Así han zanjado los socialistas y Unidas Podemos sus diferencias y así han blindado sus acuerdos en materia social

Después de más de ocho meses en funciones y dos convocatorias electorales, la investidura que se abre este sábado en el Congreso es una realidad palpable para los socialistas y sus socios. El camino hacia un nuevo Gobierno de coalición deja un horizonte de compromisos, acuerdos y promesas que concentra todas las miradas. El pacto entre PSOE y Unidas Podemos está atravesado por un fuerte componente social que bebe de consensos previos pero que también ha tenido que sortear importantes diferencias entre los dos partidos. Así han blindado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias las semejanzas en materia social y así han zanjado sus disensos.

Fin de la ley mordaza

Una de las reivindicaciones clásicas de la izquierda tiene que ver con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, tejida por el Partido Popular en el año 2015. Así que el primer gran acuerdo ha sido sencillo: el nuevo Gobierno de coalición promete aprobar una nueva norma para "garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica". La legislación, prevé el documento, "priorizará la garantía de derechos y la protección de la ciudadanía", regulando entre otros el "derecho de reunión, la identificación y registro corporal, la identificación de los agentes, y la derogación del artículo 315.3 del Código Penal", que castiga a los piquetes con penas de hasta tres años de prisión.

Tanto PSOE como Podemos contaban en sus programas electorales más recientes [consultar aquí y aquí] con la derogación de la ley mordaza, aunque sólo la formación morada hablaba de reformar el Código Penal para "acabar con la criminalización de la libertad de expresión y de opinión".

Educación sexual, coeducación y religión

PSOE y Unidas Podemos comparten igualmente las principales actuaciones a acometer en las aulas. La ministra de Educación, Isabel Celaá, ya había avanzado en las claves hacia una nueva ley educativa que finalmente no pudo materializarse, pero cuyas líneas asoman en el nuevo pacto. El acuerdo entre ambas formaciones plantea la derogación de la Lomce, un extremo en el que los dos partidos coinciden, además de promover la coeducación, impedir la segregación por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos y potenciar la educación afectivo-sexual "conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad".

En cuanto a la asignatura de Religión, dejará de ser computable a efectos académicos, será voluntaria y no contará con una materia alternativa. Parámetros que Podemos deslizó ya en su programa electoral y que el PSOE introdujo en su reforma educativa. También coinciden, y así lo han plasmado en el acuerdo, en universalizar el acceso a la educación de cero a tres años "a través de la red pública en condiciones de equidad" y en acometer una nueva política de becas y tasas universitarias, promoviendo y agilizando las ayudas en función de las rentas familiares.

Derecho a morir dignamente

El derecho a una muerte digna se configura asimismo como un reto y un asunto ineludible en la agenda de la izquierda. PSOE y Unidas Podemos parten, una vez más, del mismo punto para consensuar la regulación de la eutanasia. "Daremos una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a las demandas sostenidas de la sociedad actual en relación con el final de la vida", reza el documento rubricado el lunes. Para ello, el futuro Ejecutivo prevé impulsar una "Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, así como una Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, y su inclusión en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud".

Mejorar el sistema de dependencia

En cuanto a políticas de dependencia, el Gobierno de coalición que aspiran a construir ambas formaciones tratará de mejorar la financiación para reducir las listas de espera. Se compromete, de hecho, a una "reducción drástica en todo el territorio nacional con el objetivo de conseguir una disminución a largo de la legislatura de al menos un 75%". Todo ello pasa, además, por revertir los recortes llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular en 2012. En ese sentido, también se "realizará un esfuerzo gradual para mejorar la financiación del nivel mínimo y se recupera el nivel acordado derogado por el Partido Popular".

En su programa electoral más reciente, Podemos hablaba de "situar a España a la vanguardia mundial de la atención a la dependencia", mientras que el PSOE ya planteaba esa reducción del 75% en la espera.

Diversidad familiar y colectivo LGTBI

El documento introduce el "reconocimiento y protección de la diversidad familiar". Para ello, plantea una ley que "responda y proteja a las diferentes estructuras familiares", concretamente a las monoparentales que, recuerdan los dos partidos, están encabezadas en más de un 82% por mujeres. También incluyen en este epígrafe a las familias numerosas, las de partos múltiples y las familias acogedoras "adecuando las ayudas y prestaciones a la situación de necesidad según tamaño, características y rentas familiares". Mencionan igualmente el "reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas" y la "protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja".

En lo que respecta al colectivo LGTBI, las dos fuerzas sí coinciden en trabajar por una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación –una norma que llevaban los socialistas en su programa electoral–, pero en añadido introducen la creación de una Ley trans "que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos sus ámbitos". En ese sentido, Podemos incluía en su programa una mención expresa a las personas trans, proponiendo una ley para "la libre determinación de la identidad sexual, identidad de género o expresión de género", mientras que el PSOE hablaba únicamente de "fomentar la integración sociolaboral de las personas trans y su plena participación en la vida política, social y cultural".

De la prostitución a los vientres de alquiler

En cuanto a las políticas feministas, buena parte del acuerdo se asienta sobre consensos previos entre las dos formaciones, como la confección de una ley que garantice la igualdad retributiva o el desarrollo de las medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Los dos partidos, sin embargo, no compartían posiciones en algunos otros aspectos importantes. El acuerdo, por ejemplo, menciona la puesta en marcha de una Ley Integral contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual que, si bien habla de "las mujeres y niñas que son obligadas a ejercer la prostitución", no menciona la abolición de la misma como sí hace el PSOE en su programa electoral. Lo cierto es que Podemos lleva tiempo sin resolver su postura respecto a la prostitución, que levanta disensos en las filas del partido a la hora de decantarse por la regulación o la abolición. Por el momento y sobre el papel, el conflicto queda abierto.

En cuanto a los vientres de alquiler, el documento se posiciona rotundamente en contra. "La explotación reproductiva está prohibida en nuestra legislación, en coherencia con las recomendaciones del Parlamento Europeo. Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas. Y por eso, actuaremos frente a las agencias que ofrecen esta práctica a sabiendas de que está prohibida en nuestro país", relata el texto acordado. El párrafo es una copia casi exacta de la referencia incluida en el último programa electoral socialista, mientras que la formación morada hablaba, en un tono más ambiguo, de "erradicar la trata y la explotación sexual o reproductiva".

Sobre la situación de las empleadas del hogar, Podemos toma la batura. El acuerdo plantea su integración plena en el Régimen General de la Seguridad Social y la ratificación del Convenio 189 de la OIT, algo que ya reclamaban los de Pablo Iglesias en las últimas elecciones. Y sobre los permisos de paternidad, el pacto se instala en la propuesta socialista de ampliarlos hasta hacerlos iguales e intransferibles en 16 semanas hasta 2021, aunque Podemos aspiraba a un aumento de dos semanas al año hasta alcanzar las 24 semanas para cada progenitor.

Sin mención a los CIE o a las devoluciones en caliente

En el marco de la política europea, el texto plantea implementar el Pacto Global para las Migraciones y el Pacto Mundial sobre los Refugiados de la ONU, además de modificar el sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes de protección internacional para "hacerlo más eficiente y solidario". El nuevo Gobierno se compromete, asimismo, a elaborar una nueva Ley de Asilo "que se adapte a los nuevos retos de la movilidad global y que tenga en cuenta las nuevas realidades sociales".

En su programa hacia el 10N, Podemos garantizaba el fin de las devoluciones en caliente y no renunciaba a cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que calificaba como un "modelo de privación de la libertad de las personas según su situación administrativa" y como una "excepción jurídica y democrática a la que se debe poner fin". Y aunque en abril el PSOE hablaba de un "plan para la mejora" de los centros, en noviembre eliminó esta referencia, que tampoco encaja en el nuevo pacto.

Regulación de los precios del alquiler

La regulación de los precios del alquiler ha sido uno de los cismas entre Podemos y PSOE. En este acuerdo, ambos se comprometen a frenar las subidas abusivas, poniendo techo en determinadas zonas de mercado tensionado y permitiendo a comunidades o ayuntamientos establecer su índice de precios. El objetivo de los índices de referencia "es que los ayuntamientos y comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler", dice el texto. La idea de un índice de precios ha sido introducida y ampliamente defendida por la formación morada.

Casas de apuestas: a medio camino

En cuanto a los juegos de azar, de nuevo los dos partidos venían de posturas que diferían entre sí. Mientras que Podemos hablaba de "acabar con las casas de apuestas online y presenciales", el PSOE se mostraba más tibio y se inclinaba por regular "la publicidad de los juegos de azar y apuestas en línea". Los de Pablo Iglesias iban mucho más allá y se referían a las casas de apuestas como "negocios depredadores" que atacan a "las personas más jóvenes que no tienen alternativas de ocio asequible en los barrios". Querían, en ese sentido, que el 90% de los establecimientos cerraran en un periodo de dos años, comenzando por la prohibición de abrir antes de las 22.00 horas y publicitarse, entre otras medidas disuasorias.

El punto de encuentro al respecto ha quedado en la "regulación urgente de los juegos de azar", a través de la publicidad como planteaba el PSOE. En añadido, en el marco de la Conferencia Sectorial, el futuro Ejecutivo conserva la promesa de impedir que las casas de apuestas puedan abrir antes de las 22.00 horas e instan a limitar su proximidad a centros escolares. Ambos defiendes igualmente la sensibilización y obligarán a que los locales cuenten, en su entrada, con un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía.

Bienestar animal pero sin referencias a la tauromaquia

El equipo de Iglesias y el de Sánchez han llegado a un acuerdo en materia de bienestar animal, a través del impulso de una ley que "garantice una relación respetuosa hacia todos los seres vivos incluyendo la revisión de la fiscalidad de los servicios veterinarios". Este último punto relativo a los servicios veterinarios amplía el planteamiento que en su programa introducía el PSOE respecto a la misma ley, haciéndola más ambiciosa. El acuerdo también habla de estudiar la posibilidad de establecer un delito de maltrato de animales salvajes en su medio natural y una revisión de las penas al abandono de animales domésticos.

Deja fuera, sin embargo, toda mención a la tauromaquia, que sí hacía Podemos en noviembre al prometer la eliminación de todas las subvenciones destinadas a la misma y la prohibición de los espectáculos que impliquen maltrato animal.