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La agenda judicial de 2020: los flecos del 'procés', el juicio de Trapero, Villarejo y fin de causas de corrupción

  • El Tribunal Supremo tendrá que resolver si deja o no en libertad a Oriol Junqueras para poder ejercer como diputado del Parlamento Europeo
  • Los magistrados del alto tribunal también darán a conocer las resoluciones de diferentes casos de corrupción como los ERE o los primeros años de Gürtel

Publicada el 02/01/2020 a las 17:04 Actualizada el 02/01/2020 a las 18:40
Vista general del Tribunal Supremo.

Vista general del Tribunal Supremo.

La agenda judicial del año 2020 comienza marcada por el proceso independentista pues el Tribunal Supremo tendrá que resolver si deja o no en libertad al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, para poder ejercer como diputado del Parlamento Europeo. Asimismo, la Audiencia Nacional comenzará en enero a juzgar al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por la actuación policial durante el procés.

Tras recibir los informes de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular VOX y la defensa de Junqueras sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que afirmó que el líder de ERC goza de inmunidad desde que fue proclamado europarlamentario, el tribunal del procés tiene que decidir qué hacer: si procede solicitar el suplicatorio pese a que el líder independentista está condenado en firme a 13 años de prisión e inhabilitación, así como si se le debe mantener en la cárcel mientras el Parlamento Europeo responde.

El magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, también tiene que estudiar si este fallo del TJUE tiene alguna incidencia en la situación del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconsejero Antoni Comín, procesados en esta causa especial y sobre los que pesa una orden de detención y entrega a España. Mientras tanto, la justicia belga ha suspendido la tramitación de las euroordenes.

Otro asunto pendiente es si se juzga al diputado de ERC en el Congreso Joan Josep Nuet por desobediencia por el procés en su etapa como miembro de la Mesa del Parlament, tal y como solicita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña –que juzgará a otros cinco integrantes de la Mesa de entonces– dada su condición de aforado. Además, en los tribunales catalanes continúa la causa por la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en la que están procesados 30 excargos públicos del Govern de Puigdemont.

Sentencias del Supremo sobre causas de corrupción

A lo largo del 2020, los magistrados del Supremo también darán a conocer sus resoluciones sobre casos de corrupción como el saqueo del Palau de la Música Catalana, en la que se vio implicada la extinta CDC por el cobro de 6,6 millones de euros en comisiones y revisarán la sentencia contra los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chavez por los ERE de Andalucía o por los primeros años de la trama Gürtel, por la que fueron condenados, entre otros, el extesorero conservador Luis Bárcenas y del propio PP.

Sobre la Gürtel tiene que resolver otro fleco: la posible reapertura de la causa a la exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) y diputada del PP María José García-Pelayo por adjudicar contratos irregulares a las empresas de Francisco Correa. Por estos hechos la Audiencia Nacional ya ha dictado sentencia. Asimismo, también tendrá que resolver si investiga al secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, por un delito leve de lesiones a un compañero de partido durante una asamblea de la formación en el año 2016, hecho que comenzó a investigar un juez de Madrid y que ha elevado una exposición razonada.

Otra de las citas en el alto tribunal será la declaración como investigada de la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs por las presuntas irregularidades en 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), que fueron adjudicados a un amigo.

Juicios en la Audiencia Nacional

Por su parte, la Audiencia Nacional comienza el 20 de enero el juicio contra Trapero, el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig y el exdirector de los Mossos Pere Soler, quienes se enfrentan a 11 años de prisión por rebelión por su presunta participación en el procés. La intendente Teresa Laplana también será juzgada y afronta cuatro años por sedición.

Para unos días más tarde, el 29, está previsto que arranque la vista contra el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad por liderar presuntamente una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa. Para el primero, la Fiscalía pide 118 años y 5 meses de cárcel, mientras el segundo afronta una petición de 24 años y 10 meses.

La trama Gürtel volverá a sentarse en el banquillo a partir del 9 de marzo, esta vez por los presuntos amaños de la red de Francisco Correa en la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Asimismo, está previsto que se conozca la fecha del juicio contra el expresidente de la valenciano Francisco Camps por los contratos de la Generalitat con una de las empresas de la Gürtel, Orange Market, en la edición de Fitur del año 2009.

Por otro lado, se espera también la sentencia por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, por la que el expresidente de la entidad Rodrigo Rato se enfrenta a ocho años y medio de cárcel, pena que podrá sumarse a los cuatro años y seis meses de prisión que ya cumple por el uso de las tarjetas black. Además, el origen de su patrimonio se sigue investigando en los juzgados de Madrid.

Investigaciones en marcha

Los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional tienen varias investigaciones en marcha. Una de ellas es la abierta contra los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que fueron detenidos el pasado mes de septiembre o la relativa a los atentados de Barcelona en agosto de 2017, a falta de practicar las últimas diligencias para concluir su instrucción y enviar a juicio.

Además, también se pondrá fin a macrocausas sobre corrupción en las que se investigan la presunta financiación en b del PP como la Púnica, que deberá estar finiquitada en junio, y en donde se encuentran imputadas las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes; o los papeles de Bárcenas, que tiene como fecha tope el 28 de agosto. Precisamente, la pieza derivada de estas anotaciones, la del presunto pago en negro de las obras de la sede del partido en la calle Génova de Madrid, podría juzgarse a lo largo del 2020.

Asimismo, continúan en curso las causas sobre el origen de la fortuna de la familia Pujol; la presunta financiación irregular de CDC en la llamada trama del 3%; la disolución del Banco Popular; la compra de Dia por parte del magnate ruso Mikhail Fridman; o la veintena de piezas abiertas por los contratos del comisario jubilado y en prisión provisional desde noviembre de 2017, José Manuel Villarejo.

Villarejo, en el banquillo por primera vez

Aunque no es en la Audiencia Nacional, el excomisario tendrá que hacer frente a su primer juicio en los juzgados madrileños el próximo 7 de febrero por calumnias y por la denuncia presuntamente falsa que interpuso contra el ex director del Centro Nacional de Inteligencia Félix Sanz Roldán. Una vista oral en la que comparecerá como testigo la empresaria Corinna Zu Sayn-Wittgenstein.

Además, la Audiencia Provincial de Madrid tiene que señalar la fecha para juzgar a Villarejo por otro caso: el de la grabación y difusión de una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el CNI sobre la investigación que había en curso sobre el pequeño Nicolás.

El pequeño Nicolás también pasará por los tribunales, pues está previsto que a partir de primavera comience a ser juzgado por todas las piezas pendientes por fraude, estafa, falsedad o usurpación de funciones públicas que tiene pendiente y por las que se enfrenta a más de 27 años de cárcel.

Por último, la Audiencia de Madrid celebrará a partir del 9 de junio el juicio contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y su entonces subordinado Bonifacio Díez Sevillano por la obtención y custodia de un pendrive fantasma con datos del hijo del expresidente Jordi Pujol, que se trató de incorporar a la investigación de la Audiencia Nacional.
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