Serrano cesa como administrador de su bufete tras desvelar infoLibre que Hacienda reclama 2,4 millones a su anterior empresa

Francisco Serrano, presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, cesó el 17 de octubre como administrador de su bufete legal. Así está recogido en su declaración de actividades, retribuciones, bienes e intereses, actualizada ese mismo día, 17 de octubre, jueves de hace dos semanas, en el Parlamento de Andalucía [ver aquí]. La renuncia de Serrano se produce justo después de la publicación de tres informaciones de infoLibre sobre su actividad empresarial, los días 14, 15 y 16 de octubre. Concretamente, las informaciones desvelaron la obtención para otra empresa de la que era administrador, Bio Wood Niebla SL, de un préstamo público de 2,48 millones que ahora Hacienda reclama porque ni ha sido devuelto ni ha servido para construir la fábrica para la que se concedió [ver aquí, aquí y aquí los detalles del caso y aquí una cronología].

Serrano, que se presenta a sí mismo como el azote contra el mal uso del dinero público, logró el crédito del Ministerio de Industria tras declarar en escritura pública que era dueño de una maquinaria que en realidad no tenía, según él mismo ha admitido en un comunicado en Twitter. La ocultación de las cuentas de la empresa, cuyo último depósito en el Registro Mercantil es del ejercicio de 2016, impide saber a qué se ha dedicado el dinero concedido.

Este periódico intentó recabar la versión de Serrano sobre su cese a través del grupo parlamentario de Vox y de su bufete, Despacho Serrano Abogados Jurídicos SLP, pero no hubo respuesta.

El despacho

Serrano fue administrador y socio mayoritario de Bio Wood Niebla SL entre marzo de 2016 y octubre de 2017. Meses antes de su salida, en marzo de 2017, había empezado sus operaciones el despacho de abogados Francisco Serrano Castro SLP [Sociedad Limitada Profesional], constituido con un capital de 6.000 euros, con el juez como administrador único y socio profesional y con sede en la Avenida de la Constitución, en pleno centro de Sevilla, según la información del Registro Mercantil.

Tras cambiarle el nombre a Despacho Serrano Abogados Jurídicos SLP y mudar el domicilio social al Paseo de las Delicias, también en el centro de Sevilla, Serrano cesó como administrador único y socio profesional, el 8 de junio de 2018. Serrano transmitió 5.344 participaciones del despacho a María José Mestre, su esposa, que pasó a ser socia profesional y administradora única. Serrano transmitió a su vez 14 participaciones a cada uno de los cuatro socios restantes, según la información mercantil.

El juez deshizo después este movimiento, según detalla la información recabada por infoLibre. Mestre, que tenía las 5.344 participaciones desde el 8 de marzo de 2018, volvió a vendárselas a Serrano el 23 de julio de 2018, fecha de reunión de la junta general universal de socios. Es decir, cuatro meses y medio después, Mestre le vende a Serrano las participaciones que este mismo le había transmitido. El precio de la venta de las 5.344 participaciones de Mestre a Serrano es de 8.016 euros, que se aplazan en tres pagos: 3.000 euros con vencimiento el 5 de agosto, otros 3.000 euros con vencimiento el 5 de septiembre y 2.016 euros con vencimiento el 5 de octubre. Serrano pasó además a ser socio profesional del despacho, responsabilidad que Mestre abandonó, por el mismo acuerdo de la junta general. Al día siguiente, 24 de julio, Serrano tomó el cargo de administrador único de la empresa en sustitución de Mestre, también por acuerdo de la junta general. El notario Miguel Ángel del Pozo Espada da fe de los acuerdos de ambos días, 23 y 24 de julio de 2018.

Bufete y escaño

Así quedó la situación, con Serrano como administrador único de la empresa y socio profesional de su despacho. Luego se cruzó el éxito de Vox.

Serrano, cabeza de lista por Sevilla y candidato a la presidencia de la Junta de Vox en las elecciones autonómicas andaluzas del 2 de diciembre de 2018, se convirtió en parlamentario el 27 de ese mismo mes.

Desde su acceso al escaño, Serrano ha buscado la forma de continuar ejerciendo su profesión de abogado de forma simultánea. Y lo ha conseguido. A finales de febrero de 2019, la Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlamento propuso la declaración de compatibilidad de las actividades parlamentarias y privadas de Serrano, si bien estas debían quedar limitadas al ejercicio puntual de servicios de asesoría y al cumplimiento de compromisos profesionales previos, todo ello sin retribución.

Una compatibilidad polémica

La compatibilidad causó controversia política. El juez, que fue condenado por prevaricación –por lo que cumplió una pena de inhabilitación ya terminada–, ha podido ejercer el derecho de familia al mismo tiempo que el Parlamento le servía de altavoz para sus ideas contrarias a al feminismo y la "ideología de género". El bufete de Serrano utiliza el perfil público de Serrano para promocionarse. "Este despacho profesional de abogados se inspira en los principios y valores que siempre ha defendido y sigue defendiendo su fundador, Francisco Serrano Castro, desde diferentes ámbitos de la Justicia", dice el despacho en su web. Y añade: "Y es precisamente la defensa de unos valores hoy en aparente retroceso lo que hace fuerte a Serrano Abogados y consigue para este bufete, y especialmente para nuestros clientes, unos magníficos resultados [...]".

Portavoz de Vox en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Serrano ha abanderado iniciativas de su grupo como la solicitud de los nombres de los trabajadores contra la violencia de género de la Junta.

Mientras Serrano resolvía favorablemente a sus intereses la compatibilidad del escaño con sus tareas legales, en el terreno político su camino se ha ido torciendo. Serrano fue cesado como portavoz parlamentario tras el pleno de investidura, que tuvo lugar en enero y fue el único en el que desempeñó esta responsabilidad. Lo sustituyó el parlamentario por Córdoba Alejandro Hernández.

El juez ha ido reduciendo su protagonismo, cada vez más eclipsado por Hernández. Sus declaraciones en los medios, frecuentes y explosivas al inicio de la legislatura, han ido a menos. Su momento más bajo tuvo lugar a raíz de la sentencia que condenó por violación a La Manada. Serrano publicó en su muro de Facebook que, a raíz del fallo, "la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la prostitución”. Su propio partido le pidió una rectificación. Agobiado, Serrano renegó de sus palabras cinco días después de su publicación, atribuyéndolas a un subordinado que no identificó. Ese mismo día, 26 de junio, anunció que se cogía una baja por ansiedad, solicitando la delegación de voto para los siguientes plenos. Tras un mes de silencio, reapareció pidiendo el alta el 25 de julio, en la antesala de las vacaciones parlamentarias de agosto.

Actividades, bienes e ingresos

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La actualización, el 17 de octubre, de su declaración de actividades, retribuciones, bienes e intereses permite completar la secuencia de sus movimientos. Serrano incorpora a su registro la siguiente información: "Cesa como administrador de Despacho Serrano Abogados Servicios Jurídicos SLP, con fecha 17 de octubre de 2019. Desde el mes de junio cesó en toda actividad de ejercicio de abogacía". Serrano ya había comunicado en junio al Parlamento el cese de la actividad de la abogacía, pero no como administrador. Según su declaración, aún es propietario de participaciones de su despacho por valor de 62.252 euros.

Además, el dirigente de Vox en Andalucía afirma que en 2018 ingresó 42.000 euros como abogado en asuntos de derecho de familia y civil, además de 300 euros por un libro. Como conferenciante, únicamente le fueron abonados gastos de desplazamiento, añade. Serrano afirma que su saldo total en cuentas bancarias a 17 de octubre de 2019 es de 15.314 euros y que es propietario al 50% de dos viviendas, una en Sevilla y otra en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Tiene 24,13 euros en acciones del BSCH y un seguro de vida de 120.000 euros con Aviva, todo ello según su declaración. Además, tiene dos créditos hipotecarios al 50%, uno de 32.500 y otro de 7.142,5 euros.