisibilizado" que ha aumentado en los últimos años. 

Lo primero, el plano social

García Lalinde cree que, lo más grave, es cómo se ha dado la noticia. Tal y como se ha hecho, critica en coversación telefónica, un lector cualquiera entendería que estas personas son un problema. "Lo primero que veo es que la noticia desprende una criminalización de las personas sin hogar. Digamos que muestra que hay un problema de seguridad y de limpieza y que lo que va a hacer el Ayuntamiento es instalar cámaras para impedir que esas personas estén ahí", lamenta. Y se hace una pregunta: "¿Cuál es el problema: el mantenimiento o que haya personas que se ven obligadas a dormir en esos espacios?" La respuesta para ella es clara. Y por eso critica que el Consistorio de Almeida no haya ni mencionado que hay un problema relacionado con el sinhogarismo. 

Es lo mismo que opina Caballol, que cree que la prioridad en una situación como esta es "tener claro quiénes son las personas que están permaneciendo allí y por qué". "Si son personas que viven allí, personas afectadas por el sinhogarismo, lógicamente la actuación que debe primar es la social", apunta. "Las emergencias sociales", continúa, "se deben resolver desde las áreas sociales, en ningún caso desde el plano de la seguridad y la limpieza". Y menos teniendo en cuenta, dice, que las personas en estas situaciones son las que se enfrentan a la violencia y las que sufren problemas de seguridad, no las que los crean. 

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Los datos de su propia organización así lo evidencian. El Observatorio HATEnto, impulsado por Hogar Sí, denunció el pasado mes de septiembre que ha habido un aumento de casos de delitos por aporofobia contra personas sin hogar. De hecho, el 47% de ellas afirma haber sufrido un delito de odio, un porcentaje que aumenta hasta el 60% en el caso de las mujeres. Por ello, desde la organización apuntaron a la necesidad de reformar el Código Penal para que incluya "en su artículo 22.4 la aporofobia como circunstancia agravante de la responsabilidad penal".

García Lalinde también critica otro aspecto. La noticia, dice, es "despectiva" porque no da a entender que se está refiriendo a personas y no a cosas. "No se menciona ningún plan para ver qué soluciones se da a una situación tan grave como verse obligado a dormir en un túnel. Se habla de esto como un estorbo y un problema a eliminar. Me parece lamentable", denuncia. 

Caballol, en cualquier caso, se muestra cauto. Y es que afirma que, si la medida va coordinada con una actuación de Servicios Sociales que ayude a estas personas, no hay ningún problema. Así, cree que si el Ejecutivo municipal se ha encontrado con esta situación deberá actuar desde el plano del mantenimiento y del social como un todo. Y buscando soluciones a largo plazo. "Una solución esporádica no sirve", apunta. "Lo que hay que hacer es atender a estas personas desde el área social y luego hacer las labores de mantenimiento. Pero no puede estar desligado. Si el Ayuntamiento lo hace de forma coordinada con el Samur Social será razonable, pero siempre y cuando prime el área social sobre las demás. Lo importante no es el mantenimiento de los túneles, son las personas", sentencia.