La investidura parlamentaria

El Gobierno confía en que la apuesta de Esquerra por el diálogo no se vea frustrada por las decisiones judiciales

Isabel Celaá, ministra portavoz en funciones, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno no da nada por perdido y no quiere plantearse ningún escenario para el caso de que Esquerra acabe tumbando la investidura de Pedro Sánchez. Entre otras cosas porque la dificultad de contar con la ayuda del PP o de Ciudadanos creen que conduce directamente a terceras elecciones, una posibilidad tan poco sugerente que el líder del PSOE no quiere ni planteársela.

Por eso los socialistas recibieron este viernes como un buen síntoma las declaraciones del presidente de ERC, Oriol Junqueras, en las que defendió que su partido culmine las negociaciones con el PSOE sea cual sea su futuro penitenciario. “No se debe parar la negociación en ningún caso. Se debe estar dispuesto a dialogar siempre, con todo el mundo, independientemente de que yo esté o no en la prisión”, aseguró.

Y es ahí donde se sitúa el principal argumento de los socialistas para convencer a sus interlocutores de seguir negociando. “Que lo que es jurídico”, la situación de Junqueras y lo que decida sobre ella el Tribunal Supremo, “no se plantee como un obstáculo político”. Que no impida poner en marcha un marco de diálogo para buscar una solución a la crisis catalana.

Así lo explicó este viernes la portavoz en funciones del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros, en la que pidió expresamente a los republicanos que no pasen por alto esta ocasión. “Aprovechemos la oportunidad” de superar “la herencia judicial que nos ha dejado”, en referencia a la gestión del procés que llevó a cabo Mariano Rajoy, durante cuyo mandato se iniciaron las acciones legales que han culminado con la sentencia del Supremo.

La situación en la que se encuentra Junqueras, señaló, se corresponde con un “tratamiento inadecuado de los problemas políticos”. “Nadie debe pasar por alto que este Estado se sustenta en la separación de poderes y la política y la justicia han de permanecer por caminos separados y sustanciar sus problemas por fórmulas diferentes”, destacó.

Celaá aseguró que la Abogacía del Estado, que ya trabaja sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Junqueras a fin de trasladar su posición al Supremo, tomará sus decisiones en el marco de la más estricta legalidad y de los intereses generales. “De ninguna manera vamos a aceptar ningún condicionamiento ni de la política en la justicia ni de la justicia en la política”. De ahí que el Gobierno sostenga que las decisiones de los jueces no deberían afectar a las negociaciones entre el PSOE y Esquerra para tratar de abrir un diálogo sobre la situación en Cataluña.

Pero, pese a las palabras de Junqueras, hay muchos que están pendientes de lo que haga la Abogacía del Estado y algunos, como el portavoz parlamentario de ERC, Sergi Sabrià, quieren que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, contribuya incluso a anular el juicio del procés. procésEn ERC están convencidos de que la violación de los derechos de Junqueras como eurodiputado tiene suficiente entidad como para acabar derrumbando la sentencia del Supremo. El Gobierno, en cambio, insiste en que la decisión del TJUE “no analiza ni se pronuncia” sobre la sentencia que condenó a Junqueras y a otros dirigentes políticos y sociales del independentismo.

Celaá extremó este viernes las precauciones a la hora de hablar sobre Junqueras y acerca de la viabilidad de un acuerdo con Esquerra que permita la investidura de Sánchez. Lo último que quieren en el Ejecutivo y en el PSOE es añadir más dificultades a la compleja situación, especialmente en vísperas del congreso que celebrarán este sábado los republicanos en Barcelona.

Se trata en realidad de la segunda fase del Congreso Nacional de ERC, que incluye el debate y votación de las ponencias política y estatutaria. El partido ya celebró la primera fase en septiembre con la elección de la Ejecutiva, a la que solo se presentó una candidatura con Oriol Junqueras en la Presidencia, Marta Rovira en la Secretaría General, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, como coordinador nacional y Marta Vilalta como portavoz y secretaria general adjunta.

La dirección de Esquerra lleva mucho tiempo trabajando para que su congreso consagre el giro estratégico iniciado por Junqueras en noviembre de 2017, tras el fracaso de la declaración unilateral de independencia que siguió al referéndum del 1 de octubre. La nueva hoja de ruta de ERC pasa por enterrar, de momento, cualquier estrategia que suponga desafiar de nuevo el ordenamiento legal establecido, incluidas la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y poner todo el foco en la negociación de una solución pactada a la espera de ampliar la base social del independentismo.

La necesidad de tener un interlocutor

De ahí la apuesta de Junqueras por seguir hablando con el PSOE. La nueva estrategia de ERC sólo tiene sentido si hay alguien al otro lado de la mesa dispuesto a sentarse en busca de una salida, y los republicanos saben que ese escenario difícilmente podrá ser más favorable que ahora, cuando está a punto de formarse un gobierno de coalición con ministros del PSOE y de Unidas Podemos.

No llegar a un acuerdo con los socialistas significa abandonar la idea de una solución pactada y dar la razón a Junts per Catalunya y la CUP, partidarios de la confrontación con el Estado y de desafiar de nuevo el marco constitucional.

La estrategia marcada por Junqueras y que Esquerra se dispone a abrazar este sábado pasa por aparcar la posibilidad de un nuevo intento de declaración unilateral de independencia y dar prioridad a la búsqueda de un referéndum negociado y pactado con el Gobierno de España a pesar de “ser conscientes” de que este escenario “hoy por hoy es imposible”. La apertura de una negociación, aunque no conduzca a un acuerdo, permitiría a ERC poner en marcha su plan B: “Forzar la convocatoria del referéndum” haciendo que el Estado español “no tenga otra alternativa que pactar una solución democrática basada en la autodeterminación” mediante acciones de “movilización constante y desobediencia civil” a la vez que favoreciendo “grandes consensos” y “complicidades internacionales”. En ambos casos, ERC necesita una interlocución con el Gobierno que sólo será posible si Sánchez supera la investidura.

Fuentes de ERC citadas por Europa Press cifraron en 475 las enmiendas presentadas a la ponencia política, de las cuales 65 trataban sobre cómo ampliar mayorías y 48 sobre un referéndum. De ellas, y después del proceso de negociación con la dirección, 107 han quedado desestimadas, 368 han sido aceptadas o transaccionadas y sólo quedan cuatro enmiendas vivas que se votarán en el Congreso.

Varias de las enmiendas perseguían modificar el texto sobre la vía unilateral para buscar la independencia, aunque fuentes de ERC aseguran que ninguna de ellas contenía la palabra “unilateralidad” de manera explícita. En busca de consenso, el partido ha acordado un párrafo que profundiza en esta cuestión y que subraya que “hay que asumir que el elemento esencial que decantará la concreción de una vía u otra para alcanzar el objetivo de la república catalana es la correlación de fuerzas con el Estado”.

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El texto reafirma que ERC no renuncia a ninguna vía democrática y pacífica para lograr la independencia: “Resulta evidente que, atendiendo al hecho de que nunca renunciaremos a nuestros derechos ni a lo que establece la misma legalidad internacional, habrá que estar atentos a posibles nuevos escenarios que nos permitan transitar hacia la independencia por cualquier camino democrático y pacífico”.

Entre las enmiendas que llegarán vivas al plenario de este sábado hay una que propone añadir a la ponencia que, ante la negativa permanente del Estado a ofrecer una propuesta para Cataluña, ERC debe “explorar todas las vías democráticamente posibles”, y una segunda que propone limitar en el tiempo la apuesta por el diálogo con el Estado. “Tenemos que explorar todas las vías democráticas posibles sin que esto conlleve una parálisis en el ejercicio de nuestra soberanía, por tanto el mantenimiento en abierto de esta vía debe tener una limitación temporal”.

En medio de la incertidumbre sobre la investidura y la posición que Esquerra acabe adoptando, la ministra Celaá se mostró convencida de que los partidos de la derecha —PP, Vox y Ciudadanos— tratarán en cualquier caso de bloquear la formación de gobierno porque lo que quieren, aseguró, son terceras elecciones. “Nosotros no queremos unas terceras elecciones pero cada vez parece más claro de que los partidos de derechas sí las quieren”, lamentó.

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