Caso ERE

La incógnita del dinero defraudado y la falta de responsables civiles complican la recuperación del dinero de los ERE

Los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El camino que conduce a la recuperación del dinero de los ERE irregulares está plagado de obstáculos. Aunque el Gobierno andaluz de PP y Cs ha anunciado un intento de recuperarlo, es difícil sin sentencia firme. Además, no hay cuantificación exacta del dinero defraudado, sólo del repartido mediante un procedimiento ilegal. Parece lo mismo, pero no lo es. Además, la sentencia, aunque condena a diez ex altos cargos por malversación, no indica quién debe asumir el coste económico. La Junta de Andalucía, en la etapa del PSOE, pidió el archivo de la pieza y se retiró como acusación, por lo que no formuló petición de responsabilidad civil.

A raíz de la sentencia condenatoria conocida el martes, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), y su vicepresidente, Juan Marín (Cs), han lanzado el mensaje de que intentarán recuperar el dinero. Moreno afirmó este miércoles, en la cadena Ser, que ha dado instrucciones al Gabinete Jurídico de la Junta para que estudie la forma de recuperar "el dinero de los contribuyentes". Moreno reconoció que el desafío es "complejo", porque hay empresas a las que se les concedieron ayudas que "ya han desaparecido" o han modificado su situación "mercantil y jurídica". Juan Marín señaló en RNE que la Junta tendrá que "acudir a la vía civil e iniciar un nuevo procedimiento que tardará sabe dios cuánto para intentar recuperar parte de este dinero".

Ni Moreno ni Marín aclaran cuánto pretenden recuperar. Ambos saben que no es fácil, ni de cuantificar ni de lograr. En su pacto de gobierno, firmado tras las elecciones de diciembre de 2018, PP y Cs se comprometen a establecer los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del dinero defraudado con los ERE". Tras la sentencia, conocida casi 11 meses después del acuerdo, Moreno anuncia ahora que le preguntará al Gabinete Jurídico por la vía para recuperar el dinero.

infoLibre ha contactado con la Consejería de Presidencia, de la que depende el Gabinete Jurídico, pero no hay detalles sobre la fórmula concreta a utilizar. Ni siquiera hay aclaración sobre el momento para adoptar acciones civiles, si podría ser ahora o habría que esperar a después de una condena en firme tras los recursos ante el Tribunal Supremo. Se está estudiando, es la respuesta.

Sin concreción de la cuantía defraudado

La sentencia de los ERE, aunque conlleva diez condenas por malversación, no establece qué cuantías ha malversado cada condenado. Tampoco el montante total malversado. El porqué de esta carencia está relacionado con la peculiar naturaleza de la conocida como "pieza política" del caso. En la misma se ha enjuiciado si era legal o no el sistema de reparto del dinero, sin entrar en el detalle del uso posterior, que se verá en el carrusel de juicios que aún están por venir. Ahí se irá delimitando, juicio a juicio, ayuda a ayuda, el detalle de la malversación.

De momento, lo que tenemos es una sentencia que se ocupa de desentrañar la naturaleza y funcionamiento entre 2000 y 2009 del conocido como "procedimiento específico", es decir, el sistema por el que se entregaron las ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo. Y la conclusión de los tres magistrados es clara: era un sistema ilegal. Y los 19 altos cargos de la Junta que lo crearon y/o mantuvieron son responsables penales. En diez de los casos, por malversación, un delito por el que han sido condenados el expresidente José Antonio Griñán y los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández (Empleo), Carmen Martínez Aguayo (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación).

680 millones: montante global

Que no haya cuantificación en la sentencia del dinero defraudado no significa que el fallo no ponga cifras encima de la mesa. Las pone. Y una de ellas es categórica: 680 millones de euros. Es el número que más está circulando.

Pero la sentencia no dice que esta sea la cantidad defraudada. Lo que dice es que ese es el "montante global" para "ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis", entre otros conceptos, "mediante el mecanismo inadecuado de las transferencias de financiación". Esto es, mediante el procedimiento que la sentencia considera ilegal por estar diseñado para eludir los controles.

¿Se puede considerar que esos 680 millones son dinero malversado por haber sido entregado mediante un procedimiento ilegal, independientemente de que los trabajadores beneficiarios tuvieran derecho a una compensación? Es algo en lo que la sentencia no entra. Más de 6.000 trabajadores se han beneficiado de estas ayudas. Sólo una minoría son "intrusos", es decir, o no trabajaban en las empresas o lo hacían en puestos que les daban derecho a pólizas menores que las suscritas. El fallo tampoco cuantifica el número de intrusos.

Si hubo "intrusos" y cuándo dinero han cobrado ilegalmente, se determinará en juicios futuros. "Si se demuestra que ha habido un enriquecimiento injusto, se les podrá exigir [a los intrusos] la devolución del dinero. La clave en juicios de este tipo es probar la mala fe, además de si tenían derecho a las indemnizaciones que han percibido", explica el catedrático de Derecho Penal José Manuel Paredes.

La delimitación del número de intrusos y las cuantías percibidas, de las posibles comisiones abusivas percibidas en la tramitación de los ERE por los intermediadores y de las empresas que recibieron ayudas ilegales son asuntos que aún no han sido juzgados. Eso sí, la fase de instrucción ha puesto de manifiesto claras irregularidades. Sobran los ejemplos, en un caso pródigo en episodios escabrosos: trabajadores de unos almacenes prejubilados en una mina; ayudas a empresas supuestamente ficticias creadas en el pueblo del director general de Trabajo; ayudas a empresas del chófer de dicho director general... No obstante, se trata de episodios aún no juzgados. La sentencia del martes no les atribuye a Manuel Chaves, ni a Griñán, ni al resto de condenados la malversación derivada de estos hechos, porque no entra en ellos. Se limita a cuantificar la bolsa que fue repartida mediante el mecanismo defraudatorio.

El paso atrás de la Junta en 2016 No hay listados oficiales ni cerrados de supuestos intrusos o empresas beneficiadas injustamente con ayudas. En junio de 2015, la jueza Mercedes Alaya envió al Tribunal Supremo –que había entrado en escena porque Chaves y Griñán eran aforados– un listado con 70 intrusos, que se elevaron por encima de 100 a lo largo de la instrucción de las distintas piezas. La comisión de investigación del Parlamento de Andalucía, que tuvo lugar en 2012, con el caso en sus inicios, detectó 196 irregularidades, entre ellos 71 intrusos más 60 trabajadores que no habían acreditado todos los requisitos.

La sentencia no hace ninguna referencia a quién tiene que pagar los platos rotos. Es decir, condena por malversación y prevaricación, pero no indica quién tiene que asumir la responsabilidad civil. El motivo también está relacionado con las particulares características del caso ERE. Y con el papel de la Junta de Andalucía.

La Junta, que estaba personada como acusación, se apartó de la pieza política en octubre de 2016 al pedir el archivo de la misma. En su escrito, la Administración andaluza señalaba que la "falta de cuantificación de los importes defraudados y la ausencia concreta de quienes se han lucrado indebidamente nos llevaría a formular una acusación incompleta, señaladamente respecto del delito de malversación". Ello llevaría, añadía la Junta, a solicitar una "responsabilidad civil de cuantía indeterminada, frustrando así las legítimas expectativas de recuperación de los fondos públicos". La Junta afirmaba además en su escrito que no había indicios de "ilícito penal", por lo que pedía el archivo.

El tiempo ha dejado en mal lugar este escrito de la Junta. De hecho, es ahora utilizado por PP, Cs y Adelante Andalucía para atacar a Susana Díaz, que era presidenta de la Junta entonces. La sentencia indica que sí hubo ilícitos penales. Además, el apartamiento de la Junta no parece haber contribuido a la posible recuperación del dinero. El catedrático de Derecho Penal José Manuel Paredes afirma que, con carácter general, lo habitual es que las sentencias condenatorias por delitos con impacto económico incorporen además la responsabilidad civil. No obstante, no ocurre así cuando el afectado se aparta y se reserva acciones civiles. Eso fue lo que hizo la Junta de Andalucía.

Reserva de acciones civiles

La Junta, tras pedir el archivo de la pieza política y abandonar la acusación, comunicó al juzgado de instrucción número 6, que llevaba el caso, que la Administración andaluza "se reserva la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiere lugar, por lo que solicitaba a la jueza instructora, por entonces María Núñez Bolaños, que “tenga por hecha la reserva expresa de esta parte en orden al ejercicio de la acción civil”. Es decir, se apartaba de la acusación, pero quedaba a la espera de una hipotética sentencia condenatoria para reclamar el dinero.

Acto seguido, en febrero de 2017, la jueza Núñez Bolaños archivó las piezas de responsabilidad civil abiertas como garantía cautelar contra los 26 ex altos cargos entonces investigados (finalmente han sido condenados 19). Eran cantidades elevadas. A José Antonio Griñán le levantó la fianza de 4,2 millones. A José Antonio Viera, de 6,2 millones. Por su parte, en enero de 2018, la Fiscalía renunció a la petición de responsabilidades civiles a los investigados por malversación, a los que con anterioridad había reclamado cantidades exorbitantes. Sólo a Griñán le había reclamado 483,6 millones. Una vez retirada la Junta, quedó cerrada la vía para la reclamación de responsabilidades antes del juicio oral. En las cuestiones previas del juicio, la Audiencia Provincial denegó a PP y Manos Limpias el derecho petición de responsabilidades por ser acusaciones populares y no el perjudicado directo.

¿Y ahora?

Ahora, la Junta de Andalucía, gobernada por PP y Cs, tiene sobre la mesa una sentencia condenatoria y aquella "reserva de acciones civiles". La voluntad del Ejecutivo presidido por Juanma Moreno es ejercer esa reserva. ¿Puede? El catedrático de Derecho Penal José Manuel Paredes afirma que, en caso de querer acudir a la vía civil para recuperar el dinero, lo "razonable" es esperar a que la sentencia sea firme.

Juan Gonzalo Ospina, director de Ospina Abogados, afirma que hipotéticamente la Junta podría ejercer acciones civiles en cualquier momento, pero que lo lógico es esperar a que haya sentencia firme del Supremo. En caso contrario, explica este experto penalista, los acusados podrían alegar "prejudicialidad penal" y sería difícil de ejecutar.

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Ospina ve clara la lógica que llevó a la Audiencia Provincial a denegar al PP y Manos Limpias la petición de responsabilidad civil, dado que al ser acusaciones populares sólo pueden solicitarla si lo hace el perjudicado directo, en este caso la Junta. Ahora bien, cree que no hay justificación para que en la sentencia, aunque la Junta no figurase como acusación, la Audiencia no haga ninguna mención a los responsables civiles. "Tendría que haberla. La responsabilidad penal conlleva responsabilidad civil. El Código Penal lo dice en el artículo 116: Toda persona criminalmente responsable lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios", subraya.

¿Y ahora, qué? Ospina ve dos vías para recuperar el dinero. "Si las acusaciones populares de PP y Manos Limpias lo pidieron en su escrito de acusación, la Sala les dijo que no y protestaron, podrán pedir revisión al Supremo en casación". Esa es la primera vía. Pero, dado que la Junta ha anunciado el ejercicio de acciones civiles, la vía más verosímil parece la segunda: esperar a que el Supremo confirme la condena y que la Administración presente una demanda. A juicio de Ospina, aunque el Supremo –al igual que la Audiencia– no cuantificase el dinero malversado en su sentencia, la Junta puede hacerlo por sí misma en su demanda. "Ahí no hay problema. La Junta, partiendo de una condena en firme, luego puede presentar la demanda con sus cuentas", explica.

Todo apunta a que será difícil recuperar el grueso del dinero indebidamente entregado. Porque, además, en caso de que se ejerzan acciones legales contra los condenados, estos deberían ser solventes para pagar. Si no, puede haber condena, pero no dinero. Esto no significa que no se vaya a recuperar nada. De hecho, el último dato del dinero irregularmente repartido con el fondo de los ERE y recuperado por la Administración, de julio de 2018, es de 14,1 millones. Hacienda reclama casi 150 millones. Ahora bien, toca hacer otra vez una distinción: este es un dinero que se reclama tras una revisión de expedientes en vía administrativa. No tiene por qué corresponderse con una malversación, en caso de que los expedientes lleguen a juicio. Queda mucha trabajo por hacer en este caso. En los tribunales y en la Junta de Andalucía.

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