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El Gobierno da un mes a Murcia para retirar el 'pin censor' pero descarta intervenir la autonomía

  • Según Celaá, su Ministerio formalizará un recurso por la vía contencioso-administrativa dentro de un mes si no obtiene respuesta del Gobierno regional al requerimiento remitido
  • "No queremos ir a los tribunales", ha manifestado la ministra, quien ha apelado a la "sensatez y la moderación"

Publicada el 20/01/2020 a las 14:42 Actualizada el 20/01/2020 a las 18:10
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá durante su intervención este lunes en la localidad de Llodio.

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá durante su intervención este lunes en la localidad de Llodio.

Efe

El Gobierno dará un plazo de un mes al Ejecutivo de la Región de Murcia para que proceda a la retirada de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principios de curso donde permitía el pin parental, la posibilidad de veto de los padres a la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en horario lectivo, que debían ser notificada previamente a las familias.

Así lo ha precisado este lunes la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, durante un acto de los socialistas vascos en Llodio (Álava), recogido por Europa Press. Según Celaá, su Ministerio formalizará un recurso por la vía contencioso-administrativa dentro de un mes si no obtiene respuesta del Gobierno regional de PP y Ciudadanos al requerimiento remitido el viernes pasado, aunque descarta intervenir la autonomía murciana por este asunto.

Celaá ha asegurado que el Gobierno "no" está barajando esta opción. "Vamos a ir viendo", ha afirmado, para recordar a continuación que lo que ha hecho el Ejecutivo es enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia con el fin de que "reponga la legalidad y restaure un sistema educativo normalizado".

 
 

"No queremos ir a los tribunales", ha manifestado Celaá, quien ha apelado a la "sensatez y la moderación". El jueves pasado, la ministra anunciaba que recurriría por la vía judicial cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" como el pin censor, una medida que considera "ilegal".

La Consejería de Educación de la Región de Murcia incluyó en sus instrucciones a los centros educativos la obligación de "dar conocimiento a la familias" de "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" y fuesen impartidas por personal ajeno al centro. Todo para que las familias "puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".

Esta medida, bautizada como pin parental por las organizaciones que la han promovido, como Hazte Oír, ha sido exigida por Vox para prestar su apoyo a los presupuestos en comunidades gobernadas por Partido Popular y Ciudadanos como Andalucía y Murcia, donde se ha aceptado implantarlo.

Reproche al PP

Durante su participación en el acto de los socialistas vascos en Llodio, Celaá ha recordado que fue el Partido Popular el que, a través de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) –también conocida como ley Wert– "retiró" a los padres y madres la "capacidad decisoria" que, a través de su presencia en los consejos escolares, tenían sobre las actividades y programas de los centros educativos de sus hijos.

Celaá se ha referido, de esta forma, a uno de los aspectos más polémicos de la Lomce, reforma educativa aprobada en 2013 con el único apoyo del PP. Diversas plataformas educativas han denunciado desde entonces que esta norma, aún en vigor, ha reducido el papel de los consejos escolares –de los que forman parte los padres y madres de alumnos–, otorgándoles un papel más consultivo que decisorio en el control y gestión de los centros.

"Ellos retiraron en la Lomce la capacidad decisoria de los padres y madres en los consejos escolares", ha denunciado Celaá, quien ha destacado que antes de la aprobación de dicha ley, los progenitores de los alumnos no eran "meros testigos" como ahora, y que tenían "voz" en la toma de decisiones sobre las actividades de los centros.

Además, ha recordado al líder del PP, Pablo Casado, que el currículum que actualmente se imparte en los centros de enseñanza "sale" de la Lomce, y ha llamado la atención sobre el hecho de que el PP "asuma de manera automática y acrítica" una propuesta que, como la del pin parental, plantea recortar un currículum diseñado a partir de una ley del Partido Popular.

Celaá ha respondido a quienes defienden este sistema como una herramienta de "libertad". "Pongamos la cuestión en su justo punto. De lo que hay que hablar es de la libertad y del derecho superior del alumno, y de la gran capacidad que tienen los padres para acordar o no determinadas cuestiones dentro de los consejos escolares y de la autonomía de los centros educativos", ha añadido.

Actividades "obligatorias"

Por ese motivo, ha afirmado que lo que defienden Vox y el PP es, en realidad, un "veto parental", ya que lo que se pretende mediante este sistema es "modificar el tronco curricular de obligado cumplimiento para el alumno".

Celaá ha subrayado que este veto educativo pretende atribuir a los padres la facultad de decidir si sus hijos participan o no en actividades que "no son voluntarias", sino "complementarias", por lo que forman parte del currículum. "Son actividades obligatorias y evaluables", ha manifestado.

De esa forma, ha expresado su "extrañeza" ante el hecho de que a través de esta medida se pretenda "cercenar el derecho del alumno a una educación integral, al libre desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios constitucionales de la convivencia y de los derechos y libertades fundamentales".

El papel de Ciudadanos

La ministra se ha mostrado "sorprendida" ante la reacción de los principales dirigentes del PP a la exigencia que les ha planteado Vox para aplicar la censura educativa. "Siguen de manera automática y acrítica el mismo discurso, exactamente, que el que hace Vox", ha afirmado. Celaá ha contrastado esta actitud del PP con la de Ciudadanos, formación que ha expresado un cierto distanciamiento ante el pin parental. "No parece que sea el mismo discurso", ha dicho.

La responsable de Educación del Gobierno, que ha negado que el Estado tenga la propiedad sobre "nadie", ha precisado que España es "un estado social y democrático de derecho" en el que todos los ciudadanos e instituciones están sometidos a ciertos "controles".

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4 Comentarios
  • Mdeo Mdeo 21/01/20 08:16

    Un mes o 155 para Murcia . 

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  • Sotram Sotram 20/01/20 22:25

    Y los docentes ¿Qué dicen a todo esto? ¿Y la tan cacareada libertad de enseñanza? Si ni ellos mismos la defienden quien la defenderá? Mal papel están haciendo con su silencio.¿ Y las APAs ?

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  • CinicoRadical CinicoRadical 20/01/20 16:25

    Título IX. Del Tribunal Constitucional

    Artículo 161
    El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:

    a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.

    b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.

    c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

    d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.

    El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses" no es menester más.

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  • Tajo Tajo 20/01/20 15:54

    A que esperan esos "constitucionalistas" justicieros para exigir aplicar a Murcia su amadísimo artículo 155 de la C.E. como a Cataluña?

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