El debate de investidura

PSOE y Esquerra despejan todos los obstáculos para la investidura de Sánchez

Sánchez e Iglesias tras firmar su acuerdo para un gobierno de coalición.

Este lunes 30 de diciembre, penúltimo día de 2019, fue el día de acelelar los pactos que han de conducir a una investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "cuanto antes". La jornada arrancaba con el convencimiento de que esta vez sí –tenía de plazo hasta el 2 de enero– la Abogacía del Estado iba a pronunciarse sobre la inmunidad de Oriol Junqueras tras el fallo de la semana pasada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) También, con el anuncio de que a las 13.00 horas Pedro Sánchez y el presidente del PNV, Andoni Ortuza,r iban a firmar en el Congreso de los Diputados un acuerdo mediante el que los nacionalistas vascos votarían a favor del jefe de los socialistas.

Para cuando los fotógrafos tomaban la imagen de Sánchez y Ortuzar en la Cámara Baja ya había decisión de la Abogacía del Estado a favor de la excarcelación a Junqueras para que pueda ejercer de eurodiputado en el Parlamento Europeo mientras no sea inhabilitado y también el anuncio de que esa misma tarde, a las 17.00, se presentaba el acuerdo del futuro gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. A esa hora, el presidente del Gobierno en funciones y Pablo Iglesias se hacían la foto –no permitieron preguntas de los periodistas– y cada uno de ellos hizo una presentación genérica del documento Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España, la base del proyecto que ambos pretenden poner en marcha.

Con los pactos cerrados de forma definitiva este lunes, Pedro Sánchez suma a sus 120 escaños, los 35 de su futuro socio de Gobierno y los seis del PNV. En total, 161 actas. Para la primera votación de investidura, el candidato requiere reunir el apoyo de la mayoría absoluta de los parlamentarios de la Cámara Baja, ubicada en 176. Para la segunda votación, 48 horas después de la primera, ya sólo se precisa mayoría simple.

También sumó ayer a su cuenta los votos a favor de Más País (dos diputados) y la abstención de EH Bildu (5). Esta última formación consultará la decisión de la dirección a sus bases una vez se conozca la fecha de investidura.

Pero el anuncio más importante se hizo esperar. Los números empezaron a salirle a Pedro Sánchez pasadas las 20.30 de la tarde, cuando la Ejecutiva de Esquerra (13 escaños) anunciaba que habían logrado en su negociación con los socialistas un acuerdo para formar la Mesa de negociación entre Gobierno central y Generalitat que llevaban semanas demandando.

El Consell Nacional, el 2 de enero

El sí definitivo a la abstención de ERC en la investidura de Sánchez no llegará hasta el 2 de enero, cuando a las 17.00 horas se reúna su Consell Nacional. La duda ahora está en si Sánchez confía con los ojos cerrados en que el Consell Nacional no va a corregir a la Ejecutiva y arranca la sesión de investidura antes de que se reúna o si lo pospone. En este último escenario ya sería imposible que fuese investido el 5 de enero, tal y como tenían previsto los socialistas.

La decisión sobre la fecha del debate corresponde al candidato. Pero en las filas socialistas hay opiniones para todos los gustos: desde quienes creen que el Pleno debe arrancar "cuanto antes" y este "cuanto antes" es el mismo día 2, a quienes consideran que conviene esperar a que ERC anuncie su decisión definitiva y Sánchez pueda firmar en público el acuerdo y el texto se conozca como ha hecho con quienes han ido anunciando sus apoyos.

"El Consell Nacional es el órgano más importante de ERC entre congresos. La convocatoria del pleno de investidura del Estado español no depende de ERC. Eso le toca al Estado", respondió la portavoz de ERC, Marta Vilalta, a los periodistas que en rueda de prensa le preguntaron sobre el momento en el que podía convocarse la sesión.

Los independentistas estaban pendientes del escrito de la Abogacía del Estado para acabar de cerrar un pacto que tanto ellos como el PSOE reconocían muy avanzado. Pero, resuelto el trámite de la Abogacía, que no es definitivo porque la última palabra la tiene el Tribunal Supremo, parecía que había otra piedra en el camino. La Junta Electoral Central (JEC) podría aceptar este viernes, 3 de diciembre, la inhabilitación de Oriol Junqueras demandada por el Partido Popular y por Ciudadanos tras la resolución del Tribunal de Luxemburgo. También, la del presidente de la Generalitat, Quim Torra, tras la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia.

El hecho de que el Consell Nacional haya sido convocado para un día antes de que se reúna la JEC implica que los republicanos desvinculan la investidura de la decisión que adope la Junta Electoral. Una decisión que, en el caso de una inhabilitación de Torra, podría conducir a una convocatoria más o menos inmediata de elecciones en Cataluña."Una mesa de país"

Vilalta destacó que hay acuerdo para la mesa de negociación entre Generalitat y Gobierno, cuyo objetivo será buscar una solución al conflicto catalán que los republicanos exigían como condición indispensable para permitir a Sánchez ser presidente. "No es una mesa de ERC, es la mesa del Govern de Cataluña, la mesa donde se puedan llevar todos los grandes consensos del país", dijo.

La dirigente de ERC sostuvo que en su formación no dejan de ser escépticos, que les cuesta fiarse del todo de los socialistas, pero mantuvo que creen que tienen "la obligación de activar esta posibilidad". 

Vilalta destacó que los socialistas han reconocido "que estamos ante un conflicto político entre Cataluña y el Estado". "Por lo tanto, si hay un conflicto político, lo que hay que hacer es activar la vía política que nos lleve a una solución democrática", completó.

"Coalición progresista"

La principal imagen de presión a ERC fue la de Sánchez e Iglesias firmando su acuerdo para la XIV Legislatura. Once puntos, 50 folios y un encabezamiento: "Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España". 

En el documento [aquí, en PDF], los futuros socios de Ejecutivo "comparten la importancia de asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de acción del Gobierno, de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea". "Por ello, los ejes prioritarios de actuación del Gobierno se centran en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto", completan.

El texto, nítidamente de izquierdas, supone una enmienda casi a la totalidad del legado del Partido Popular. Derogación de la reforma laboral, de la ley mordaza, de la Lomce...

En materia impositiva, en lo relativo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se incrementarán dos puntos los tipos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. También "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".

En política de vivienda, el compromiso pasa por impulsar "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado".

"Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha", refleja el acuerdo.

La religión, voluntaria y sin computar como nota

Entre las medidas educativas destaca que la asignatura de religión "será de carácter voluntario para los estudiantes, sin que haya una asignatura alternativa ni la nota sea computable a efectos académicos".

Una parte importante del documento lo protagonizan las "políticas feministas". Los futuros socios de Gobierno se comprometen a "garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, y por la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral".

Sánchez, que fue muy agradecido en público con Iglesias y que no ocultó que la legislatura que viene será "compleja" por la dificultad de articular mayorías en el Congreso, defendió que el eje del Gobierno que está por venir va a girar en torno a una idea: la de "reivindicar los valores colectivos como fundamento de la política útil, la política que sirve a la sociedad". "La idea de progreso para hacer progresar a un país", resumió.

Iglesias, que también agradeció la "enorme generosidad" de los socialistas, destacó que en la última década España ha perdido mucho en algunos aspectos, pero que también esa década ha sido de esperanza gracias al movimiento 15M, el de los pensionistas, las mareas que han defendido los servicios públicos y el movimiento feminista. Movimientos, muy cercanos a la formación que lidera, que "dijeron que las cosas se podían hacer de otra forma, convertir ese ¡Sí se puede! en políticas activas de gobierno.

Horas antes de la firma de este pacto había llegado el acuerdo con el PNV. Entre otras cuestiones, socialistas y nacionalistas vascos han acordado cambios legales para solucionar el "contencioso en Cataluña" e impulsar el traspaso a Euskadi en 2020 de las competencias estatutarias pendientes, así como evitar "la judicialización de las discrepancias".

La reacción de las tres derechas

Que la oposición que Sánchez va a encontrarse en la bancada de la derecha va a ser dura es algo que saben los socialistas y que ayer quedó claro al escuchar las reacciones de PP, Ciudadanos y Vox.

En una rueda de prensa convocada para hacer balance político de 2019, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, advirtió de que su formación acudirá a la Justicia si se confirman "filtraciones interesadas" [a ERC] sobre el informe de la Abogacía y anunció que pedirán la comparecencia de la ministra Delgado y de la responsable de la Abogacía para "conocer toda la verdad".

Además, alerto sobre el "hachazo fiscal" del nuevo Gobierno, en alusión a las subidas de impuestos contempladas en el acuerdo PSOE-Unidas Podemos e insistió una vez más en que Sánchez es "el único responsable" de un acuerdo de investidura que incluya a los independentistas tras haberse "negado" a explorar la vía alternativa, que implicaría a Cs y Navarra Suma con el PP apoyando la gobernabilidad de España.

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Por su parte, la portavoz del grupo de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, sostuvo, tras conocer el informe de la Abogacía del Estado, que este lunes era "un día triste". "Se ha consumado la infamia de que Pedro Sánchez pone a la Abogacía del Estado al servicio" de Junqueras. En rueda de prensa en Jerez (Cádiz), Arrimadas insistió, en una línea similar a Casado, en que si se demuestra que el escrito de la Abogacía fue filtrado a Junqueras antes de su publicación oficial para que diera su visto bueno, Cs acudirá a los tribunales, informa Europa Press.

"Si Junqueras, Bildu y el PNV están contentos, cómo no van a estar preocupados el resto de los españoles", afirmó al tiempo que se preguntaba "hasta dónde puede llegar" el presidente del Gobierno en funciones en los próximos cuatro años de legislatura. A su juicio, "es capaz de cualquier cosa" porque "no tiene ni principios, ni escrúpulos, ni palabra".

También Vox habla de filtración y acusó a la Abogacía del Estado de incurrir en "un abuso de derecho y un fraude procesal" por sus alegaciones sobre la inmunidad del líder de ERC. La extrema derecha está convencida de que el Gobierno ha "instrumentalizado" los Servicios Jurídicos del Estado para ponerlos al servicio del partido independentista.

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