La situación extrema de los refugiados en la calle evidencia los déficits del sistema de asilo

El problema no brota de la nada y sus raíces son mucho más profundas de lo que se percibe a simple vista. Desde hace semanas, decenas de personas que buscan protección en el país aguardan su turno a las puertas del Samur Social de Madrid. Son solicitantes de asilo que no encuentran respuesta por parte de la Administración, pese a su situación de emergencia. La cara más visible del paisaje se sitúa en la capital, pero el problema de fondo apunta al propio sistema de asilo y sus déficits. Tanto los vecinos como los trabajadores del Samur Social explican que la situación es "muy fluctuante" y cada noche varía, pero la urgencia no puede ser más obvia.

Quienes duermen en las calles aledañas al Samur Social, ubicado en la Carrera de San Francisco en Madrid, son migrantes que han solicitado asilo pero que aún no han encontrado una respuesta por parte de las instituciones. El recurso de emergencia local se perfila como una solución temporal para estas personas. Pero tampoco está respondiendo, en un año especialmente complicado: la Secretaría de Estado de Migraciones estima que 2019 se cerrará con más del doble de las solicitudes de protección internacional que se registraron en España durante 2018, cuando rondaron las 55.000. Las demandas superarían las 100.000 en un sistema que cuenta con cerca de 10.000 plazas. Además, existen "unos 4.500 alojamientos provisionales" y el nivel de ocupación "con carácter general es prácticamente del 100%", indican fuentes de la Secretaría de Estado de Migraciones a preguntas de infoLibre.

El Ayuntamiento de Madrid propuso a finales de octubre la cesión de siete espacios para los solicitantes. El Ministerio de Trabajo y Migraciones dio luz verde y abrió las puertas de uno de ellos, donde ya cuelga el cartel de plazas llenas. La Secretaría de Estado de Migraciones explica que sólo uno de esos espacios "estaba disponible para su uso en el corto plazo" y que "las obras de acondicionamiento que es necesario acometer en seis de ellos llevarían varios meses". Pero el tiempo es oro y la necesidad apremia. "Necesitamos contar con recursos que puedan empezar a utilizarse lo antes posible", dicen.

Un sistema deficiente

¿Cómo se ha llegado a tal punto? La respuesta pasa necesariamente por un vistazo al sistema de asilo del país. Es en el Ministerio del Interior donde recae la responsabilidad sobre las personas que solicitan protección internacional. En su seno surge uno de los primeros problemas detectados. Así lo explican desde la Red Solidaria de Acogida. El Ministerio del Interior "hace una primera trampa" y es que las personas "no son de verdad solicitantes hasta que no hacen una entrevista de asilo". Un trámite que tiende a dilatarse en el tiempo.

Ocurre, no obstante, que cuando una persona "pide una cita ya está manifestando su voluntad de solicitar amparo internacional", de manera que la protección debería considerarse desde ese mismo momento. Lo que está haciendo la Administración, sostienen las mismas fuentes, "es poner una tirita para no hacerse cargo de más gente desde el minuto uno", especialmente teniendo en cuenta que la situación a día de hoy apunta a una espera de hasta dos meses. "En esos meses el Ministerio del Interior no se hace cargo de esas personas", denuncian. La variabilidad temporal de las citas es enorme. "Hasta hace poco eran para tres semanas, ahora son para dos meses, pero hemos tenido momento que han tardado hasta seis", describen desde la organización.

Y en medio de la batalla, ¿qué ocurre con los solicitantes? Para abordar la urgencia existe "una acogida de emergencia que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social debe proveer, a través de organizaciones no gubernamentales". En el caso de Madrid recae en manos de Cruz Roja. Esa fase previa, correspondiente a la acogida de emergencia, tiene una duración estimada de 30 días y se lleva a cabo a través de una primera evaluación de las necesidades. Pero hasta que el solicitante "no tiene el papel correspondiente –que demuestra tu voluntad de solicitar cita–, no le dejan pedir ni siquiera el recurso de emergencia y se queda fuera de la ayuda". Ahora mismo "esa primera acogida financiada por el Ministerio de Trabajo y Migraciones con las ONG está muy saturada".

Samur Social

La Secretaría de Estado de Migraciones, explica un portavoz autorizado, da acceso prioritario a las personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad. "Cuando recibimos noticias de algún caso en esta situación trabajamos con el Samur o la entidad correspondiente para darles acogida", explican. Toda persona que trate de acceder a los recursos de acogida debe "ser solicitante de protección internacional o haber aceptado España la responsabilidad de examinar su solicitud", además de "carecer de medios económicos para su subsistencia". En caso de no existir recursos de acogida adecuados, continúan las mismas fuentes, "pasan a una lista de espera para asignarles plaza en el menor tiempo posible", teniendo prioridad las "personas en situación de especial vulnerabilidad".

"Cuando recibimos noticias de algún caso en esta situación, como es el de Madrid, trabajamos con el Samur para darles acogida". En ese punto, el Samur remite "semanalmente a la Secretaría de Estado de Migraciones un listado de las personas que tiene alojadas en recursos de acogida municipales, y que son solicitantes de asilo" con el fin de darles "cita directamente en la sede de la Unidad de Trabajo Social (UTS) y asignarles plaza en el Sistema de Acogida en todo el territorio nacional".

Pero la realidad no transita de manera tan fluida como dicta el papel. Lo que ocurre ahora es que "el Samur Social también se ha llenado y la gente se ha quedado en la calle", afirma la Red Solidaria de Acogida. El pasado 25 de noviembre los trabajadores del Samur Social convocaron una huelga de 24 horas para demandar una inyección de recursos necesaria para no dejar a nadie en la calle. Este martes, reunidos en asamblea, los empleados han decidido "continuar realizando acciones hasta que se planteen alternativas y soluciones". Los planes apuntan al día 20 de diciembre, cuando se llevará a cabo un paro de dos horas y una concentración como muestra de su "repulsa a la falta de búsqueda de soluciones" y con el objetivo de "visibilizar la precariedad de la red de Emergencias Sociales y Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Madrid".

Azucena Pérez, portavoz del Comité de Huelga de Grupo 5 –la empresa que gestiona el servicio–, explica en conversación con infoLibre que desde 2017 se viene reproduciendo toda una serie de problemas respecto a las condiciones laborales: se amplió la plantilla, pero se "precarizaron los contratos" y se impusieron "jornadas parciales más bajas que no permiten subsistir a nadie". Las condiciones laborales que asumen los trabajadores, denuncia, "no cumplen con el Convenio de Intervención y Acción Social", pero además la empresa contratante "no sigue a rajatabla los pliegos de las condiciones" confeccionadas por el Ayuntamiento de Madrid y éste no ejerce supervisión alguna.

El edificio que funciona como su espacio de trabajo, propiedad del Consistorio que preside José Luis Martínez-Almeida, "se ha quedado pequeño", no cuenta con "vestuarios adecuados ni divididos por género", tampoco se somete a un "mantenimiento adecuado" y sufre importantes deficiencias como humedades o luz inadecuada. Al final, narra Pérez, "las condiciones son muy precarias", lo que provoca que "el trabajo sea muy difícil".

Y en esta coyuntura llegan las personas solicitantes de asilo. "No están contemplando el aumento de demanda de personas que solicitan ayuda, no hay un aumento proporcional de trabajadores para cubrir esas demandas", replica Pérez, aunque sí se han aumentado las unidades móviles. El resultado es que la plantilla congrega a "muy pocas personas, con una gran saturación", lo que imposibilita una "intervención de calidad".

Lo que ocurre con los solicitantes de asilo lo han vivido ya los trabajadores con los menores no acompañados, que al cumplir la mayoría de edad "están desinstitucionalizados y sin hogar". "El resto de Administraciones les abandona y el Samur Social es el último eslabón de la cadena", explica la portavoz de los trabajadores, quien lamenta que el servicio "no se adecúe a las nuevas necesidades". Lo único que queda, después del Samur Social, "es la calle, sea quien sea y en las condiciones que venga". Si bien es cierto "los cambios llevan tiempo", a día de hoy "no existe ninguna intención y quienes pasan la noche en la calle son las personas".

Al final, coinciden desde Red Solidaria de Acogida, estas personas "van a parar a la podredumbre de las cloacas de la ciudad, donde va la gente sin recursos". Se produce una "sinergia entre las personas sin hogar y las personas recién llegadas", que se ven desamparadas y sin soluciones inmediatas. Es necesario, por tanto, "aumentar los recursos" porque estamos ante un "sistema absolutamente infradotado, nada dimensionado" y que pide a gritos un "reajuste de las plazas". El punto que en el fondo subyace, reflexionan las mismas fuentes, es que "no hay voluntad de considerar que estas personas necesitan protección internacional", de manera que se produce una "denegación sistemática en masa".

Red vecinal

Frente a las carencias administrativas, una fuerte red se ha tejido alrededor de los solicitantes de asilo, con el propósito de facilitar herramientas para encarar el problema. El pasado 29 de abril, Red Solidaria de Acogida, el Centro Pastoral San Carlos Borromeo y la Coordinadora de Barrios escribieron una misiva conjunta en la que recuerdan que "esta situación se viene repitiendo desde hace más de cuatro años".

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En una reciente entrevista a El País, el actual Defensor del Pueblo, Francisco F. Marugán, reconocía que el sistema de acogida para los refugiados "es raquítico" y que desde el año 2013 se viene "advirtiendo de que el modelo de acogida no se adecuaba a las nuevas necesidades".

"Aunque se haya producido un incremento de plazas de acogida, éste siguen sin responder a las necesidades reales y en ocasiones el incremento de plazo se ha producido a costa de otros programas de acogida, como el de Atención Humanitaria", dicen los autores de la carta. Denuncian que la Administración ha respondido ante el problema "de un modo muy cicatero: de anunciar planes que no se llegan a concretar, hasta la guerra de competencias".

Más allá de la batalla competencial, la ciudadanía y las organizaciones sociales exigen "a todas las Administraciones Públicas que cumplan con su mandato y con su obligación: que no miren para otro lado". "Frente a la guerra de competencias, la solidaridad de responsabilidades", concluyen.