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119 controladores de los 133 que van a juicio en Madrid pactan con la Fiscalía por el caos aéreo de 2010

  • Han alcanzado un acuerdo de conformidad para lograr una reducción de las multas que se impondrán por un delito de abandono de servicio público
  • La huelga de controladores afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, ya que paralizó la actividad aeronáutica entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010
  • La vista oral arrancará el próximo 15 de enero y se prolongará hasta el próximo 18 de marzo

infoLibre
Publicada el 10/01/2020 a las 12:47 Actualizada el 10/01/2020 a las 13:10
César Cabo, portavoz de USCA durante el caos aéreo de 2010.

César Cabo, portavoz de USCA durante el caos aéreo de 2010.

Europa Press

Un total de 119 controladores aéreos de los 133 que serán juzgados el próximo 15 de enero en Madrid por el caos aéreo de 2010 han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid para lograr una reducción de las multas que se impondrán por un delito de abandono de servicio público, han informado a Europa Press fuentes próximas a las negociaciones.

La huelga de controladores afectó a unos 700.000 pasajeros y a más de 5.000 vuelos en toda España, ya que paralizó la actividad aeronáutica entre los días 3 y 4 de diciembre de 2010. Esta es una de las causas que aún continuaban de las 20 que se abrieron en diferentes juzgados de toda España, ya archivados y exculpatorios para los controladores en la mayoría de los casos.

De los 133 acusados en la causa pendiente en Madrid, según las mismas fuentes, siete se enfrentan a una multa de 75.000 euros en calidad de representantes sindicales de la antigua junta directiva de USCA. De estos siete, seis han pactado un acuerdo que se dará a conocer en el juicio.

Solo César Cabo, el que fuera el portavoz del colectivo en aquellas fechas, se ha negado a conformar con el Ministerio Público. Los trece controladores que no han pactado se enfrentan a una multa de 60.000 euros.

La vista oral arrancará el próximo 15 de enero y se prolongará hasta el próximo 18 de marzo y se celebrará en uno de los Juzgados de lo Penal de la calle Albarracín.

En su escrito de acusación, el fiscal recuerda la condición de funcionarios públicos de los acusados y el "esencial" servicio público que prestan para la comunidad "como es el transporte aéreo".

También reclama una indemnización conjunta y solidaria a cada uno de los perjudicados por el importe que acrediten haber pagado por el/los billetes de avión cuyo vuelo haya sido cancelado y por los demás gastos que acrediten documentalmente derivados de dicha cancelación "en ejecución de sentencia y siempre que se pruebe que no ha sido indemnizado con anterioridad". De dichas indemnizaciones será responsable civil subsidiario el ente público Aena.

Cierre del espacio aéreo

El escrito de acusación recuerda que "a consecuencia del abandono colectivo" de los acusados a sus puestos de trabajo se produjo un cierre del espacio aéreo en la región Centro-Norte, que obligó a decretar 443 cancelaciones de vuelos programados para el día 3 de diciembre de 2010 y 909 de otros tantos vuelos programados para el día 4 de diciembre.

"Dichas cancelaciones –añade la Fiscalía– produjeron perjuicios al servicio público que presta Aena y a un elevado número de viajeros que perdieron el importe de sus reservas de avión y hotel, además de otros gastos de cancelación". De hecho, los vuelos que se vieron afectados fueron "no sólo aquellos que tenían origen, destino o escala en el aeropuerto de Madrid, sino también aquellos otros vuelos que partiendo desde otros lugares, su ruta sobrevolaba el espacio aéreo controlado desde el ACC (centro de control de ruta) de Madrid".

Según la Fiscalía, entre las 17.00 horas y las 17.15 horas del 3 de diciembre de 2010 un grupo de 59 controladores, "en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal", presentó ante el responsable de la sala un documento "escrito de su puño y letra" en el que cada uno "a su manera" alegaba una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo.

En la práctica, la dirección de Aena estaba obligada a la sustitución inmediata de dicho controlador. El hecho de que dicho formulario fuera presentado por prácticamente la totalidad de la plantilla prevista para dicho turno (59 controladores de 62 programados y casi de manera simultánea), obligó a la Dirección Regional Centro-Norte de Aena a la reducción progresiva de la capacidad de los distintos sectores en que se organiza el espacio aéreo.

Así, al comienzo del turno de noche en el Centro de control, tan sólo se presentaron 16 controladores de los 44 que estaban programados. La mayoría de estos controladores, tal y como relata la Fiscalía, estaban reunidos en una asamblea convocada por la Dirección de USCA, sindicato mayoritario de controladores aéreos.

El 4 de diciembre ocurrió algo parecido. De los 73 controladores aéreos que tenían que acudir a su puesto de trabajo, sólo lo hicieron 19 y de ellos una docena siguió la misma estrategia que en los turnos anteriores "con la finalidad de mantener el cierre del espacio aéreo por falta de personal" alegando disminución de capacidades psicofísicas para ejercer su función de controlador.

Este tipo de acciones se hicieron, a juicio de la Fiscalía, teniendo los acusados constancia de la situación "límite" en que ponían a Aena "y previendo y asumiendo que se debería cerrar el espacio aéreo ante la indisposición para trabajar de la casi totalidad de los controladores operativos en dicho turno".

Es más, hace hincapié en que la Junta Directiva del Sindicato USCA, que intervenía en las negociaciones con Aena para el II Convenio laboral del personal aeronáutico, coordinó la convocatoria y las acciones descritas "al margen de cualquier convocatoria formal de huelga" y contando con la colaboración esencial de los Delegados locales de Madrid, integrantes del comité ejecutivo del sindicato.

De ahí que en el tema de las indemnizaciones el Ministerio Público reclame 75.000 euros y un año de suspensión de empleo a los siete miembros que bien formaban parte de la Junta Directiva de USCA o bien eran miembros de su comité ejecutivo y deje para el resto una indemnización de 60.000 euros.

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1 Comentarios
  • elpontondelaoliva elpontondelaoliva 11/01/20 00:57

    A estos señoritos de la administración, ayudados por los peperos de Rajoy y sus secuaces paralizaron el país durante dos días. ¿A cuánto ascendió los gastos originados, al publico, a las compañías aéreas y a las arcas del Estado?, deberían de decirlo en los comunicados o en las sentencias, para enterarnos los españoles. Que les podemos decir a estos caballeros privilegiados que no se veían satisfechos con sus salarios, más las astillas del convenio. ¿Que pretendían conseguir? Que no fuera derribar al gobierno socialista, con el apoyo de los buitres carroñeros. Ahora que les pidan a los peperos que les ayuden a pagar sus multas. Lo que necesitan estos privilegiados, no multas o suspensión de empleo y sueldo. Deberán tener cárcel y echarles fuera, sobre todo los dirigentes. Se nota la mano larga pepera en la justicia, el tardar tanto tiempo en las diligencias, para que con el tiempo, la población no se acordara de tamaña salvajada y ahora parece ser que con una módica multa se vayan de rositas, ¿hasta cuando la justicia será algo justa, en estos temas importantes?
    Necesitamos un gobierno cuanto antes y se pongan manos a la obra, si queremos que en España funcione la justicia y el país.

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