¿Por qué Franco sale y Queipo no? Así eluden la Junta y La Macarena la exhumación del golpista

El Gobierno andaluz de PP y Cs, sostenido en el Parlamento por Vox, pone en duda que exista una obligación legal de exhumar al general golpista Gonzalo Queipo de Llano, enterrado en la basílica de la Macarena. La Consejería de Cultura (PP), con competencias sobre memoria histórica, invoca un informe jurídico, oficial pero no vinculante, que considera "discutible" que la tumba, perfectamente visible y accesible en el interior del templo, incumpla la ley andaluza de memoria. Este informe debe ser "tenido en cuenta" y "analizado" para "tomar la decisión", señala el departamento de Cultura en respuesta a infoLibre.

No es sólo este informe. La Junta de Andalucía y la Hermandad de la Macarena, propietaria de la basílica, despliegan un variado abanico de justificaciones para aludir la exhumación de Queipo, principal protagonista de la represión franquista en el sur de España. Unas órdenes todavía no aprobadas, un comité pendiente de constituir, un columbario aún por construir, un informe de 2017 y los deberes que el PSOE se dejó sin hacer dan cobertura a la oposición del Gobierno andaluz y la hermandad, con más de 10.000 miembros, a sacar de la basílica a aquel militar de Tordesillas que lideró el golpe en la capital andaluza y que llamaba a violar rojas desde lo que hoy es el edificio de Radio Sevilla.

En poco más de 20 segundos cualquiera puede caminar sin impedimento desde el Arco de la Macarena, en plena calle, hasta el interior de la basílica del mismo nombre, girar el cuello hacia la izquierda, mirar hacia abajo y ver la tumba de un general golpista. La inscripción, bajo una cruz tallada en el mármol, dice así: "Aquí reposa en la paz del señor D. Gonzalo Queipo de Llano y Sierra. Hermano Mayor Honorario. 5 febrero 1875 – 9 marzo 1951". A su lado está enterrada, con la misma dignidad, su esposa, "la excelentísima señora Dña. Genoveva Martí Tovar de Queipo de Llano". Un busto de Juan Pablo II, bajo la figura de un crucificado, observa las dos sepulturas, que se encuentran dentro de la basílica, en un espacio de acceso natural nada más entrar por la puerta principal izquierda. Es la capilla del Cristo de la Salvación, donde también reciben culto Santa Ángela de la Cruz y la Beata Madre María de la Purísima. Al salir de la basílica, a unos pasos a mano derecha, se topa uno con la muralla de la Macarena, antiguo límite de la ciudad, donde es sencillo identificar decenas de agujeros de bala, recordatorios de los allí fusilados durante años por orden de Queipo, al que sus fieles llamaban "virrey de Andalucía" y otros, entre dientes, "carnicero de Sevilla".

Tras la visita a la basílica de la Macarena, una de las más visitadas por los turistas, que casi siempre ignoran la identidad ese "D. Gonzalo" que yace en lugar tan destacado, toca repasar la legislación de memoria histórica vigente. Sobre todo para responder a una pregunta: ¿Es legal esa tumba? La norma estatal, aprobada en 2007, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y con el voto en contra del PP, establece que las administraciones deberán retirar los símbolos de "exaltación" de la Guerra Civil y la represión de la dictadura. No obstante, excluye los de "estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas", entre otras. Por ahí se podría escapar la tumba de Queipo. ¿Y la ley andaluza? La norma autonómica, impulsada por IU durante su etapa de coalición de Gobierno con el PSOE, entre 2012 y 2015, pero aprobada finalmente en 2017, quiso llegar más lejos e introdujo un artículo expresamente diseñado para superar limitaciones como la del caso de Queipo. El artículo 32.4 dice así: "Cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén colocados en edificios de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos". La ley fue aprobada sin votos en contra, con el apoyo de PSOE, Podemos e IU y la abstención de PP y Cs.

Normas y comité

Cuando se aprobó la ley, no se cuestionaba que el articulado concernía al caso de Queipo. La Dirección General de Memoria Democrática, tanto bajo el paraguas de la Consejería de Cultura como de la Consejería de Presidencia, afirmaba que el enterramiento de Queipo vulneraba la norma. Nadie lo rebatía.

El problema no era ese, sino que la propia norma deja un amplio espacio para esquivar su propia letra. ¿Cómo? La ley prevé la creación de un "comité", la mejor forma –dice la broma popular– de no resolver un problema. El artículo 32.6 de la ley andaluza de memoria establece que, para el caso de que los posibles elementos "contrarios a la memoria democrática" no sean retirados voluntariamente por los privados que los custodian, la Consejería de Cultura debe aprobar una orden, que a su vez constituirá un "comité técnico", que a su vez elaborará una relación de elementos que "deben ser retirados o eliminados". La composición y las reglas de funcionamiento de este comité técnico serán a su vez establecidas mediante otra orden.

La confianza del PSOE

Dos órdenes y un comité, que a su vez debe elaborar un informe. No suena a trámite rápido. Y efectivamente nunca lo fue. El PSOE, durante su etapa de gobierno en solitario, no desarrolló la normativa, aunque sí elaboró un primer texto para regular el comité que a la postre se quedó en el Consejo Consultivo, sin llegar a aprobarse. Tanto el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, como la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ambos del PSOE, optaron por una estrategia suave, consistente en pedirle a la hermandad y al Arzobispado de Sevilla que sacaran voluntariamente a Queipo.

No había amenazas, ni siquiera advertencias. Díaz afirmó en septiembre de 2017 que la basílica de la Macarena no era "el lugar adecuado" para Queipo. Pero poco más. La estrategia del PSOE ha sido confiar en que la hermandad diese el paso, cosa que nunca ha ocurrido. Desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez anunció la exhumación de Franco sin acuerdo con la familia ni con la Iglesia, la contemporización del PSOE andaluz ha ejercido como contraste moderado a la iniciativa drástica de La Moncloa. Finalmente, Franco ha salido y Queipo sigue ahí. Y nada indica que vaya a cambiar dicha situación.

Cambio de gobierno (y de enfoque)

Las últimas elecciones andaluzas, el 2 de diciembre de 2018, precipitaron la salida del PSOE del poder. La nueva mayoría, con PP y Cs en el Gobierno de la Junta y el apoyo externo de la ultraderecha de Vox, ha cambiado el enfoque sobre la memoria histórica. Entre otras medidas, los socios han acordado introducir una limitación exclusiva para las asociaciones de memoria histórica en el acceso a ayudas de la Junta. El PP incluso se ha comprometido con Vox a derogar la actual ley y sustituirla por una nueva "de concordia" que tenga el consenso de toda la Cámara, cosa inviable políticamente. La Junta está sin director de memoria. El PP le ha prometido a Vox un "Comisionado de Concordia", pero lleva más de ocho meses con el cargo desierto desde que lo anunció. PP y Cs han cedido la presidencia de la comisión parlamentaria con competencias de memoria a Vox, un partido cuyo presidente, Santiago Abascal, culpa de la Guerra Civil al PSOE, y que está plagado de figuras que niegan que el franquismo fuera una dictadura. En ciudades con la misma mayoría que Andalucía, como Córdoba, PP y Cs han empezado ya a revertir la supresión de calles dedicadas a figuras del franquismo.

Con este escenario político, y con la hermandad y el arzobispado dando largas a las peticiones del ayuntamiento y la Junta, era poco probable que el Gobierno andaluz situara el tema entre sus prioridades. "A mí no me importa el Valle de los Caídos, sino el Valle de los Pedroches", ha dicho el presidente andaluz Juanma Moreno (PP), en referencia a la comarca cordobesa de los Pedroches. Es la frase que resume la posición del Gobierno andaluz.

La Macarena

La Macarena lo tiene fácil para situar la pelota en el tejado de la Junta. "Estamos a la espera de que nos digan cómo proceder", deja como mensaje el hermano mayor de la hermandad, José Antonio Fernández Cabrero. Un portavoz de la hermandad insiste en la línea de renunciar a cualquier responsabilidad: "La Hermandad está dispuesta a cumplir la ley siempre. No existe reglamento de la ley que instruya en qué hacer y cómo hacerlo, lo que deja sin capacidad de iniciativa a la hermandad". El portavoz afirma, a preguntas de este periódico, que "hay que tener en cuenta también el derecho de familia, sin que la familia Queipo haya manifestado ninguna decisión ni opinión al respecto". Y añade: "La hermandad está en el punto de todas las miradas pero, sin embargo, no tiene ahora mismo ninguna capacidad de acción". Desde julio de 2018 la hermandad maneja también la posibilidad de construir un columbario, es decir, un conjunto de nichos, para todos los hermanos que deseen que sus restos sean allí depositados. "Esa podría ser una vía a explorar para resolver este tema", señala este portavoz. No obstante, la construcción del columbario todavía no está aprobada. Está previsto que el tema se aborde en un "cabildo", asamblea de hermanos, el 10 de noviembre.

Con más de 10.000 miembros, la hermandad de la Macarena es una de las instituciones con más arraigo de la ciudad de Sevilla. Su composición es transversal. El distrito Macarena es históricamente de izquierdas en el voto. Se trata de un barrio popular, sin el perfil conservador de otros más adinerados, como Los Remedios. Aunque no se alzan públicamente voces desde el interior de la hermandad que reclamen la exhumación, quienes conocen la Macarena aseguran que el tema no es fácil de gestionar y que se vive con desagrado tener que dar explicaciones sobre el tema en los medios. No obstante, se termina imponiendo una visión que en la práctica favorece que Queipo siga ahí. El actual hermano mayor de La Macarena ha alegado que Queipo sigue enterrado en la basílica en calidad de "hermano mayor honorario", título concedido en junio de 1939.  

Represión en Sevilla y Andalucía

La memoria es un tema peliagudo en Sevilla. El horror de la represión alcanzó en la ciudad cotas brutales. El propio Blas Infante, considerado hoy padre de la patria andaluza, está probablemente en uno de los ocho enterramientos colectivos que el Ayuntamiento de Sevilla intenta ahora delimitar y excavar. Los cálculos historiográficos apuntan a que hay restos de 14.000 sevillanos en fosas comunes, aunque hay fusilados, muertos de hambre, pobres a los que se enterraba gratuitamente... La represión fue atroz en buena parte de Andalucía. La propia Junta, la administración a cuyo frente está Juanma Moreno, contabiliza oficialmente 708 fosas comunes con más de 45.566 víctimas. El principal responsable de esa represión en el sur de España fue Queipo de Llano, de cuya crueldad dan testimonio obras como La justicia de Queipo. Violencia selectiva y terror fascista en la II División de 1936: Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz (Crítica, 2005), del historiador Francisco Espinosa, con prólogo de Paul Preston.

Conocidas –y recordadas con horror durante décadas por miles de sevillanos– eran sus incendiarias proclamas radiofónicas. En ellas llamaba a matar rojos y a violar a sus mujeres. “Se les perseguirá como a fieras, hasta hacerlos desaparecer a todos. Nuestros valientes legionarios y regulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen”. De crueldad reconocida y acreditada, Queipo no es un personaje fácil de defender en Sevilla. Es cierto que su presencia en la basílica no es, ni mucho menos, un tema que protagonice la actualidad de la ciudad, cuyo liderazgo mediático sigue siendo ostentado sin discusión por ABC. De vez en cuando hay manifestaciones a las puertas de la basílica exigiendo la retirada de los restos de Queipo, pero poco más. El tema depara más titulares fuera que dentro de la ciudad. Y casi siempre llegan en la estela de alguna novedad con respecto a Franco. Pero también es cierto, a pesar de la indiferencia generalizada en la ciudad, que para la hermandad es más fácil dejar la pelota en el tejado de la Junta que asumir directamente la decisión de dejarlo donde está.

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La Junta

Y la Junta, ¿qué dice? A preguntas de este periódico para que precise su posición, la Consejería de Cultura recuerda que el anterior gobierno (PSOE) no desarrolló la ley. No obstante, el departamento que dirige la consejera Patricia del Pozo añade: "Estamos elaborando la nueva orden, que creará un comité que dirá qué lugares incumplen la ley de memoria. Actuaremos en base a los informes del comité, con pleno diálogo con la familia y la hermandad".

No obstante, lo más significativo de la respuesta es la referencia a un informe elaborado por la asesoría jurídica de la Consejería de Presidencia, de julio de 2017, elaborado por encargo del viceconsejero del ramo, que pone en duda que la tumba de Queipo pueda considerarse un elemento contrario a la memoria democrática. "Hay que tener en cuenta también los informes que al respecto encargó el anterior Gobierno. En uno de ellos, de 2017, el letrado dice que es 'cuanto menos discutible' que la tumba incumpla la ley tras la retirada de los símbolos llevada a cabo por la Hermandad [la hermandad ha ido quitando diversa simbología franquista]. Todos estos elementos son lo que hay que tener en cuenta y analizar a la hora de tomar una decisión", señala Cultura.