Compromís pregunta al Gobierno qué medidas tomará para que no haya capellanes en los hospitales públicos

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha presentado dos preguntas escritas al Gobierno sobre las medidas que piensa adoptar para derogar el acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos, es decir, para que no haya capellanes en los hospitales públicos, pues considera que "atenta contra la aconfesionalidad del Estado".

Según recuerda, en el Convenio de 23 de abril de 1986 sobre asistencia religiosa católica en los Centros hospitalarios del Instituto Nacional de Salud se garantizó por parte del Estado, la asistencia religiosa católica de los católicos internados en sus centros, "pero no la asistencia al resto de confesiones". Por ello, Mulet ha preguntado qué cantidad se ha destinado desde 1986, de dinero de la Administración General del Estado para asistencia religiosa, en qué hospitales o centros sanitarios, y para que confesión religiosa.

El portavoz de Compromís recuerda que el INSALUD desapareció en 2002, con la transferencia de la competencia sanitaria a cada una de las comunidades autónomas pero apunta que "el convenio sirvió de justificación para transferir también este privilegio religioso". En concreto, señala el caso de la Comunidad Valenciana donde se firmó el Convenio de colaboración con las Diócesis de Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe-Castelló y Tortosa en materia de asistencia religiosa católica en centros de la red pública integrada.

Entre otros puntos de este convenio, Compromís destaca que en centros hospitalarios con hasta 100 camas deberá haber un capellán a tiempo parcial; de 101 a 250 camas, un capellán a tiempo completo y un capellán a tiempo parcial; hasta 500 camas, dos capellanes a tiempo pleno y un capellán a tiempo parcial; y así hasta los hospitales de más de 1.800, con cinco capellanes.

En este contexto, el portavoz de Compromís pregunta al Ejecutivo por las medidas que va a adoptar "para garantizar de facto la aconfesionalidad del Estado"; y para "evitar las interferencias (pagadas con dinero público) religiosas, mitológicas, mágicas, pseudocientífica, etcétera, en los centros hospitalarios públicos, bajo la excusa de asesoramiento ético, moral o religioso".