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'Caso Villarejo'

Dos periodistas de 'Interviú' investigados por el 'caso Villarejo' piden al juez que levante el secreto de sumario

  • Alberto Pozas y Luis Rendueles arguyen que mantener el velo "repercute gravemente" en su derecho de defensa
  • En la pieza separada que los afecta se investiga el destino del móvil sustraído a una asesora de Pablo Iglesias, que pasó por manos del comisario Villarejo
  • Villarejo, por su parte, declaró que había recibido el contenido de manos del director y el subdirector de la revista en aquel momento, Pozas y Rendueles

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Publicada el 26/11/2019 a las 11:56 Actualizada el 26/11/2019 a las 12:45
El excomisario José Manuel Villarejo (archivo).

El excomisario José Manuel Villarejo (archivo).

EFE
Dos periodistas de la extinta publicación Interviú investigados en el caso Villarejo –Alberto Pozas y Luis Rendueles– han solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que levante el secreto de sumario sobre la pieza separada que les afecta a fin de poder tener acceso a las actuaciones, dado que mantener el velo "repercute gravemente" en su derecho de defensa, según informa Europa Press.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de ambos periodistas recurre en reforma el auto del instructor que el pasado 18 de noviembre acordó prorrogar un mes más el secreto de actuaciones sobre la pieza número 10 de la macrocausa Tándem, conocida como 'Dina' y en la que se investiga el destino del contenido del móvil sustraído a una asesora del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que pasó por manos del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.

Las actuaciones se iniciaron tras el hallazgo entre el ingente material intervenido a Villarejo a su detención de un clonado del móvil de Dina Bousselham, asesora de Pablo Iglesias, que en 2016 había denunciado la sustracción. El terminal contenía información personal de ambos y su entorno así como información sobre el partido, parte de la cual acabó publicado en prensa aquel mismo año.

Iglesias contó al juez que tenía conocimiento de que el material había pasado por la redacción de Interviú, si bien no llegó a publicarse. El presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, confirmó ese extremo y Villarejo, por su parte, declaró que había recibido el contenido de manos del director y el subdirector de la revista en aquel momento, Pozas y Rendueles, respectivamente. Ambos fueron citados como investigados el pasado mes de abril, cuando prestaron declaración por un presunto delito de revelación de secretos.

Sin embargo, aún no han podido acceder a la causa ni al contenido de las actuaciones. Según exponen, "no cabe escudarse en el secreto para practicar una investigación completa a espaldas de los investigados, cercenando su derecho a intervenir en las diligencias de instrucción o posponiendo su intervención a un momento procesal tardío en el que tal derecho de defensa haya quedado ya definitivamente mutilado".

"Resulta evidente que el mantenimiento del secreto repercute gravemente en el derecho de defensa de los investigados ya que les impide no sólo intervenir en las diligencias que se van practicando sino también controlar su práctica o contradecir su resultado. Asimismo, impide incluso, lo que es aún más grave, conocer lo actuado y sin tal conocimiento resulta materialmente llevar a cabo una defensa en condiciones", exponen en el escrito. 

Intereses dignos de protección, afectados 

Consideran que la previsión legal que permite prorrogar el secreto en función de las necesidades de la instrucción, "no ampara prórrogas sucesivas e indiscriminadas, máxime en un procedimiento mediático como el presente en el que no sólo está en cuestión la preservación del derecho de defensa de los investigados sino también otros intereses dignos de protección".

En este sentido, el escrito se detiene en la situación de Pozas para recordar al juez que "hubo de dimitir como alto cargo de la Secretaría de Estado de Comunicación" a raíz de la imputación en el procedimiento y mantener el secreto le impide "no sólo defenderse" sino también "rehabilitarse ante la opinión pública y rehacer su vida laboral".

Inciden en que, además, esta "prórroga permanente del secreto no tiene razón de ser dado que no existe riesgo alguno para la vida, libertad o integridad física de ninguna persona, ni puede producirse ya una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación" y apuntar, como hacía el juez en su auto, que es "imprescindible para asegurar la protección del valor constitucional de la justicia" es una argumentación "abstracta y estereotipada" que resulta "insuficiente".
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