Quince años de la Ley contra la Violencia de Género: logros y retos de una norma emblemática

Un "poderoso instrumento para derrotar al machismo criminal". Las palabras pertenecen al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y fueron pronunciadas hace quince años. Entonces la Ley contra la Violencia de Género estaba a punto de superar los trámites necesarios para entrar en vigor. La que había sido la principal apuesta socialista tomaba forma y lo hacía con el consenso de todos los grupos parlamentarios. El 22 de diciembre de 2004 la norma era aprobada por mayoría absoluta y el 28 del mismo mes echaba a andar. 

La norma se presentaba como un revulsivo en la lucha contra la violencia machista, dentro y fuera del país. Sólo España y Suecia cuentan, actualmente, con una ley que tipifica de manera expresa la violencia específica contra las mujeres en el ámbito de la pareja o expareja. Países como Italia, Croacia o Irlanda siguen empleando términos como violencia familiar o doméstica, sin apuntar a la raíz de género que la ley española sí resalta en su articulado.

La violencia contra las mujeres como expresión máxima de la desigualdad y como un problema de índole público fue el precepto del que partió entonces la norma. "La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado", destaca la ley en su exposición de motivos. "Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión", se razona en el texto.

En el 15º aniversario, infoLibre hace un balance sobre los logros de la norma y los retos pendientes para mejorar la protección legal de las mujeres.

El respaldo económico

Uno de los motores que impulsan la lucha contra la violencia de género está en lo económico. Sin una buena base presupuestaria los recursos se deterioran, la atención se precariza y la prevención desaparece. La evolución de los presupuestos destinados a la lucha contra la violencia machista han experimentado un camino de altibajos. En 2009, la partida presupuestaria se situaba en los 28,3 millones de euros, una cifra que escaló a los 31,5 millones al año siguiente pero que interrumpió su ascenso en los ejercicio posteriores. Desde entonces, el dinero destinado a las medidas contra la violencia sobre las mujeres asumió una caída que tocó fondo en 2014, con un total de 21,8 millones.

Poco a poco se fue logrando la remontada, hasta un despegue definitivo en 2018: entonces se presupuestaron 159,5 millones y un año después el importe fue de 181,5 millones.

Pero mientras los presupuestos contra la violencia comenzaban a crecer, aquellos destinados a igualdad no corrían la misma suerte: su máximo se logró en 2009, con 38 millones, pero desde entonces no ha hecho otra cosa que descender, situándose en los 20 millones de 2018. Finalmente, el fallido proyecto presupuestario de 2019 inyectó un total de 27 millones para la igualdad entre hombres y mujeres. Las consecuencias de descuidar esta partida son estrepitosas: sin un presupuesto sólido destinado a la inversión en igualdad, la lucha contra la violencia de género pierde todo su sentido, advierten los expertos.

Las denuncias

¿Cómo han evolucionado las denuncias presentadas por las mujeres contra sus agresores? La tendencia dibuja una evidente línea ascendente que alcanza sus máximos en los últimos tres años. Si en 2007 el número de denuncias era de 126.293, en el último año con datos completos, 2018, la cifra fue de 166.961.

Pese a ello, el paso de denunciar sigue siendo un lastre: alrededor del 70% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no dieron el paso de presentar una denuncia.

Las víctimas

En cuanto a las víctimas mortales, el recuento, iniciado en 2003, se abrió con un registro de 71 asesinatos. A partir del año 2011, la cifra consiguió salir de las siete decenas. El año más benévolo con las mujeres fue el 2016, con un total de 49 asesinatos. En lo que va de año, la cifra ha aumentado a 55.

A la hora de examinar los feminicidios conviene recordar que, estadísticamente, la evolución de los números no suele posibilitar un análisis exacto causa-efecto. Más allá de los números, no obstante, cada vida arrebatada supone un fracaso del sistema.

Mirar al pasado

Lucía Avilés es magistrada y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas. En conversación con infoLibre, recuerda la huella que dejó la ley y el camino que abrió hace quince años. "Para saber dónde queremos ir, es necesario resituarnos en ese momento, en el año 2004", reflexiona al otro lado del teléfono. Y recuerda que los pasos avanzados entonces no fueron pocos. "Se transitó de lo privado a lo público, algo que pertenecía a la intimidad de la pareja" pasó a asumirse "como una cuestión de orden público que el Estado tenía no sólo que prevenir, sino también sancionar y reparar las situaciones gravosas generadas".

Ante "un problema poliédrico", además, la norma "pretendió dar un tratamiento integral" a través de medidas educativas y asistenciales. En la justicia, celebra la magistrada, "se han dado pasos muy importantes y se ha establecido un espectro jurídico muy valioso", como la creación de juzgados especializados, que sin embargo aún a día de hoy presentan deficiencias y no son todos los que deberían –la norma establece la creación de uno o más juzgados en cada partido judicial–.

Avilés cree importante, después de quince años, "tener en cuenta que la sociedad española se hizo las preguntas adecuadas y fruto de ello se definió lo que es la violencia de género". El legislador, estima, "fue valiente frente a la resistencia".

La ley supuso además una "carta de naturaleza a un modelo de violencia específica, estructural, histórica y sistémica, basada en el género", que hasta entonces había permanecido silenciada. En la tarea por visibilizar la violencia contra las mujeres, se crearon herramientas fundamentales, como el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que trabajó en el impulso de estadísticas que permitieron "conocer las dimensiones del problema y establecer correcciones para atajarlo", añade Avilés.

Ángeles Carmona está actualmente al frente del Observatorio. En declaraciones a infoLibre, comienza recordando que la ley "ha sido premiada", ha recibido "reconocimientos internacionales" y está siendo "imitada en países del entorno". Factores que hacen de la norma, afirma, un éxito. "Ha conseguido una jurisdicción especializada y una especialización única", agrega.

Echa la vista atrás también Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género. La ley, afirma, "viene a cubrir una serie de respuestas globales frente a la violencia de género" y el "planteamiento original es muy acertado", dice a preguntas de este diario, pues viene a demostrar que violencia "no son sólo los golpes, sino todo lo que lleva al golpe". Además, cree, la norma "ha logrado desenmascarar al machismo, que se ha posicionado críticamente desde el principio".

La violencia más allá de la pareja

En el año 2015, se acometió la única reforma que ha experimentado la ley: los hijos menores de edad de las víctimas pasarían a ser reconocidos igualmente como víctimas de violencia de género. Para Carmona aquel fue un momento clave, por acometer una tarea "necesaria y urgente" a la hora de "visibilizar a los menores" y mejorar la "sensibilidad de los jueces".

Desde entonces, la norma ha permanecido intacta. ¿Qué queda por hacer? Avilés responde a la pregunta sin titubeos. El primer reto, detalla, tiene que ver con la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017. Un acuerdo que, en muy poco tiempo, ha aglutinado la esperanza del movimiento feminista y la decepción posterior. "Salvo contadas cuestiones, corremos el riesgo de que el pacto sea poco más que un brindis al sol", lamenta la jueza.

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Para Avilés, urge igualmente la adecuación del Convenio de Estambul, rubricado en 2014 por España, especialmente en lo que atañe a la ampliación del concepto de violencia de género y la incorporación de otras formas de violencia como la sexual. A día de hoy, la violencia de género requiere de la existencia de un nexo de pareja entre víctima y agresor, algo "contrario a los convenios internacionales". "La violencia de género se tiene que abrir y adaptar a los términos del Convenio de Estambul", apremia la jueza. Transitar de la violencia a las violencias, en plural.

Carmona también pone en valor el abordaje del problema "desde distintos puntos de vista" y recuerda que "lo más urgente se ha desarrollado jurídicamente", pero no olvida que "queda mucho por hacer del lado de la prevención". El marco legal existe, pero hay que implementarlo, repara. En un mismo sentido, pone igualmente sobre la mesa el Pacto de Estado, que a su parecer recoge "todo lo que hay que hacer con la experiencia extraordinaria de esos quince años". Carmona menciona asimismo la ampliación de la definición como el próximo objetivo. Aunque la ley abordó "la relación en pareja porque era lo más urgente, esto es una asignatura pendiente y nos obligan los acuerdos internacionales". Esa modificación, vaticina, "va a suponer un cambio de paradigma".

Lorente cree que "es el momento de ampliar", especialmente porque así lo han determinado "las circunstancias sociales, las movilizaciones del 8M, la fuerza del movimiento feminista, con todo lo que ha supuesto en cuanto a concienciación". Es el momento, reitera, "de ir posicionándose de manera más firme y amplia". Dar ese paso, reflexiona, supondría además "una forma de entender que el machismo es mucho más que el resultado de la violencia contra la mujer en una relación de pareja".