La España bloqueda

La derecha mantiene la mayoría en tres órganos claves del Estado gracias al bloqueo político

Sede del Consejo General del Poder Judicial.

La carencia de un Gobierno con plenas funciones no sólo limita las iniciativas legislativas que el Ejecutivo puede tomar. Además, el bloqueo se contagia a otros órganos claves del Estado con asuntos pendientes como la renovación de sus miembros con mandatos caducados. Es una especie de cadena: Pedro Sánchez no es todavía presidente del Ejecutivo con plenas capacidades, su Consejo de Ministros está en funciones y Congreso y SenadoSenado, ya constituidos, aprovecharán el mes de enero para ir constituyendo las diferentes comisiones en las que deberían tomarse o ratificarse los nuevos nombramientos para órganos como el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Pese a que el mapa político ha cambiado desde las elecciones generales del pasado abril, un cambio que se mantuvo en los comicios del 10N, la hasta ahora incapacidad de los partidos para articular pactos implica que la mayoría en los citados órganos sea conservadora. Es decir, que el grueso de quienes tienen capacidad de decidir son afines al Partido Popular o propuestos por el partido que ahora lidera Pablo Casado.

infoLibre repasa la situación de interinidad en la que están los mencionados órganos.

  Consejo General del Poder Judicial 

El órgano de gobierno de los jueces lleva más de un año con el mandato caducado. Concretamente, desde el 4 de diciembre de 2018. Poco antes de expirar el plazo, en el mes de noviembre, el proceso de renovación estaba en marcha, pero fracasó.

El candidato del Gobierno socialista y del Partido Popular a presidir el Supremo y el CGPJ, Manuel Marchena, decidió dar un paso atrás tras difundirse un mensaje de WhatsApp enviado a dirigentes del PP por el entonces portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumía de que el acuerdo iba a permitir a los conservadores el control de la Sala Segunda del Tribunal Supremo "desde atrás". Esa Sala, que ahora preside Marchena, es la que juzga las causas penales.

Carlos Lesmes, presidente del Supremo y del CGPJ, ya ha recordado al Congreso tres veces que el plazo está vencido. La última de las ocasiones en que se dirigió a las Cortes para subrayar la caducidad de los mandatos fue el 21 de mayo. 

El CGPJ está integrado por 20 vocales, más el presidente. De estos 21 miembros, once son de tendencia conservadora, Lesmes incluido. Del resto, siete vocales son más afines al PSOE, uno al PNV, uno a CiU y otro a Izquierda Unida.

La mayoría conservadora del Poder Judicial se refleja, además, en los múltiples nombramientos que sigue realizando. Desde que está en funciones, el CGPJ ha convocado al menos 52 plazas en los principales tribunales: Supremo, TSJ autonómicos y Audiencias Provinciales. El argumento del Poder Judicial es que tiene que cubrir esas plazas de acuerdo con la ley, pero la realidad es que su comportamiento contrasta con el de la Fiscalía, que mantiene paralizados 30 nombramientos precisamente por encontrarse en funciones.

El artículo 122 de la Constitución refleja que el CGPJ está integrado "por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años". De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión".

  Tribunal Constitucional

El pasado 7 de noviembre caducó el mandado de cuatro miembros del Tribunal Constitucional. Es el caso de su presidente, Juan José González Rivas; de la vicepresidenta, Encarnación Roca; y de los magistrados Carlos Ollero y Fernando Valdés.

Todos ellos fueron designados por el Congreso en julio de 2012 y, si nos atenemos al 159.3 de la Constitución, deberían estar en el cargo nueve años, hasta julio de 2021. No obstante, dado que fueron nombrados tiempo después de que culminaran los plazos de sus predecesores, se les descuenta ese tiempo, tal y como refleja la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El TC está integrado por 12 miembros. Cuatro son propuestos por el Congreso de los Diputados, por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro son propuestos por el Senado, elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, por la misma mayoría; dos a propuesta del Gobierno; y dos a propuesta del CGPJ, también por mayoría de tres quintos.

De los cuatro miembros a renovar, dos son de tendencia conservadora (González Rivas y Ollero) y dos progresista (Roca Trías y Valdés Dal-Ré). Son parte de los 12 miembros de un Constitucional que, a día de hoy, está compuesto por siete magistrados de tinte conservador y cinco de tinte progresista.

El Congreso está integrado por 350 diputados, por lo que los tres quintos de la Cámara están ubicados en los 210 parlamentarios. Los socialistas obtuvieron 120 diputados el 10N; el PP, 89. La suma resulta 209 parlamentarios, a uno sólo de los tres quintos. Pero el PP también podría contar con los dos escaños de Navarra Suma, la coalición con UPN y Cs con la que concurrieron en Navarra. Es decir, que si se mantuviera el esquema clásico de reparto de fuerzas llevado a cabo por el bipartidismo tradicional, PP y PSOE podrían llegar a los 211 diputados como mínimo, sin contar con la posibilidad de que se sumasen otros grupos.

Pero hay que poner estos cálculos en cuarentena porque, si cuadran las negociaciones de Pedro Sánchez con Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, el Partido Socialista tendrá que hacer bastantes equilibrios para que sus socios vean con buenos ojos a los candidatos que propongan y hacer hueco para nuevas cuotas.

En todo caso, hay que tener en cuenta que existe una minoría de bloqueo de 141 miembros, que es exactamente lo que suman la derecha del PP y la extrema derecha de Vox. Así que resulta impensable que vayan a llegar a ningún pacto con la izquierda que altere la actual distribución de los cuatro miembros del TC elegidos por el Congreso: dos conservadores y dos progresistas.

Así que, aun en el caso de que el PSOE logre formar Gobierno y que la legislatura no sea corta, un cambio de la correlación de fuerzas ideológicas en el TC no es probable que se produzca hasta el verano de 2022, que es cuando caduca el mandato de los dos magistrados nombrados por el Gobierno. Los actuales los nombró el Ejecutivo de Mariano Rajoy y son conservadores: Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez.

  CNMC

El pasado 9 de septiembre agotaron su mandato cinco miembros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Su presidente, José María Marín Quemada; la vicepresidenta, María Fernández, y los consejeros Clotilde de la Higuera, José María Guinart y Benigno Valdés. Todos ellos fueron elegidos en septiembre de 2013 en la etapa de Luis de Guindos (Partido Popular) en el Ministerio de Economía. Se les consideraba, pues, personas de su confianza.

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La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia fija que el consejo se compone de diez miembros: un presidente, un vicepresidente y ocho consejeros. De los diez miembros actuales, la mitad son considerados cuota conservadora, dos progresistas, uno cuota de CiU, uno de Cs y otro del PNV. El mandato de los miembros del consejo es de seis años sin posibilidad de reelección. Los últimos nombramientos, de 2017, fueron los de los consejeros Mariano Bacigalupo, María Pilar Carnedo, Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea. Sus mandatos no caducarán hasta 2023. 

"Todos los miembros del consejo, incluidos el presidente y el vicepresidente, son nombrados por el Gobierno mediante Real Decreto, pudiendo el Congreso vetar el nombramiento del candidato propuesto", puede leerse en la citada ley. Los cinco miembros de este organismo a los que se les ha caducado el mandato seguirán en sus puestos tomando decisiones de forma interina hasta que haya un Gobierno con plenas funciones que pueda iniciar el proceso de renovación. Así, una CNMC prácticamente en funciones, como el Ejecutivo de Sánchez, tiene en sus manos asuntos clave como el precio de la luz o distintos aspectos regulatorios del sector enérgético.

Los candidatos deben ser elegidos "entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el ámbito de actuación de la Comisión" y deben comparecer ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados. La Cámara Baja, "a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entenderán aceptados los correspondientes nombramientos", se añade.

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