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El futuro de Cataluña

La Fiscalía del Supremo considera que la competencia de inhabilitar a Torra es del Parlament y no de la Junta Electoral Central

  • Lo considera "asumible" "en orden a la prudente y equilibrada preservación" de los intereses en conflicto
  • El presidente de la Generalitat alega que se tiene que suspender la decisión de la JEC, porque su ejecución puede ocasionarle "perjuicios de imposible reparación"

infoLibre
Publicada el 17/01/2020 a las 12:10 Actualizada el 17/01/2020 a las 21:31
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, preside la reunión semanal del Govern.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, preside la reunión semanal del Govern.

EP

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha dado a conocer este viernes un informe en el que afirma que la competencia para retirar la credencial de diputado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, la tiene el Paralamento de Cataluña y no la Junta Electoral Central (JEC). Por ello, no se opone a la petición realizada por la defensa de Torra para que el acuerdo del órgano electoral del pasado 3 de enero quede en suspenso hasta que el Supremo resuelva sobre el fondo de este asunto.

La Fiscalía entra en el fondo de este asunto, pese a que el escrito presentado este viernes le fue solicitado para que se pronunciara únicamente sobre la medida cautelar de suspensión. El documento de 21 páginas, y firmado por el fiscal Pedro Crespo, entiende que, "en orden a la prudente y equilibrada preservación" de los intereses en conflicto, se considera "asumible" la petición de Torra hasta que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS resuelva si la decisión de la JEC es conforme o no a derecho.

Según explica el fiscal en este informe, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) "no atribuye ni reconoce en ningún momento a la Junta Electoral Central facultades o competencia alguna para: anular por su propia autoridad las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato y declarar vacantes sus escaños".

Asimismo, afirma que entre las causas de incompatibilidad recogidas en la LOREG no se encuentra la aplicada por la JEC el pasado 3 de enero. Para la Fiscalía, la apreciación de esas causas de inelegibilidad o incompatibilidad correspondería al órgano "en el que ejerce su función de representación política el interesado", es decir en el Parlamento de Cataluña en este caso.

El Ministerio Público ha emitido este informe después de que la Sala diera un plazo de cinco días a las partes para informar sobre si procede suspender de forma cautelar la decisión de la JEC o no. Este trámite se inició después de que los magistrados rechazaran el pasado 10 de enero suspender de forma cautelarísima el acuerdo impugnado al no apreciar motivos de urgencia para ello.

El presidente de la Generalitat alega que se tiene que suspender la decisión de la JEC hasta que el Supremo resuelva sobre el fondo del asunto porque su ejecución puede ocasionarle "perjuicios de imposible reparación, incluida la vulneración de derechos fundamentales".

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3 Comentarios
  • Jafo Jafo 18/01/20 11:49

    Esto es la politización de la justicia,en todos sus estamentos.La mentalidad de la justicia española no es democrática...es franquista y ahí no había democracia.de ahí los palos que reciben de todos los lados
    Por favor,que el tribunal supremo y constitucional se vayan al paro,a su casa y que pongan jueces por méritos no porenchufismos ni por políticos

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  • El chipionero El chipionero 18/01/20 11:38

    ¿Puedo decir, alto y claro, que la JEC ha sido humillada porque se ha dejado influenciar por el PPodrido en lo referente a Quim Torras?

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  • Antonio B. Antonio B. 17/01/20 15:44

    Yo no comprendo como ni el Parlament ni el propio Torra no se han querellado contra la Junta Electoral Central por prevaricación. Dictaron esa orden de inhabilitación a Torra aun a sabiendas de que no eran competentes, ya que la JEC no es un órgano judicial sino administrativo.
    No soy independentista y nunca lo seré, pero es que con hechos como estos, se les dan argumentos muy reales y jurídicos para que ellos defiendan sus propuestas que, aunque sean legítimas, a mi entender, no tienen fundamento jurídico.

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