El 25N de las hermanas Mirabal reivindica poner el foco en todos los tipos de violencias machistas

Si a día de hoy hubiera en suelo español otras hermanas Mirabal, no entrarían a formar parte del recuento de víctimas de la violencia machista. Y eso pese a que son ellas, las tres hermanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960, las que dan origen al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Minerva, Patria y María Teresa Mirabal fueron tres hermanas dominicanas que plantaron cara al dictador Rafael Leónidas Trujillo a mediados del siglo pasado. Fueron asesinadas, junto al trabajador Rufino de la Cruz, por órdenes del dictador tras haber ejercido una firme oposición al régimen.

Más de dos décadas después de su asesinato, Bogotá celebró su Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde se acordó fijar la fecha del asesinato de las hermanas como referencia para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. La Organización de las Naciones Unidas tomó el relevo doce años después: en 1993, su Asamblea General aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que proclamaba "la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos". Finalmente, en 1999, la ONU designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Un día cuya raíz bebe del asesinato de tres hermanas por motivos políticos y de género. La relación de pareja, aunque clave en la legislación española, no tenía en sus orígenes un papel significativo. El propio 25N lanza un mensaje sobre la necesidad de ampliar la definición de violencia machista entendida en función de parámetros de afectividad. Un mandato que ya es clamor en las calles, especialmente tras la eclosión feminista que acompañó a las movilizaciones masivas del 8 de Marzo.

La Ley Orgánica contra la Violencia de Género de 2004 únicamente contempla a las mujeres que hayan sufrido violencia "por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia". Precisamente la ampliación del concepto de violencia machista es uno de los principales reclamos por parte de las organizaciones feministas, especialmente desde que en el año 2011 el Convenio de Estambul, ratificado por España, incluyera la violencia sexual, la mutilación genital femenina o el matrimonio forzoso como formas de violencia contra la mujer.

8M como revulsivo

Sara Naila forma parte del colectivo Respondemos Todas, que este pasado viernes marchó contra todos los tipos de violencia. La activista cree que la definición de violencia machista está "obsoleta" y recuerda que la violencia anida en muchos otros terrenos: en el "espacio público o cotidiano, en el centro de trabajo, en casa o en la universidad". Las mujeres, agrega, deben "hacer frente a las violencias en todos los espacios de la vida", pero a día de hoy "la ley deja fuera toda la violencia que se ejerce más allá del ámbito de la pareja".

Sara Naila ha participado activamente en las movilizaciones masivas que el 8M llenaron las calles. El revulsivo del movimiento, dice, no se explicaría sin desviar la mirada a las movilizaciones internacionales, en países como México o Argentina. Fuera y dentro de las fronteras estatales cobró especial relevancia la violencia sexual como violencia cotidiana que hasta ahora permanecía en la sombra. La violación de los Sanfermines en 2016, en ese sentido, marcó un antes y un después. "No sólo contribuyó a señalar la violencia en sí", sino que también destapó todas las piezas de su motor. Apeló a "la justicia patriarcal, a cómo se cuestiona a la víctima antes, durante y después" del proceso judicial. El discurso caló porque "era el día a día de la gente".

Esa identificación provocó una "respuesta a todas las violencias". Hasta el momento, reflexiona la activista, la reacción común estaba "dirigida desde el luto, el minuto de silencio", pero las movilizaciones feministas cambiaron la óptica para responder "desde el empoderamiento, la autodefensa, lo colectivo". Esa suerte de identificación arrojó luz sobre las diversas formas que adopta la violencia contra las mujeres.

Aquello provocó que se diera "un paso importante". Así lo juzga Julia Cámara, activista del 8M de Zaragoza. "Hace no más de cinco años era impensable" hacer hegemónica la idea de que "la violencia va mucho más allá de los asesinatos". Si bien es cierto que "se empezaba a hablar tímidamente de violencia psicológica, todo el entramado que va más allá no se contemplaba", reflexiona Cámara. Las movilizaciones del 8M proponen un cambio de perspectiva, especialmente con la vista puesta en la judicatura. "Esto ha permitido que sentencias totalmente descaradas que antes pasaban desapercibidas, ahora se señalen, se hagan públicas y se empiece a hablar de ellas".

Patricia Ponce, activista y directora de Haurralde Fundazioa, celebra lo conseguido sin olvidar que el camino es todavía largo. "No me atrevería a decir que está labrado, porque si así fuera no tendríamos los indicadores de feminicidios que tenemos", razona al otro lado del teléfono. Sí entiende que el 8M fue paradigmático, especialmente porque "nos ha permitido tener una juventud concienciada, algo esencial para todo el movimiento". Aún así, razona, "si saliéramos a la calle y preguntáramos, el de la violencia machista no sería el primer problema de las personas".

Cambiar la situación implica mucho más que movilización en las calles, estima Ponce. "Los modelos educativos no cambian de un día para otro", cita y lamenta que todavía no exista "coeducación afectivo-sexual" dirigida a los más jóvenes. Trabajar sobre cuestiones como el acoso en redes sociales o la pornografía, dice, son igualmente claves en la batalla. "Necesitamos soluciones integrales".

El paso de las instituciones

Y en esas soluciones integrales entran en juego las instituciones. "Hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta: seguir haciendo incidencia activa para que el Pacto de Estado se cumpla pero también por incorporar el Convenio de Estambul" a la legislación española, argumenta Ponce.

El acuerdo estatal que se rubricó en septiembre de 2017 dedica uno de sus ejes, el octavo, a la "visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres, prestando especial atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados". El propio documento cita al Convenio de Estambul como referencia para alcanzar los objetivos marcados y la medida 102 habla de "ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres", en base al tratado internacional.

A juicio de Ponce, no se trata únicamente de una "cuestión estadística, sino que es importante" porque marcará las bases para cambiar "todo lo que hay detrás, como la educación y la prevención". Para ello es necesario implicar a diferentes aristas: los "actores educativos, organizaciones de base, sociedad civil, departamentos de igualdad o sistema judicial", cita, "siempre desde una mirada integral".

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Aunque Sara Naila coincide en que "cualquier medida puede aportar", subraya que es el propio movimiento feminista quien debe marcar la ruta. "Muchas veces" la actividad institucional "es peligrosa porque se centra en la seguridad y el punitivismo". Por el contrario, razona, "debe haber un cambio social previo al cambio institucional", que propicie cambios rotundos. La firma del pacto, lamenta, "no ha mejorado la situación de las mujeres" de manera que "los pasos son insuficientes". Para la activista, la tarea de concienciación pasa por "entrar en las casas, en los colegios y en los centros de trabajo", con el objetivo de cultivar el cambio de perspectiva por el que batallan las feministas.

También Cámara percibe un largo trecho por recorrer, empezando por el recuento oficial de las otras víctimas, porque la estadística actual "deja fuera del reconocimiento público y político a otras mujeres asesinadas". Uno de los problemas que genera esta situación es que "parece que esta violencia deriva de situaciones personales", de manera que se hace urgente un "reconocimiento oficial como forma de violencia machista".

Los avances en ese sentido no pueden ocultar otra realidad: la violencia institucional. "Desde el movimiento feminista llevamos años intentando hacer hincapié en la violencia institucional que legitima el resto de violencias", relata Cámara. Con ello se refiere la activista a todas las trabas por las que pasan "las mujeres que van a denunciar en comisaría, la violencia implícita en las resoluciones judiciales o todo el entramado de la custodia compartida en casos de maltrato". Ahí, opina Cámara, "está la batalla más grande: hacer entender que la violencia machista no sólo se produce fuera del ámbito de la pareja, sino también más allá del ámbito interpersonal, en las instituciones y en el cuerpo del sistema".